La digitalización de las radiotelevisiones públicas autonómicas avanza a gran velocidad, pero no siempre al mismo ritmo que las garantías legales y los recursos necesarios para sostenerla. Esa es la principal advertencia que lanza UGT tras conocerse las conclusiones del informe “Plataformas OTT autonómicas: ¿Cumplen con la normativa audiovisual?”, elaborado por la consultora especializada AVC Audiovisual Compliance.
El estudio analiza 22 plataformas públicas de vídeo bajo demanda y su diagnóstico es contundente: ninguna cumple al cien por cien con la normativa audiovisual vigente. El sindicato considera que esta situación no es un problema menor ni técnico, sino el reflejo de una transición digital incompleta que puede afectar directamente a la calidad del servicio público y a los derechos de los usuarios.
Un diagnóstico que pone en cuestión el modelo actual
El informe revisa plataformas de entes autonómicos como 3Cat, À Punt, Canal Sur Más, Telemadrid o AGalega y detecta deficiencias comunes en ámbitos considerados esenciales. Entre ellos figuran la transparencia informativa, la correcta señalización para la protección de menores o las medidas de seguridad para evitar la piratería y la distribución ilícita de contenidos.
También se subrayan incumplimientos en la aplicación de la Ley del Cine en aquellas plataformas que ofrecen películas y un uso irregular —cuando no inexistente— de las calificaciones por edades. Según el análisis, incluso servicios que disponen de sistemas tecnológicos de protección presentan vulnerabilidades que facilitan la descarga ilegal de contenidos.
Para UGT, estos resultados muestran un problema estructural: la modernización digital se ha impulsado sin acompañarla de los recursos humanos y técnicos suficientes para garantizar la legalidad y la calidad del servicio.
La precariedad de recursos, en el centro de la crítica
El sindicato sostiene que la raíz del problema está en la falta de perfiles especializados dentro de los propios entes públicos. La ausencia de equipos jurídicos adaptados al nuevo ecosistema audiovisual y de personal técnico propio ha provocado, según denuncia la organización, una dependencia creciente de la externalización.
Esta dinámica, advierten, no solo reduce el control interno sobre procesos estratégicos, sino que puede generar riesgos laborales y reputacionales para las empresas públicas. UGT considera que delegar funciones clave sin mecanismos sólidos de supervisión dificulta el cumplimiento normativo y abre la puerta a posibles sanciones económicas.
Desde el sindicato se insiste en que la transformación digital no puede construirse sobre plantillas insuficientes ni sobre modelos de gestión que prioricen la subcontratación frente al conocimiento interno.
Las propuestas de UGT para revertir la situación
Ante el escenario descrito por el informe, UGT plantea una batería de medidas orientadas a reforzar la sostenibilidad del modelo público audiovisual. Entre sus principales demandas destacan:
- Refuerzo del empleo estable y especializado, incorporando perfiles técnicos y jurídicos capaces de gestionar los retos digitales actuales.
- Internalización de funciones estratégicas, para recuperar el control directo sobre áreas clave vinculadas al cumplimiento legal y a la protección de los usuarios.
- Garantías en la contratación externa, incluyendo cláusulas que aseguren el respeto a los convenios colectivos y a la normativa audiovisual en toda la cadena de producción.
El sindicato insiste en que estas medidas no buscan frenar la innovación, sino asegurar que la modernización tecnológica se realice sin deteriorar derechos laborales ni estándares de servicio público.
Servicio público y derechos ciudadanos en juego
UGT subraya que las plataformas OTT autonómicas están financiadas con recursos públicos y, por tanto, deben ser ejemplares tanto en el respeto a la legalidad como en la calidad de la oferta audiovisual. La organización considera que la ciudadanía no puede convertirse en víctima de una transición digital basada en estructuras precarias o insuficientes.
El debate, apuntan, va más allá de la tecnología: afecta a la transparencia, a la protección de menores y al acceso igualitario a contenidos seguros y regulados. En un contexto de creciente consumo digital, la falta de control interno puede traducirse en problemas legales y en una pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Un aviso para el futuro del audiovisual público
El informe y la reacción de UGT abren una discusión de fondo sobre el modelo de digitalización de las radiotelevisiones autonómicas. La innovación tecnológica, concluyen desde el sindicato, debe ir acompañada de inversión en personal, formación y estructuras sólidas que garanticen el cumplimiento de la ley y la misión de servicio público.
La advertencia es clara: sin recursos suficientes y sin una estrategia de fortalecimiento interno, las OTT públicas corren el riesgo de avanzar tecnológicamente mientras retroceden en garantías y calidad.