Apenas veinticuatro horas después de que los letrados de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía intentaran frenar las pretensiones de la oposición en una vista a puerta cerrada, los magistrados del Tribunal Supremo han dictado una medida cautelar con el pulso firme del cirujano: el censo electoral de los beneficiarios de la llamada ley de nietos queda oficialmente congelado hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
La escena política en Madrid ha tardado apenas minutos en encenderse. Mientras en los despachos de La Moncloa y del Ministerio de Justicia aún procesaban el auto con amargura, en las filas de la oposición no disimulaban una euforia contenida. No era para menos. Lo que Vox y Iustitia Europa habían presentado en el registro como un recurso contra un mero acuerdo de la Junta Electoral Central ha terminado convertida en una bomba de profundidad política dirigida a la línea de flotación de la supuesta estrategia demográfica del Gobierno.
Para entender el alcance del volantazo judicial hay que retroceder al otoño de 2022, cuando la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estableció una suerte de vía rápida para el consulado. El planteamiento del Ejecutivo era sencillo en la teoría pero ambicioso en la práctica: dar por sentado, mediante una presunción iuris tantum, que cualquier español que hubiera salido del país entre 1936 y 1955 lo había hecho huyendo del franquismo. De un plumazo, se ahorraba a los descendientes en Buenos Aires, Caracas o La Habana el calvario burocrático de rastrear archivos provinciales o partidas de bautismo perdidas.
Pero lo que en los consulados de ultramar era visto como una bendición organizativa y un gesto de reparación histórica, en la Carrera de San Jerónimo despertaba sospechas de ingeniería electoral. Las matemáticas de las elecciones en España son endiabladamente ajustadas y los escaños en provincias pequeñas se ganan o se pierden a menudo por un puñado de votos del Censo de Residentes Ausentes (CERA). Meter de golpe decenas de miles de nuevos electores en el censo con un trámite simplificado levantó de inmediato todas las alarmas en la derecha.
La decisión de la Sección Cuarta del Supremo ha sido quirúrgica y demoledora. La tramitación de la nacionalidad seguirá su curso en el Registro Civil, pero la ventana de la urna queda sellada con candado judicial. Solo aquellos que muestren documentos fehacientes de la persecución política, ideológica o de orientación sexual de sus antepasados mantendrán el derecho a solicitar la papeleta. Es decir: se acaba el atajo.
El detalle que verdaderamente ha hecho saltar las alarmas en las sedes de los partidos es la orden con acuse de recibo emitida por los magistrados a la Oficina del Censo Electoral. La Sala no solo congela los efectos electorales, sino que exige datos contantes y sonantes: quiere una auditoría en regla con el número exacto de expedientes tramitados bajo el paraguas de la presunción automática.
Con este requerimiento, el Alto Tribunal entra de lleno en las tripas de la fontanería diplomática del Gobierno. Se trata de poner cifras con nombres y apellidos a lo que la oposición no ha dudado en calificar en las vistas como un "crecimiento anómalo e ilegal" del censo en el exterior. La batalla contable promete ser feroz. Si las cifras revelan un desembarco masivo de inscritos sin soporte documental directo, el terreno quedará abonado para un varapalo definitivo cuando el tribunal se pronuncie sobre la nulidad de la famosa instrucción.
En el fondo de esta contienda política latía un debate mucho más áspero sobre la legitimidad de las normas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado quemaron sus últimos cartuchos denunciando que esta medida cautelar suponía despojar de un derecho fundamental a ciudadanos a los que el Estado ya reconoce la nacionalidad. Sostener que un español de pleno derecho no puede votar mientras se resuelve un pleito entre partidos era, a juicio del Ministerio Público, un exceso desproporcionado. Pero los jueces han preferido primar la prudencia antes de que una convocatoria electoral imprevisible pueda verse empañada por la sombra de la duda en el escrutinio.
A nadie se le escapa en el Congreso que esta decisión cambia radicalmente el paso de los estrategas de Moncloa. La vía del voto exterior, que se perfilaba como un contrapeso de oro para afianzar mayorías raspadas en circunscripciones clave, queda de momento neutralizada en los tribunales. Las delegaciones consulares que durante meses han vivido desbordadas por colas de aspirantes a la nacionalidad entran ahora en una extraña fase de parálisis política: tramitarán expedientes que acabarán archivados en un limbo electoral a la espera de lo que dicte la sentencia firme.
El mazazo del Supremo deja además al descubierto el choque constante entre la velocidad del boletín oficial y los tiempos garantistas de la justicia. El intento de acelerar la integración de la diáspora mediante instrucciones administrativas se ha topado de frente con el muro del control de legalidad. Y la factura política de este choque la van a pagar, antes que nadie, miles de descendientes al otro lado del Atlántico que creyeron haber conquistado de golpe todos sus derechos y que hoy descubren que la papeleta para decidir el futuro de España sigue dependiendo del sello de un archivo antiguo que quizás nunca encuentren.
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