La declaración judicial de Víctor de Aldama en el conocido como caso mascarillas introduce nuevos elementos de análisis político y refuerza las sospechas sobre la gestión de contratos públicos durante la pandemia. En un testimonio de más de tres horas, el empresario no solo describe el funcionamiento de la adjudicación de suministros sanitarios, sino que amplía el alcance de las responsabilidades hacia niveles superiores del Ejecutivo.
En el núcleo de su relato se encuentra la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, empresa que, según Aldama, fue la única que optó a los contratos impulsados desde el Ministerio de Transportes. El empresario sostiene que la selección no respondió a un proceso competitivo, sino a una decisión previamente encauzada desde el entorno ministerial. Según su versión, fue él mismo quien puso en contacto a esta compañía —vinculada a Juan Carlos Cueto— con la administración, tras recibir la petición de colaboración en plena emergencia sanitaria.
El contexto que describe Aldama se sitúa en los primeros compases de la pandemia, cuando la crisis sanitaria coincidió con tensiones empresariales en el grupo Globalia, propietario de Air Europa. La frustrada operación de venta de la aerolínea a Iberia habría derivado, según su relato, en contactos en el ministerio, donde se empezó a plantear la necesidad urgente de adquirir material sanitario. Es en ese punto donde, siempre según su testimonio, entra en escena la empresa adjudicataria.
Uno de los aspectos más sensibles es la modificación del volumen de los contratos. Aldama afirma que una primera orden de compra por cuatro millones de unidades fue posteriormente duplicada hasta ocho millones, un cambio que las acusaciones interpretan como resultado de una mediación directa del entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Este incremento constituye uno de los pilares sobre los que se sustentan las sospechas de trato de favor.
El relato de las comisiones y los pagos periódicos
En paralelo, el empresario describe un sistema de pagos que, en su versión, combinaba cantidades fijas mensuales con entregas en efectivo vinculadas a adjudicaciones de obra pública. Aldama asegura que abonaba unos 10.000 euros mensuales a Ábalos y a Koldo García para cubrir “gastos fijos”, mientras que otras cantidades procedentes de constructoras respondían a supuestas contraprestaciones por contratos públicos.
Más allá del circuito económico, introduce un elemento de especial gravedad política al afirmar que preguntó expresamente si estas prácticas eran conocidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según su declaración, Koldo García le respondió que “el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía”, una afirmación que, de confirmarse, elevaría significativamente el nivel de responsabilidad política del caso.
El uso de códigos y comunicaciones opacas
El testimonio también aporta detalles sobre los mecanismos de comunicación utilizados por la supuesta trama. Aldama confirma que el término “café” era empleado como clave para referirse a teléfonos desechables o líneas seguras, utilizadas para evitar controles. Estas herramientas habrían sido facilitadas, según su versión, por un mando de la Guardia Civil también investigado, lo que añade una dimensión institucional a las sospechas.
Contraprestaciones en especie: el chalé de Cádiz
Otro de los episodios que refuerza la tesis de las acusaciones es el relacionado con la obtención de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Aldama sostiene que, como parte de las gestiones para conseguir dicha autorización, se articuló una contraprestación en forma de vivienda: un chalé en Cádiz que habría sido puesto a disposición de Ábalos.
El mecanismo descrito consistía en un alquiler con opción a compra en el que, según el empresario, el importe de la renta era devuelto en efectivo, configurando así una fórmula encubierta de pago. La operación habría contado con la participación de intermediarios y con financiación inicial procedente de una empresa venezolana, aunque finalmente no llegó a completarse.
Una acusación directa al vértice del poder político
En el tramo final de su declaración, Aldama da un paso más al intentar situar al presidente del Gobierno en la cúspide de la supuesta estructura. Se describe a sí mismo como parte de una “organización” jerarquizada en la que Pedro Sánchez ocuparía el nivel superior, seguido por Ábalos, Koldo García y él mismo. Esta afirmación, sin pruebas documentales aportadas hasta el momento, marca un punto de inflexión en la dimensión política del caso.
El conjunto del testimonio configura un relato que combina gestión de emergencia, intereses empresariales y presuntas prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, su contenido deberá ser contrastado en sede judicial y con el resto de pruebas del procedimiento. Mientras tanto, el caso se consolida como uno de los principales focos de tensión política, al poner en cuestión no solo decisiones administrativas durante la pandemia, sino también la integridad de los mecanismos de control institucional.