El fallo evidencia que la cooperación con Francia sigue siendo determinante para cerrar las causas que quedaron abiertas tras la etapa más violenta de ETA.
La decisión llegó este miércoles desde París. Sin énfasis, pero con la firmeza habitual de la magistratura francesa, que lleva décadas colaborando con España en las piezas más delicadas del terrorismo. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación autorizó la entrega a España de tres antiguos dirigentes de ETA —Javier García Gaztelu, Txapote; Ainhoa Múgica Goñi; y Juan Antonio Olarra Guridi— para que sean juzgados por atentados cometidos hace más de dos décadas, en los años en que la banda mantenía intacta su capacidad letal.
La primera euroorden responde al asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, perpetrado en enero de 2001, días después de que ETA diera por terminada una tregua que había paralizado temporalmente los asesinatos. La segunda orden afecta solo a García Gaztelu, reclamado también por un atentado con bomba lapa contra Albino Alfredo Machado en 1996, en San Sebastián.
Aunque los hechos ocurrieron en España, la última decisión corresponde a Francia porque los tres fueron detenidos allí. Este requisito ha condicionado durante años el calendario judicial español y ha hecho depender la reapertura de algunas causas de la cooperación franco-española, una relación que ha resistido con solvencia los cambios políticos en ambos países.
Causas que siguen pendientes pese al paso del tiempo
El dictamen establece que, en caso de ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los veinte años de prisión. La referencia sitúa el caso en un marco penal donde ya se han revisado condenas históricas, pero permanecen abiertas investigaciones orientadas a determinar responsabilidades de rango superior.
El asesinato de Pedro Antonio Blanco supuso un punto de inflexión. Fue el primer atentado tras la ruptura de la tregua y abrió un ciclo especialmente cruento: aquel año, ETA asesinó a veintitrés personas, entre ellas cargos públicos de distintos partidos y profesionales que formaban parte del objetivo político de la organización.
Por ese atentado fueron condenados los cuatro integrantes del comando Madrid, el grupo Buro Ahuste. Las sentencias, entre 120 y 129 años, reflejan el peso de una época que aún se recuerda por el clima de amenaza permanente.
El atentado de 1996 vinculado a Txapote pertenece al mismo periodo. La bomba colocada en el vehículo de Machado tenía como objetivo reforzar la visibilidad de la banda, entonces obsesionada con proyectar capacidad operativa y mantener un pulso constante con las fuerzas de seguridad.
Una cooperación judicial que no ha cedido a la inestabilidad política
La resolución francesa llega cuando el terrorismo vuelve a asomar en el debate público español, a menudo más como arma política que como reflexión sobre lo ocurrido. En este contexto, conviene subrayar que Francia mantiene una cooperación judicial sólida, independiente de las tensiones partidistas y de los discursos que buscan reabrir un pasado que sigue siendo doloroso, pero que ya no puede interpretarse sin rigor.
La entrega no responde a un giro político ni a una lectura del conflicto. Es la continuidad de un trabajo técnico que ha permitido durante décadas desarticular estructuras de ETA y reconstruir responsabilidades. Francia sigue actuando conforme al marco jurídico europeo, sin ruido ni escorzos.
El desafío para España no es rehacer el relato, sino completar los procedimientos que la propia complejidad del terrorismo dejó a medias. Esa distinción es esencial para evitar el uso interesado del pasado y garantizar que las víctimas no queden atrapadas en discursos elaborados al margen de los hechos.
El cierre de un ciclo que aún condiciona a la justicia española
Veinticinco años después, la entrega de estos tres antiguos dirigentes sitúa otra vez ante la Audiencia Nacional parte de las piezas que no se pudieron abordar plenamente en su momento. El tiempo transcurrido no elimina la necesidad de actuar, pero obliga a hacerlo con precisión jurídica y sin interferencias.
En las próximas semanas se concretará el traslado. A partir de ahí, la Audiencia deberá reordenar los procedimientos y fijar el calendario procesal que permita avanzar en causas que siguen teniendo impacto institucional y emocional.
La justicia francesa ha cumplido lo que le corresponde. España deberá culminar ahora un trabajo que forma parte de su memoria reciente y que exige rigor, sin aprovechar el terreno judicial para debates que pertenecen a otro ámbito.