El Tribunal Supremo ha confirmado que la jueza María Núñez Bolaños cometió errores en la instrucción del caso ERE en Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de la comunidad autónoma, según informa ABC.
Según el citado medio, el tribunal tumba la demanda de la magistrada contra el periódico, avala que fue veraz la información en la que apunta que se guardó un oficio de la UCO y la condena a pagar las costas. Le reprocha que omitió incluir el escrito de la Guardia Civil en diez piezas sobre ayudas “sin dar ninguna explicación”, siempre según la información del rotativo.
El Supremo ha validado que se produjeron fallos procesales durante la instrucción de varias piezas del caso ERE, especialmente relacionados con la prórroga de los plazos de investigación. En concreto, se señala que la petición de prórroga de la instrucción se hizo fuera de plazo, lo que ha provocado la anulación de hasta seis causas de corrupción contra ex altos cargos del PSOE andaluz. Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía y exministros del PSOE, fueron condenados por prevaricación y malversación.
Estos errores han tenido consecuencias graves, ya que pudieron derivar en el archivo o la nulidad de más procedimientos y trámites judiciales. El caso ERE investiga el uso fraudulento de fondos públicos destinados a expedientes de regulación de empleo en Andalucía durante los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz. María Núñez Bolaños asumió la instrucción tras la marcha de la juez Mercedes Alaya, quien inició la investigación.
Este fallo del Supremo no solo pone en entredicho la gestión judicial de Núñez Bolaños, sino que también podría afectar el desenlace de varias piezas clave del caso. La Justicia investigó el uso fraudulento de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, destinados a ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Se descubrió que se concedieron ayudas millonarias sin control ni fiscalización adecuada. Se beneficiaron personas que no cumplían los requisitos, incluyendo “intrusos” que nunca trabajaron en las empresas afectadas. Y se usó un sistema opaco de subvenciones, gestionado a través de la Consejería de Empleo.
La juez Mercedes Alaya inició la instrucción en 2011, y luego fue sustituida por María Núñez Bolaños, cuya actuación ha sido cuestionada recientemente por el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión histórica sobre el caso de los ERE en Andalucía: anuló las condenas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ordenó dictar nuevas sentencias. El Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo. Consideró que no se podía responsabilizar penalmente a los expresidentes por aprobar los presupuestos autonómicos que incluían las ayudas investigadas. Se estima que el fraude superó los 680 millones de euros.