La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, ha hablado con Pedro Sánchez en la última semana, tras su discurso de apertura del año judicial. Y le ha pedido el cese del ministro de Justicia, Félix Bolaños. La idea no es suya sino de los vocales conservadores que la han presionado para que mantenga esta actitud beligerante. La derecha judicial, a la que parece haberse abonado la máxima representante del órgano de gobierno de los jueces, no sólo le acusa de haber sido el inspirador de la famosa frase de Sánchez, (“Hay algunos jueces que hacen política y políticos que hacen justicia”), sino que es el que se cierra a negociar el punto conflictivo que les ha movilizado, la oposición “restringida” a los jueces sustitutos para incorporarlos a la carrera, lo que la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, denomina “entrar por la puerta de atrás”. Se están preparando nuevas movilizaciones sin descartar otra huelga general a pesar de que se ha manifestado su ilegalidad por activa y por pasiva. Pero en esta ocasión ya no sólo se hablará de la vulneración del Estado de Derecho, sino que se pedirá abiertamente la dimisión de Bolaños y el cese de su equipo.
El presidente Sánchez ya ha dejado claro a Perelló que no va a cesar a ningún miembro del equipo de Justicia, y menos a su titular. Es su hombre de confianza. En el nombre del PSOE negoció la renovación del Consejo General del Poder Judicial de hace algo más de un año, y aunque no están conformes con su trayectoria, Bolaños logró lo más importante, a juicio de los socialistas, el desbloqueo. Ahora, en Ferraz son conscientes de que la bipolarización de la composición ha generado el problema del acuerdo para el nuevo modelo de elección que se podrá en marcha dentro de tres años cuando haya que renovar la institución.
En el grupo socialista lo tienen claro. Perelló les remitió los dos informes que se elaboraron. El de los conservadores propone la elección directa por los jueces y el progresista mantiene el actual sistema con algunas mejoras como es la elaboración de una lista por las asociaciones profesionales de la que saldrán los candidatos. Ahora será el Congreso el que tomará una decisión. Se han mantenido algunas reuniones con el Partido Popular para buscar un consenso sin resultado. Ni siquiera hay acercamiento entre los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez. Los diputados de Junts se cierran en torno a la idea de que se saque de la ecuación a Catalunya donde, según ellos, se debe transferir las competencias del poder judicial creando una institución independiente con capacidad de nombramientos de jueces. A los siete parlamentarios a las órdenes de Carles Puigdemont se les ha manifestado la imposibilidad de llevar a cabo esta idea a todas luces inconstitucional.
En el Partido Popular esperan a ver lo que dicen en Bruselas. La presencia en España de los tres relatores de la Comisión de Venecia, esta semana, en la que mantendrán encuentros con juristas, representantes del consejo y del Supremo, del ministerio de Justicia y de los grupos parlamentarios, es fundamental para Génova donde están convencidos de que, en su informe final, propondrán el modelo de elección directa. Siguen con la idea de que es el más adecuado a los sistemas empleados en los países de nuestro entorno a pesar de que no es así. Ni en el llamado “modelo nórdico” ni en el utilizado en Francia, Italia y Portugal, los miembros de la carrera fiscal y judicial abarcan la totalidad de sus órganos de gobierno, sino que en su extracción también se tienen en cuenta los poderes legislativo, incluso el ejecutivo, algo que no ocurre en España.
Los socialistas apenas van a tomar en consideración las conclusiones a las que llegue la Comisión de Venecia. Sostienen que el parlamento es soberano y que, por lo tanto, todavía quedan dos años hasta agotar la legislatura y buscar un acuerdo para desbloquear la futura renovación del CGPJ.
En cuanto al otro asunto que quiere negociar Perelló, la fórmula de acceso a la carrera judicial, en Justicia lo tienen claro. El secretario de Estado, el juez Manuel Olmedo, ha repetido en numerosas ocasiones que “los jueces sustitutos no van a entrar en la judicatura por la puerta de atrás”. Si se aprueba la ley de Ampliación y Fortalecimiento el próximo noviembre, tal y como está previsto, se convocarán las primeras 360 plazas. “En total, del periodo que va de 2025 a 2027, entre el cuarto turno y el proceso de estabilización de los jueces sustitutos podremos convocar las 2.440 plazas de jueces y fiscales” según los cálculos del número dos del ministerio que señala que con la regularización de los jueces sustitutos “se pone fin a una situación irregular que nos está exigiendo la Comisión Europea”.
Y aquí es donde surgen las diferencias porque en el ministerio de Justicia insisten en la condición de interinos de los 1.000 jueces y fiscales sustitutos existentes en España que Bruselas ha ordenado su regularización, pero las asociaciones profesionales no reconocen esa interinidad. En el ministerio dicen que hay sustitutos que llevan 20 o 30 años cubriendo vacantes estructurales “y eso no puede seguir así. Lo que vamos a hacer es una convocatoria excepcional, una sola vez en 40 años, con un concurso-oposición. Los tribunales estarán presididos por magistrados del Supremo o fiscales de sala, con todas las garantías de independencia. No es una regularización automática: se valorará el mérito y la capacidad”.
La derecha judicial y fiscal no está de acuerdo con esta convocatoria y Perelló pide negociarla. Eso, y la aplicación de la ley de Eficiencia Administrativa, en lo que se refiere a los tribunales de instancia, los MASC, medios alternativos de arbitraje y conciliación y el colapso que puede llegar a surgir con la ampliación de competencias en los juzgados de violencia de género. De momento, Olmedo no ha contestado y esa falta de diálogo es lo que ha alterado a las derechas tanto política como judicial. Y, claro está, a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que ha optado por posicionarse en este lado incluso exigiendo a Sánchez el cambio de un ministro que forma parte de su núcleo de confianza.