Por más que el caso avance entre titulares mediáticos y filtraciones judiciales, la estrategia del Tribunal Supremo español parece clara: mantener la calma procesal ante un escándalo político que amenaza con resucitar el debate sobre la connivencia entre poder, justicia y partido. La decisión del juez Leopoldo Puente de mantener en libertad a Koldo García, exasesor del exministro socialista y antigua mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, refuerza la línea de contención adoptada también con su antiguo jefe: sin prisión preventiva, pero bajo estrictas medidas cautelares.
Se trata de una prudencia judicial que, en apariencia, busca evitar lecturas políticas en una causa donde lo político y lo penal se entrelazan con naturalidad incómoda.
El silencio como estrategia
En su comparecencia ante el Supremo, Koldo García optó por acogerse a su derecho a no declarar, alegando indefensión al no haber tenido acceso completo a los dispositivos electrónicos incautados en el registro de su vivienda. Un gesto que el juez Puente zanjó con frialdad procesal: “Si no quiere declarar, no declare; pero no hace falta justificarlo”.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le reprochó hablar “demasiado en los medios” mientras guardaba silencio ante el tribunal. La defensa replicó que Koldo simplemente se defiende de los “ataques mediáticos”. El cruce de reproches evidenció una tensión subyacente: la justicia avanza con ritmo institucional, mientras el juicio mediático se desarrolla a velocidad de red social.
Fiscalía y Supremo: contención frente al ruido
La Fiscalía reconoce “un creciente riesgo de fuga” y la existencia de “indicios graves de delito”, pero sostiene que las actuales medidas (prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales) bastan para neutralizarlo. La acusación popular, representada por el Partido Popular, pedía prisión preventiva, argumentando que el exasesor podría disponer de fondos en el extranjero.
El juez Puente, alineado con la posición de Luzón, desestimó esa solicitud, repitiendo la misma fórmula aplicada con Ábalos. Es un patrón que podría interpretarse como un intento de evitar convertir el caso en un espectáculo judicial.
Sin embargo, la decisión no deja de tener un coste reputacional: en una España marcada por una década de macrocausas por corrupción, la ciudadanía percibe con escepticismo que figuras políticas de alto nivel mantengan su libertad mientras los sumarios se eternizan.
El eco político: la sombra de Ábalos
La figura de José Luis Ábalos planea inevitablemente sobre el proceso. Aunque el exministro también sigue en libertad, la investigación apunta hacia un modelo de poder informal, sostenido por redes personales y lealtades de partido, más que por estructuras institucionales transparentes.
En este sentido, el caso Koldo representa algo más que un presunto episodio de corrupción: es una ventana hacia la persistencia de las zonas grises en la gestión pública española, donde la frontera entre influencia política y negocio privado se difumina peligrosamente.
Justicia en equilibrio
El Tribunal Supremo se mueve en un terreno de equilibrios: preservar la presunción de inocencia sin alimentar la percepción de impunidad. Su papel, más que procesal, es simbólico. Cada decisión que adopta, cada medida que mantiene o evita, se lee como una señal sobre la independencia judicial frente al poder político.
En última instancia, el caso Koldo se inscribe en un patrón más amplio: el de un país que aún busca reconciliar su pulso mediático con los tiempos de la justicia, su hartazgo ciudadano con el debido proceso, y su necesidad de ejemplaridad con la prudencia institucional.