El Tribunal Supremo afronta este martes una jornada clave en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En esta sesión, el foco se centrará en tres nombres propios: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso; González Amador, su pareja, y Carlos Neira, abogado del empresario. Los tres están citados a declarar ante el juez del Supremo Ángel Hurtado, que instruye el primer proceso de estas características en la historia democrática española.
El origen del bulo
Miguel Ángel Rodríguez —conocido por sus siglas, MÁR— vuelve al Supremo después de haber reconocido en una declaración anterior que se inventó parte del mensaje que difundió en marzo de 2024 a través de un grupo de WhatsApp. En aquel texto aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de González Amador y que lo había retirado por “órdenes de arriba” del Gobierno.
La afirmación resultó ser falsa. En realidad, fue el abogado del propio González Amador quien se dirigió a la Fiscalía de Delitos Económicos para proponer un acuerdo. Aun así, el mensaje de Rodríguez corrió como la pólvora y fue recogido por algunos medios, alimentando una polémica que acabaría derivando en la causa por revelación de secretos contra el fiscal general.
Cuando el Supremo le preguntó por el origen de su información, Rodríguez respondió: “Eso no es información… tengo el pelo blanco”. Explicó que se trataba de una “intuición” basada en su experiencia política. “Llevo muchos años en esto y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan jerarquizado como el Ministerio Fiscal”, declaró entonces.
Una jornada de alto voltaje político y mediático
El testimonio de Rodríguez se espera con expectación. Para la defensa de García Ortiz, es clave demostrar que el supuesto bulo sobre la Fiscalía no se originó dentro del Ministerio Público, sino en el entorno de la presidenta madrileña. La Abogacía del Estado, que representa al fiscal general, sostiene que la filtración del correo no existió y que la información se manipuló antes de llegar a manos de la Fiscalía General.
La jornada también contará con la comparecencia de González Amador, investigado por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, y de su abogado, Carlos Neira, quien redactó y envió el correo que desencadenó todo el caso.
Ese mensaje, remitido al buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, fue reenviado posteriormente y terminó publicándose en marzo de 2024 en una versión distorsionada, en la que se afirmaba que la Fiscalía había propuesto el pacto.
“Un cabreo monumental”
Durante su primera comparecencia en enero, González Amador reconoció que se enfadó con su abogado al conocer el contenido del correo. “Miguel Ángel Rodríguez me escribió: ‘¿esto es cierto?’”, relató. “Yo estaba muy alterado. Llamé a Neira y le pregunté: ‘¿qué es esto?’ Él me pidió calma y me dijo que lo habláramos con tranquilidad. Luego le confirmé a Rodríguez que sí, que era cierto”.
Según la defensa de García Ortiz, esa conversación demuestra que el entorno de Ayuso tuvo acceso al correo mucho antes de que lo hiciera el fiscal general, lo que invalidaría la acusación de filtración.
El abogado Neira también comparecerá hoy. Su testimonio es relevante porque fue él quien remitió el correo original, en el que se reconocían los delitos fiscales y se ofrecía una colaboración con la Fiscalía. En su mensaje, Neira aceptaba “íntegramente” la responsabilidad de su cliente en dos ejercicios fiscales y se mostraba dispuesto a pactar una condena.
El fiscal general niega cualquier filtración
El juicio comenzó este lunes con la declaración del propio García Ortiz, quien negó tajantemente haber filtrado ningún documento. “No autoricé ni realicé ninguna revelación de secretos”, aseguró. Su abogada, Consuelo Castro, denunció que el proceso tiene un carácter “inquisitivo” y pidió la nulidad de las actuaciones, argumentando que se han vulnerado los derechos de su defendido.
La sesión inicial también dejó patente el choque de versiones entre las jefas de prensa de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Madrid, que discreparon sobre cómo se gestionó la comunicación del caso. El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, se vio obligado a reorganizar el calendario ante la previsión de más de 40 testigos.
Mentir no es delito, según Génova
En el plano político, el caso ha sacudido al Partido Popular. Desde la dirección nacional se defendió a Rodríguez con una polémica afirmación: “Mentir no es ilegal”. Una frase que ha generado indignación en el ámbito judicial y entre juristas, que la interpretan como una banalización del uso de bulos y desinformación desde cargos públicos.
Para la defensa de García Ortiz, lo que está en juego va más allá de un correo filtrado: se trata de preservar la credibilidad de las instituciones. Si el tribunal concluye que la versión inicial fue fabricada, se confirmaría que el entorno de la presidenta madrileña construyó una historia falsa para desacreditar a la Fiscalía y desviar la atención del caso de fraude fiscal.
Un juicio sin precedentes
Nunca antes un fiscal general del Estado había sido juzgado en democracia. El caso marca un precedente sobre los límites de la comunicación política, la responsabilidad de los cargos públicos y la relación entre justicia y poder mediático.
El juez Ángel Hurtado volverá a interrogar a García Ortiz el próximo 12 de noviembre, una vez haya concluido la ronda de testigos de esta semana. Hasta entonces, el Supremo seguirá escuchando voces que podrían esclarecer cómo un simple mensaje de WhatsApp se convirtió en una crisis institucional de primer orden.