El juicio por el caso que ha sacudido los cimientos de la política española encara su fase definitiva con un golpe de autoridad del Ministerio Público. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado su informe final ante el Tribunal Supremo, configurando un escenario donde la estructura criminal analizada nace y muere en las dependencias del Ministerio de Transportes. En un ejercicio de análisis jurídico milimétrico, Luzón ha desarticulado la estrategia de defensa de los principales acusados, al tiempo que ha establecido un cordón sanitario en torno a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El momento de mayor tensión política del informe ha sido la respuesta directa a las declaraciones de Víctor de Aldama. El comisionista, en un intento de salpicar a las más altas esferas del Estado, había señalado a Pedro Sánchez como el "número 1" de la organización. Sin embargo, el fiscal Luzón ha sido tajante al calificar estas afirmaciones como un ejercicio de «notable desahogo» carente de base probatoria.
La Fiscalía sostiene que la jerarquía delictiva no necesita extenderse más allá del despacho del ministro. La prueba de cargo presentada se describe como «demoledora», situando a José Luis Ábalos no como un observador pasivo, sino como el engranaje esencial y el «jefe» reconocido por todos los implicados. Con esta tesis, Anticorrupción cierra el paso a una imputación superior, centrando el foco en la responsabilidad penal de quien tenía el mando efectivo sobre los contratos públicos y el personal del Ministerio.
La arquitectura de la corrupción en el Ministerio de Transportes se sostenía, según el informe fiscal, sobre un triángulo de intereses perfectamente engrasado. Por un lado, Víctor de Aldama actuaba como el empresario «empotrado» en la administración, detectando oportunidades de negocio incluso antes de que la emergencia sanitaria de 2020 fuera declarada. Por otro, Koldo García operaba como el «interlocutor natural», un asesor cuya «grosera elocuencia» servía para ejecutar las órdenes de su superior.
El delito de cohecho y la organización criminal cristalizan en el acuerdo «cerrado y privilegiado» para la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. La Fiscalía subraya que, si bien la situación de emergencia por la pandemia era real, esta no puede servir de patente de corso para permitir beneficios ilícitos. Para el fiscal jefe, está probado que el comisionista entregaba cantidades de dinero de forma periódica para asegurar su «oportunidad» comercial, garantizando así un flujo de capital que alimentaba la estructura ministerial.
Más allá de los contratos sanitarios, el análisis de la Fiscalía entra en el terreno de lo que denomina un «contexto cuasicolonial». Luzón ha expresado su «desolación» ante el estado de ciertas empresas públicas, a las que describe como entes «parasitados por el poder político». El caso del supuesto «enchufe» de la expareja de Ábalos y de otra mujer en empresas estatales, incluyendo el papel de la exdirectiva Isabel Pardo de Vera, se presenta como el ejemplo perfecto de una «corte servil».
Jurídicamente, el fiscal considera acreditado que la influencia de Ábalos y la presión moral de Koldo García transformaban los deseos del ministro en órdenes ejecutivas. El uso de las empresas públicas como «refugio o aparcamiento de políticos» o sustento de amistades personales (las eufemísticamente llamadas «sobrinas») supone, para Anticorrupción, un desprecio absoluto al sistema de mérito y capacidad. Al señalar que un currículum enviado por la presidencia de un organismo como Adif tiene un peso determinante, Luzón despoja de ingenuidad a las defensas y refuerza la acusación de tráfico de influencias.