El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado un paso relevante en la investigación sobre la contratación del chófer de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, al citar a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al jefe de su gabinete, Alejandro Jurado. La comparecencia está fijada para el 24 de marzo, fecha en la que también declarará el familiar presuntamente beneficiado por la adjudicación de la plaza.
La causa se origina en la denuncia presentada por otro conductor, funcionario de carrera y con experiencia acreditada, que se consideró perjudicado por la decisión administrativa. Según su relato, el proceso de adjudicación del puesto no se ajustó a los principios de mérito y capacidad, lo que llevó al juzgado a abrir diligencias para esclarecer cómo se tramitó la contratación y quiénes intervinieron en ella.
El origen de la denuncia
Antes de tomar declaración a los investigados, la magistrada escuchará al denunciante, cuya comparecencia está prevista unos días antes. El conductor sostiene que cumplía los requisitos exigidos para el puesto y que fue excluido en favor de un aspirante con vínculos familiares directos con el jefe de gabinete de la presidenta autonómica. Ese parentesco es uno de los elementos que han situado el caso en el terreno penal, al abrir la sospecha de una posible resolución arbitraria dictada desde una posición de poder.
El juzgado ha solicitado además diversa documentación a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), organismo responsable del expediente de adjudicación. La magistrada reclama aclaraciones sobre quién tramitó el procedimiento, qué criterios se emplearon para valorar a los aspirantes, quién realizó esas valoraciones y con qué resultado. El objetivo es reconstruir con precisión la cadena de decisiones administrativas que desembocaron en la contratación.
El accidente bajo la lupa judicial
La investigación no se limita al proceso de selección. El juzgado también ha requerido información adicional sobre un accidente de tráfico en el que estuvo implicado el chófer investigado en mayo de 2024, en las inmediaciones del aeropuerto de Palma. Para ello, ha solicitado a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico el atestado del siniestro, así como a la aseguradora del vehículo toda la documentación relacionada, incluidas las fotografías realizadas por el perito.
Asimismo, la magistrada ha pedido a la Conselleria de Presidencia que informe sobre las medidas adoptadas tras el accidente, tanto en relación con el desempeño profesional del conductor como respecto a su idoneidad para el puesto. Este aspecto introduce una dimensión adicional en la causa, al evaluar no solo la legalidad de la contratación, sino también la gestión posterior del personal adscrito a la Presidencia del Govern.
Posición del Govern balear
La investigación judicial se conoció públicamente a finales de noviembre, momento en el que la presidenta Marga Prohens manifestó su “absoluta tranquilidad” ante la denuncia que afectaba a su jefe de gabinete. Prohens defendió entonces que la contratación del chófer se llevó a cabo mediante un “procedimiento reglado”, ajustado a la normativa vigente, y negó cualquier trato de favor.
Sin embargo, la decisión del juzgado de citar como imputado a Alejandro Jurado supone un cambio cualitativo en el caso. La imputación no implica culpabilidad, pero sí refleja que la jueza aprecia indicios suficientes para investigar si la adjudicación de la plaza pudo constituir una prevaricación administrativa, delito que exige probar la existencia de una resolución injusta dictada de forma consciente.
Implicaciones políticas
Aunque la causa se centra en hechos concretos, su evolución tiene un evidente impacto político. La contratación de personal en el entorno inmediato de la Presidencia del Govern es especialmente sensible, tanto por la exigencia de ejemplaridad como por la necesidad de preservar la confianza en los procedimientos administrativos. La investigación judicial pone bajo escrutinio no solo a un alto cargo, sino también los mecanismos de control interno de la administración autonómica.
El 24 de marzo marcará un primer hito clave en el proceso, cuando el juez escuche a los dos imputados. A partir de esas declaraciones y de la documentación solicitada, el juzgado deberá decidir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación formal o si, por el contrario, las diligencias confirman la versión defendida por el Govern. Mientras tanto, el caso sigue abierto y bajo la atenta mirada tanto de la justicia como del debate público.