La Audiencia Nacional, que juzga el caso Kitchen, ha sido escenario este lunes de un choque de realidades paralelas sobre el espionaje al extesorero del Partido Popular. La comparecencia de Guillermo Bárcenas, hijo del ex tesorero de Génova, y del senador Javier Arenas, ha expuesto las costuras de una trama que mezcla la seguridad del Estado, el espionaje parapolicial y la presunta destrucción de pruebas sensibles que podrían haber comprometido la estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy.
La declaración de Guillermo "Willy" Bárcenas ha introducido un elemento de alta tensión: la existencia de una grabación oculta. Según el testigo, su padre le confesó en 2013, justo antes de su ingreso en prisión, que poseía un audio de una reunión con el expresidente Mariano Rajoy y Javier Arenas. En dicho encuentro, el extesorero les habría hecho entrega del remanente de la caja B del partido. Aunque el cantante de Taburete ha reconocido no haber escuchado nunca el material, su testimonio refuerza la tesis de la acusación sobre el motivo real de la operación Kitchen: localizar y destruir evidencias del flujo de dinero negro.
El testimonio de Guillermo Bárcenas goza de un "plus de veracidad" advertido por la propia juez Teresa Palacios, al haber sido propuesto por su propia representación legal. Su relato sobre la "vida imposible" que su padre sufrió en los primeros 18 meses de reclusión apunta directamente a una represalia institucional. Según el testigo, el comportamiento hostil de los funcionarios y la dirección de la cárcel respondía a órdenes superiores del Gobierno, lo que sugeriría una instrumentalización de las Instituciones Penitenciarias para doblegar la voluntad de quien custodiaba los secretos del partido.
La sombra del espionaje se proyecta con especial fuerza sobre la figura de Sergio Ríos, el conductor de la familia. Guillermo Bárcenas ha relatado cómo el secuestro sufrido a manos de un falso cura en su domicilio fue el punto de no retorno para su confianza. El comportamiento del chófer ese día, apareciendo en apenas cinco minutos tras el incidente bajo una excusa poco creíble, y la inmediata llegada de quince agentes de policía, levantó las sospechas de una vigilancia permanente que no buscaba la protección de la familia, sino el control de sus movimientos y documentos.
Este episodio es clave para entender la responsabilidad penal de los acusados en la trama Kitchen, como el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Si se demuestra que el chófer fue captado como confidente para sustraer información sin control judicial, el caso se consolidaría como un hito de corrupción política y policial sin precedentes en la democracia española, orientado a proteger las siglas del PP frente al avance de la investigación del caso Gürtel.
Javier Arenas y la negación de la inquietud en Génova
En las antípodas de este relato, Javier Arenas ha comparecido para proyectar una imagen de normalidad y desconocimiento. El exsecretario general del PP ha admitido encuentros con el extesorero, calificando la reunión con Rajoy y Rosalía Iglesias como un acto meramente "humano" donde, según su versión, los temas económicos estuvieron ausentes. Arenas ha negado con rotundidad que el partido buscara o tuviera constancia de las grabaciones de Bárcenas, tratando de desvincular a la cúpula de la formación de cualquier maniobra para neutralizar al entonces ya "apestado" gestor de las cuentas.
El senador ha defendido la profesionalidad de los exmandatarios de Interior juzgados, al tiempo que marcaba distancias con el extesorero, cuya amistad dio por terminada al conocerse su fortuna oculta en Suiza. Este distanciamiento es una pieza fundamental en la estrategia de defensa de la antigua cúpula del PP: presentar a Luis Bárcenas como un actor que actuaba por cuenta propia y cuyo testimonio sobre la contabilidad en B y las grabaciones es una invención motivada por el despecho o la búsqueda de beneficios procesales.