Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes, ha comparecido con estrategias de defensa poco convencionales con un objetivo nítido: erigir un cortafuegos que proteja la cúpula del Gobierno Sánchez y, simultáneamente, justificar su operativa mediante una supuesta colaboración con los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado.
Uno de los puntos de mayor interés para el análisis político ha sido la firme negativa de García a reconocer cualquier tipo de contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que este se instaló en el Palacio de la Moncloa. Con un tono que oscilaba entre la contundencia y la ironía, llegando a afirmar que él "hablaba hasta con las piedras", el acusado ha intentado desmantelar la tesis de las acusaciones que sitúan su influencia más allá de la cartera de Transportes.
Desde un prisma jurídico, esta estrategia busca aislar la responsabilidad penal dentro de los muros del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos. Al subrayar que no disponía del contacto de Sánchez en ninguno de sus dispositivos, García pretende invalidar cualquier indicio de tráfico de influencias que alcance el nivel más alto del organigrama estatal. Sin embargo, su admisión de que la relación estrecha con Ábalos se forjó durante las primarias de Sánchez dentro del PSOE mantiene viva la sombra del vínculo político originario que lo llevó al poder.
La revelación más impactante de la jornada ha sido la justificación del hallazgo de 27 teléfonos móviles desechables en su domicilio. Lejos de la interpretación de la UCO (Unidad Central Operativa), que los vincula con la seguridad de una organización criminal, García ha presentado una narrativa de "héroe en la sombra". Según su testimonio, estos dispositivos eran herramientas para sus supuestas colaboraciones con la Guardia Civil en la lucha contra el yihadismo y el terrorismo.
Esta línea de defensa es extremadamente arriesgada desde el punto de vista judicial. Al presentarse como un colaborador activo que "salvaba vidas", Koldo García intenta dotar de una legitimidad alternativa a conductas que la fiscalía tilda de opacas. Sin embargo, esta versión genera un conflicto de pruebas severo: la fiscalía deberá ahora verificar si existieron tales reuniones semanales con altos cargos del Ministerio del Interior y si el uso de terminales prepago respondía realmente a protocolos de seguridad del Estado o a una red de comunicaciones blindada para la trama de las mascarillas.
Koldo García ha asumido el papel de "protector" del exministro Ábalos y, por extensión, de Pedro Sánchez. Al afirmar que "el pobre ni se enteraba de algunas cosas", el acusado intenta exculpar a su antiguo jefe de cualquier irregularidad administrativa o penal en la contratación de personas como Jésica Rodríguez o Claudia Montes. García se presenta como el filtro que gestionaba la "vida mundana" y los problemas personales del ministro para permitirle centrarse en la gestión pública.
Jurídicamente, esta posición es compleja. Si bien intenta salvar a Ábalos, García asume la ejecución material de actos que podrían ser constitutivos de tráfico de influencias y malversación. Al reconocer que enviaba currículos a empresas públicas como Ineco o LogiRail, aunque sea bajo el pretexto de "ayudar", está admitiendo una injerencia directa en procesos de contratación pública que deben regirse por principios de mérito y capacidad.
La declaración también ha servido para escenificar la ruptura total con el empresario Víctor de Aldama. García ha pasado de definirlo como "amigo" a mostrarse sorprendido por su desmarque judicial, sugiriendo que Aldama se presentaba bajo una falsa pátina de vinculación orgánica con el PSOE para ganar confianza. Esta maniobra busca desacreditar el testimonio de Aldama de la jornada anterior, presentándolo como un oportunista que se aprovechó de la estructura ministerial.
Paralelamente, la defensa ha lanzado una ofensiva contra los informes de la UCO, calificándolos de "parciales y fuera de contexto". El rechazo de plano a los mensajes de WhatsApp incluidos en el sumario es una maniobra clásica de impugnación de prueba pericial tecnológica, vital para una defensa que se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel.
La comparecencia de Koldo García deja un panorama procesal de alta tensión. Su intento de justificar el incremento de los contratos de mascarillas (de cuatro a ocho millones) como una respuesta logística ante la emergencia sanitaria, sumado a su relato de colaborador antiterrorista, busca transformar la percepción de su figura: de un presunto conseguidor corrupto a un gestor de crisis heterodoxo.
Sin embargo, las contradicciones sobre el pago de viviendas y la opacidad de los terminales móviles desechables representan los principales obstáculos para que su relato de "inocencia y servicio al país" sea validado por los magistrados. La sesión concluye con un Koldo García que ha decidido morir judicialmente con las botas puestas, defendiendo a su mentor político y negando el acceso al presidente, mientras la sombra de los 1,4 millones de euros analizados por los peritos sigue planeando sobre el estrado.