La figura de Baltasar Garzón sigue provocando en España reacciones difíciles de encontrar en otros jueces. Para unos representa la valentía de quien se atrevió a investigar los abusos del poder. Para otros simboliza una forma de entender la jurisdicción que en ocasiones traspasó los límites que la propia ley impone a quienes deben aplicarla.
La decisión del Tribunal Supremo de ratificar su inhabilitación vuelve a situar esa discusión en primer plano. La resolución no entra a valorar la trayectoria personal del exmagistrado ni el impacto histórico de algunas de sus investigaciones. Tampoco cuestiona el debate abierto por el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que consideró vulnerados determinados derechos fundamentales de Garzón. Lo que hace es algo mucho más concreto. Recordar que una sentencia firme solo puede revisarse a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico y que el Consejo General del Poder Judicial carece de competencias para corregir o dejar sin efecto una condena dictada por el propio Tribunal Supremo.
La cuestión resulta jurídicamente menos espectacular de lo que a menudo se presenta. El núcleo de la decisión no gira alrededor de la figura de Garzón, sino alrededor de un principio básico del Estado de derecho. Las administraciones públicas no pueden revisar sentencias firmes porque esa función corresponde exclusivamente a los tribunales. Si ese límite desapareciera, la seguridad jurídica quedaría sometida a criterios políticos cambiantes y a correlaciones de fuerza coyunturales.
Conviene recordar además el origen de aquella condena. Garzón no fue inhabilitado por investigar la corrupción del Partido Popular, como todavía sostienen algunos sectores interesados en simplificar los hechos. Fue condenado por ordenar la intervención de comunicaciones entre varios imputados del caso Gürtel y sus abogados defensores. La sentencia entendió que aquella decisión vulneraba garantías esenciales del derecho de defensa.
Ese matiz resulta determinante. Durante años se ha intentado presentar la inhabilitación como una represalia política derivada de las investigaciones sobre la corrupción conservadora. Sin embargo, la condena se fundamentó en actuaciones procesales concretas que el propio Supremo consideró incompatibles con derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.
Eso no impide reconocer una evidencia incómoda para la derecha española. La historia reciente demuestra que muchas de las grandes tramas de corrupción que afectaron al Partido Popular fueron descubiertas gracias a investigaciones judiciales que encontraron enormes resistencias políticas e institucionales. Gürtel, Kitchen o los papeles de Bárcenas forman parte ya de la historia democrática del país. Resulta imposible analizar aquella etapa sin reconocer el papel desempeñado por magistrados y fiscales que afrontaron enormes presiones.
Precisamente por eso la cuestión exige prudencia. La lucha contra la corrupción no puede servir para relativizar las garantías procesales. Pero tampoco puede utilizarse para desacreditar retrospectivamente a quienes contribuyeron a sacar a la luz algunos de los mayores escándalos políticos de las últimas décadas.
La derecha española mantiene una relación particularmente compleja con este episodio. Durante años convirtió a Garzón en una especie de enemigo político permanente. Muchos de quienes hoy reivindican con entusiasmo la independencia judicial guardaron un silencio bastante menos exigente cuando las investigaciones afectaban a dirigentes de su propio partido. La memoria selectiva sigue siendo uno de los grandes problemas del debate público español.
Al mismo tiempo, una democracia madura tampoco debería construir relatos donde determinados jueces quedan situados por encima del escrutinio jurídico ordinario. El prestigio profesional, la relevancia mediática o la dimensión política de una carrera no pueden convertirse en mecanismos de inmunidad frente a las resoluciones judiciales.
La decisión conocida ahora refleja precisamente esa tensión. Por un lado, persiste el debate legítimo sobre la proporcionalidad de la condena y sobre las conclusiones alcanzadas por organismos internacionales. Por otro, permanece intacta la obligación de respetar el marco jurídico vigente y las reglas que garantizan la separación de poderes.
Las democracias sólidas necesitan jueces independientes. También necesitan instituciones capaces de aceptar que ninguna figura pública, por relevante que sea su trayectoria, puede quedar situada al margen de las normas que rigen para todos.
Esa es, probablemente, la verdadera enseñanza que deja este nuevo capítulo del caso Garzón. La fortaleza del Estado de derecho no depende de quién gane, depende de que las reglas sigan siendo las mismas incluso cuando afectan a quienes, durante años, ocuparon el centro de la vida pública española.