La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda de extrema gravedad contra el Ministerio de Igualdad por presunta apropiación ilegal intelectual y discriminación por origen nacional durante la etapa de Irene Montero. La demandante es Adilia de las Mercedes, una reputada jurista experta en Derechos Humanos y legislación internacional, quien afirma haber redactado el borrador principal de la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023, un trabajo que la institución calificó inicialmente como un simple "esqueleto" técnico pero que terminó siendo la base estructural de la norma.
La jurista, de origen guatemalteco y nacionalidad española, solicita la nulidad de sus contratos y una indemnización total de 376.544 euros. Según el escrito de la demanda, el equipo dirigido entonces por Irene Montero le impuso la prohibición de revelar su autoría. El documento judicial recoge una presunta advertencia por parte de altos cargos del ministerio, quienes habrían señalado que admitir que una experta extranjera redactó la ley daría argumentos a la oposición para atacar la gestión de la entonces ministra.
El relato de los hechos se remonta a octubre de 2021, cuando el ministerio contactó a De las Mercedes con "carácter de extrema urgencia". Aunque inicialmente se le ofrecieron 5.000 euros a través del sistema de caja fija, la complejidad del encargo derivó en la redacción íntegra de la propuesta normativa. La demandante sostiene que existió una situación de violencia institucional y un trato discriminatorio que invisibilizó su trayectoria de más de 25 años para presentar el conocimiento internacional aportado por ella como una producción propia del equipo ministerial.
La demanda señala directamente a cinco figuras clave del anterior organigrama de Igualdad: Ángela Rodríguez 'Pam' (exsecretaria de Estado), Antonia Morillas y Ana Varela (exdirectoras del Instituto de las Mujeres), María Naredo y Celia Mayer. Aunque el texto aclara que no hubo relación directa con Irene Montero, subraya que la exministra es responsable por omisión o por permitir estas prácticas dentro de su equipo de confianza. Por su parte, las aludidas han negado tajantemente las acusaciones, defendiendo que los procesos de contratación pública cumplieron con la legalidad vigente.
Uno de los puntos más críticos del reportaje es el análisis de las versiones del texto. Se ha verificado que, de los 48 artículos que componen la ley actual, 13 son idénticos a los entregados por la jurista y otros 28 mantienen una redacción casi exacta o el mismo sentido jurídico. De las Mercedes percibió apenas 4.701 euros por este trabajo, una cifra que la demanda califica como "ostensiblemente por debajo del precio de mercado" para asistencias técnicas de esta envergadura, que suelen oscilar entre los 20.000 y 60.000 euros.
Además del reconocimiento de autoría y la compensación económica por daños morales y psíquicos, la jurista exige una disculpa pública por parte del Ministerio de Igualdad en todos sus canales oficiales. El actual departamento, bajo la dirección de Ana Redondo, se ha desmarcado de los hechos alegando que pertenecen a una etapa anterior, aunque ha confirmado su total colaboración con la justicia para esclarecer si hubo un uso ilegítimo de la propiedad intelectual y un trato vejatorio basado en el origen de la experta.