Un sistema penal que no considera delito de odio la amenaza “Te voy a hacer heterosexual a hostias” está diciendo, en la práctica, que la homofobia explícita y violenta puede seguir circulando como ruido de fondo tolerable mientras no deje sangre en el suelo. El caso del joven increpado en un local de comida rápida de Barcelona, vestido con los colores de la bandera LGTBI, lo resume con crudeza: un hombre se le acerca, le llama “maricón”, le advierte de que “es el día de soltar hostias” y le promete que, cuando salga, le dará tal golpe que “la mariconería se te quita”; los tribunales califican esas expresiones de “intolerables” y “desafortunadas”, pero concluyen que no alcanzan la entidad suficiente para constituir un delito de odio.
La construcción jurídica que sostiene esta absolución es difícil de digerir fuera de la burbuja procesal. La Audiencia de Barcelona sostuvo que el agresor no actuó por la condición homosexual de la víctima, sino por su forma de vestir, y el TSJ de Cataluña ha refrendado este razonamiento al negarse a revisar la valoración de la prueba en apelación. Con esa separación artificial, el sistema se permite una ficción confortable: la ropa no es orientación sexual, la expresión visible no es identidad, y el odio solo existe cuando el agresor se autoinculpa casi notarialmente como homófobo confeso. Fuera de ese molde irreal, todo se diluye en “malas maneras” o “verborrea pendenciera”.
Los propios jueces admiten que las expresiones son intolerables, que vulneran las bases de una convivencia fundada en la igualdad y la no discriminación, pero a renglón seguido rebajan su gravedad hasta el terreno de lo anecdótico penal. Llegan a sugerir que podrían integrar, en el mejor de los casos, un delito leve de amenazas, pero recuerdan que nadie acusó por esa figura y que, además, la causa ni siquiera partió de una denuncia de la víctima, sino de la Fiscalía a raíz de la difusión del vídeo en redes. Es como si la arquitectura procesal se utilizara para cerrar el círculo: se reconoce el daño simbólico, se censura moralmente el discurso, pero se le niega la categoría de agresión que merece un reproche penal serio.
El resultado político y social es demoledor. Para cualquier persona LGTBI que ve circular impunemente frases como “te voy a hacer heterosexual a hostias”, el mensaje es inequívoco: el Estado admite que se te humille, que se te amenace por existir en público, que se te anuncie una paliza para “corregirte”, y aun así considera que todo eso no basta para activar la protección penal específica frente al odio. La frontera entre lo jurídicamente relevante y lo que se despacha como “desafortunado” se traza, de facto, en contra de las víctimas.
Lo más grave es que esta doctrina vacía de contenido el propio tipo penal de odio. Si este caso, grabado en vídeo, en un espacio público, en un contexto cargado de significado (Orgullo, símbolos LGTBI, amenazas directas de agresión para “curar” la homosexualidad) no encaja en el molde, ¿qué más hace falta para que la justicia vea discriminación? Se configura así un delito de odio casi imposible, reservado a caricaturas extremas, mientras la homofobia cotidiana, esa que disciplina cuerpos y silencios, queda relegada al ámbito de lo “reprobable” pero soportable.
En nombre del formalismo y de los límites de la revisión probatoria, los tribunales han optado por mirar hacia otro lado. Han preferido proteger la comodidad de un esquema de recursos que se niega a corregir valoraciones fácticas aberrantes antes que enviar una señal clara de que amenazar a alguien con “hacerlo heterosexual a hostias” por cómo viste y a quién ama es cruzar una línea roja penal. La homofobia, así, no solo no se combate: se normaliza por omisión, se legitima como parte del paisaje. Y un Estado que acepta eso, por muy garantista que se proclame en sus discursos, está fallando en lo esencial: proteger la dignidad de quienes más necesitan que la ley sea algo más que una declaración de buenas intenciones.