El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la fundación Civio y obliga al Ejecutivo a entregar el código fuente del algoritmo BOSCO, que decide el acceso al bono social eléctrico. El fallo reconoce el derecho ciudadano a conocer el funcionamiento de los sistemas automatizados que condicionan el ejercicio de derechos fundamentales. La sentencia fija doctrina, desmonta el uso genérico de la “seguridad nacional” o la “propiedad intelectual” como escudo legal, y pone en valor el papel de la transparencia como pilar democrático frente a una administración cada vez más opaca y digitalizada.
Una sentencia que impide blindar la opacidad digital
Lo que parecía una batalla técnica sobre un software administrativo es ya una cuestión central de control democrático en la era digital. La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO a Civio no es solo una victoria jurídica para una organización cívica, sino un avance en la conquista de derechos fundamentales adaptados al siglo XXI.
El fallo no solo reconoce que el acceso al código fuente es parte del derecho de acceso a la información pública, sino que limita los argumentos clásicos del Estado para negar transparencia, como la propiedad intelectual o la seguridad nacional. En este caso, el Ejecutivo había argumentado que hacer público el funcionamiento interno de BOSCO —el programa que decide, de forma automatizada, si una persona tiene derecho o no al bono social eléctrico— podía poner en riesgo tanto la seguridad del sistema como su propiedad tecnológica. El Supremo no lo comparte.
La sentencia recuerda que la opacidad no puede aplicarse de manera genérica ni usarse como herramienta para evitar el escrutinio. Si existen riesgos concretos, deberán valorarse caso a caso. Y además, la transparencia sobre los algoritmos puede mejorar la seguridad, al permitir la detección y corrección de errores o sesgos por parte de terceros. Precisamente lo que se busca evitar cuando se levanta un muro entre la ciudadanía y el código.
Democracia algorítmica: derechos frente al software que decide
El contexto de este caso no es menor. BOSCO decide quién accede a una prestación pública y lo hace de forma automatizada, sin ofrecer razones claras cuando deniega el derecho. Miles de personas han podido quedarse sin una ayuda energética a la que tenían derecho sin saber por qué. Este es el punto central del fallo: no se trata solo de tecnología, sino de derechos y garantías democráticas.
En su argumentación, el Supremo vincula el derecho de acceso a la información con otros derechos fundamentales como la libertad de información, la participación o la fiscalización del poder público. Y reconoce que no puede haber democracia sin transparencia en las decisiones automatizadas, especialmente cuando estas afectan a la vida material de la ciudadanía.
El tribunal subraya que, ante la ausencia de mecanismos independientes de supervisión algorítmica, el acceso público al funcionamiento de estos sistemas es esencial. De lo contrario, se instala una zona opaca en el corazón de la administración digital: se automatizan decisiones que afectan a derechos sociales sin posibilidad de revisar, comprender o cuestionar cómo se han tomado.
Este pronunciamiento pone en jaque un modelo de administración que, escudada en la complejidad técnica o en intereses corporativos, bloquea el acceso a los algoritmos que aplica a diario para conceder o denegar prestaciones, imponer sanciones o gestionar servicios públicos.
Fin de un blindaje institucional
La sentencia es también una enmienda a la estrategia del Gobierno, que durante siete años rechazó entregar el código fuente. Primero alegó silencio administrativo. Luego, cuando Civio llevó el caso a los tribunales, las justificaciones se multiplicaron: desde la defensa de una supuesta propiedad intelectual hasta el temor a ciberataques o accesos indebidos. Argumentos, todos ellos, rebatidos con firmeza por el alto tribunal, que considera que no se trató de una ponderación razonada, sino de una negativa sin sustento suficiente.
El fallo también reconoce la función democrática de organizaciones como Civio, al señalar que actúan como vigilantes del Estado de derecho y de la gestión pública. Este punto no es menor: la transparencia no es solo un gesto voluntario de las instituciones, sino una obligación frente a la ciudadanía y sus herramientas organizadas.
Lo que está en juego no es solo un código, sino el principio de rendición de cuentas. La victoria de Civio obliga al Estado a explicar cómo toman decisiones sus sistemas, especialmente cuando afectan a prestaciones públicas, y lo hace en un momento clave: el despliegue de la administración digital no puede avanzar a costa de los derechos. Si algo muestra este caso es que el derecho a saber cómo funciona lo que decide por nosotros no es negociable.