El escenario judicial del caso mascarillas en el Tribunal Supremo ha alcanzado una temperatura crítica con la comparecencia de Joseba García, pieza clave en el engranaje de confianza del exministro José Luis Ábalos. Su declaración, marcada por un sutil equilibrio entre el silencio estratégico y revelaciones punzantes, no solo refuerza la tesis de una estructura de favores personales, sino que sitúa a la sede del PSOE en la calle Ferraz en el epicentro de un manejo de dinero en metálico que desafía la narrativa de transparencia de la formación. Bajo la dirección letrada compartida con su hermano Koldo, Joseba García ha inaugurado una línea de defensa que prioriza la nulidad de actuaciones frente al fondo de los hechos, alegando una incautación ilegal de documentación en un momento en que el ex número dos del socialismo aún no estaba formalmente imputado.
El análisis de esta jornada revela una preocupante normalización de prácticas que rozan la opacidad administrativa. Al reconocer que acudió en al menos dos ocasiones a la sede central del PSOE para recoger sobres con dinero en metálico destinados a su hermano o a su entorno, García introduce un elemento de sospecha sobre los protocolos de seguridad y financiación del partido. Esta admisión, aunque presentada como un acto rutinario de mensajería familiar, adquiere una dimensión judicial severa cuando se cruza con las investigaciones de la UCO sobre el movimiento de capitales en B y las presuntas mordidas derivadas de los contratos sanitarios durante lo peor de la pandemia.
La relación con Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, también ha sido objeto de una reinterpretación que la acusación observa con escepticismo. García ha intentado reducir sus múltiples encuentros con el empresario a una mera transacción comercial por la compra de un vehículo, desvinculando estas reuniones de la gestión de los 36 millones de euros en contratos de material sanitario. Sin embargo, el reconocimiento de haber transportado sobres desde Punta Cana por encargo de Aldama (bajo la polémica premisa de no ser "chismoso" ni conocer su contenido) dibuja un perfil de colaborador necesario cuya voluntad parece haber estado al servicio de intereses ajenos a la función pública.
En el plano estrictamente personal, que en este juicio se funde con el patrimonial, el testigo ha confirmado el pago de mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, justificándolo como un favor fraternal hacia Koldo. Este reconocimiento de flujo de fondos para sostener la vida privada del exministro es un indicio que el Tribunal Supremo pondera como posible cohecho o malversación indirecta. La defensa de García, no obstante, centra su contraataque en la vulneración del derecho de defensa, denunciando la imposibilidad de acceder a los dispositivos incautados en la Operación Delorme, lo que a su juicio contamina la validez del proceso.
Finalmente, la negativa de Joseba García a responder al Fiscal Jefe Anticorrupción sobre hechos tan básicos como su filiación o sus movimientos bancarios en favor de Ábalos proyecta una sombra de obstruccionismo que el tribunal deberá evaluar. El contraste entre sus viajes a la República Dominicana para supuestos negocios de tabaco y la realidad de los sobres recogidos en Ferraz compone un mosaico de indicios que apuntan a una gestión paralela de fondos y favores.