El pasado viernes a las 23.18 horas estalló una bomba en el FC Barcelona que trasciende lo futbolístico. Según una información de El Periódico, una denuncia de 38 páginas, interpuesta ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, ha colocado a Joan Laporta, a su núcleo duro y a su propio hermano, Xavier Laporta, bajo el microscopio de la justicia por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y comisiones indebidas. Lo que para la directiva es una "estrategia de difamación" en pleno proceso electoral, para el denunciante es el levantamiento de una alfombra que ocultaba un complejo entramado societario internacional.
El fondo de la cuestión radica en la tensión entre la opacidad corporativa y el derecho del socio en una entidad que, al menos sobre el papel, sigue perteneciendo a sus propietarios. La denuncia señala irregularidades en contratos estratégicos como Barça Vision, la constructora Limak y el histórico acuerdo con Nike. La tesis acusatoria sugiere que la confidencialidad esgrimida por el club no es una herramienta de protección competitiva, sino un velo para ocultar el cobro de comisiones ilegítimas a través de jurisdicciones tan diversas como Chipre, Croacia, Estonia y Dubái.
Estrategia mercantil y la transparencia
Joan Laporta ha respondido con la vehemencia que le caracteriza, calificando el escrito como un "sofrito" de falsedades diseñado para ensuciar las elecciones. Su argumento central apela a la normalidad mercantil: la transparencia tiene límites dictados por las cláusulas de confidencialidad y la defensa de los intereses comerciales del club. Sin embargo, este argumento choca frontalmente con la naturaleza jurídica del Barcelona, donde el gobierno corporativo debería, teóricamente, primar sobre la discrecionalidad presidencial.
La implicación de figuras clave como el responsable de compliance, Sergi Atienza, y el jefe de los servicios jurídicos, Lluís Mellado, eleva la gravedad del asunto. Si la Audiencia Nacional decide admitir a trámite la denuncia, el club no solo se enfrentaría a un proceso judicial de años, sino a una crisis de reputación institucional que podría ahuyentar a los inversores internacionales necesarios para sostener el actual modelo de "palancas" financieras.
Laberinto societario bajo sospecha
El núcleo del conflicto judicial se centra en la arquitectura de los acuerdos con entidades como New Era Visionary Group y los ingresos derivados de los asientos VIP. El denunciante sostiene que el flujo de capitales hacia el extranjero no responde a necesidades operativas, sino a una estructura diseñada para el desvío de fondos. Para Laporta, esto no es más que una estrategia mediática que busca golpear a su candidatura, utilizando el sistema judicial como un arma de guerra política interna.
"La transparencia tiene unos límites, que son la estrategia del club. Si salen documentos, pueden perjudicar la estrategia del club". — Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.
Esta declaración resume el dilema del Barça moderno: la transformación de un club social en una corporación global gestionada con una opacidad que, según la denuncia, roza la ilegalidad. La Audiencia Nacional debe ahora decidir si hay indicios suficientes para investigar este presunto fraude a Hacienda y las transacciones en el extranjero, o si se trata efectivamente de un ataque espurio enmarcado en la lucha por el poder en el Camp Nou.
Más allá del ruido electoral, el caso pone de manifiesto la fragilidad del modelo de gestión actual. Mientras el club lucha por finalizar la construcción de su estadio y mantener su relevancia en la élite europea, la sombra de la corrupción financiera amenaza con dinamitar los cimientos de la entidad. El reparto de la causa entre los jueces de la Audiencia Nacional determinará si el "caso Laporta" se convierte en el mayor escándalo judicial de la historia reciente del deporte español o en una nota al pie de página de una campaña electoral convulsa. Y todavía falta el fin de la instrucción del Caso Negreifa.
Respuesta contundente del Barça
Tras la reciente denuncia interpuesta por un socio ante la Audiencia Nacional, que vinculaba a Joan Laporta y a su círculo íntimo con presuntos delitos de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas, la entidad azulgrana ha emitido un comunicado cuya contundencia busca desactivar la crisis antes de que esta alcance una fase de instrucción irreversible.
La dirección culé ha sido explícita al calificar la denuncia de inverosímil y ajena a la realidad, desplazando el foco de la sospecha desde la gestión presidencial hacia la integridad de las pruebas presentadas. Según el club, el escrito de 38 páginas que detalla supuestas irregularidades en contratos estratégicos se fundamenta, presumiblemente, en documentación falsa o gravemente manipulada. Este giro narrativo transforma un litigio sobre corrupción mercantil en una batalla por la veracidad documental, sugiriendo que el socio denunciante podría estar operando bajo una premisa de intoxicación informativa diseñada para desestabilizar al club en un momento de alta vulnerabilidad electoral.
Para el equipo jurídico de Laporta, la mención a la manipulación documental no es un simple recurso retórico, sino una advertencia directa sobre las consecuencias penales que conlleva la denuncia falsa. Al señalar que el contenido del escrito carece de base empírica, el Barcelona intenta blindar su reputación ante los inversores y los socios, reafirmando que la transparencia corporativa se ha mantenido intacta a pesar de las cláusulas de confidencialidad esgrimidas anteriormente. La entidad sostiene que los flujos económicos hacia jurisdicciones extranjeras mencionados en la denuncia no responden a una estructura de desvío de fondos, sino a una normalidad comercial que el denunciante habría distorsionado deliberadamente.