La Fiscalía Anticorrupción endurece el pulso judicial contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. Tras presentar su escrito de acusación ante el Tribunal Supremo, en el que reclama penas de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García por la presunta trama de comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia, el Ministerio Público ha solicitado ahora la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares que pesan sobre ambos.
Actualmente, el exministro y su antiguo asesor están en libertad provisional, obligados a comparecer quincenalmente ante el juzgado, con prohibición de salir de España y con el pasaporte retirado. Estas medidas fueron acordadas el pasado mes de junio por el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, quien, alineado entonces con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares lideradas por el PP, decidió no enviarles a prisión provisional.
En aquella ocasión, Puente ya advirtió que mantenía esa situación “por el momento”, al recordar que el riesgo de fuga puede incrementarse a medida que avanza el procedimiento. Ahora, con Ábalos y Koldo procesados y el juicio oral en el horizonte, Anticorrupción considera que ha llegado el momento de que el magistrado reevalúe el escenario y valore si el actual régimen de libertad provisional sigue siendo suficiente para garantizar su sometimiento al proceso.
El escrito de acusación atribuye a Ábalos y a García seis delitos vinculados a la presunta trama tejida junto al empresario Víctor de Aldama para el cobro de comisiones irregulares a cambio de contratos de suministro de mascarillas durante los momentos más críticos de la pandemia. Con la presentación de este documento, el caso entra en una fase decisiva, tanto en el plano jurídico como en el político.
Además del refuerzo de las medidas cautelares, la Fiscalía ha solicitado una amplia batería de testificales para la vista oral: en total, 39 personas. Entre los nombres destacan varios altos cargos y ex altos cargos de la Administración, así como personas del entorno personal del exministro.
Figuran en la lista Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos; Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e investigada en la rama del caso que instruye la Audiencia Nacional. También se reclama la comparecencia del ex subsecretario general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García, y de los exdirectivos de Puertos del Estado Pedro Toledo y Álvaro Sánchez Manzanares.
La Fiscalía quiere además escuchar a personas vinculadas al círculo personal y familiar de Ábalos y a la propia operativa de la trama. Entre ellas, Jessica Rodríguez, expareja del exministro; Claudia Montes, ex Miss Asturias que habría sido colocada en la empresa pública Logirail por la red investigada; el hijo del exministro, Víctor Manuel Ábalos; y el ex consejero delegado de Air Europa, Francisco Javier Hidalgo.
El listado de testigos incluye igualmente a Leonor María González Pano y a su madre Carmen Pano, esta última conocida por haber declarado que trasladó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE, un episodio que la Fiscalía quiere ahora que sea aclarado en sede judicial.
La petición de vistilla para revisar las medidas cautelares, combinada con la amplitud del elenco de testigos propuestos, refleja la voluntad de Anticorrupción de sostener una acusación robusta en uno de los casos más sensibles de presunta corrupción vinculada a la gestión de la pandemia. El juez Puente deberá decidir ahora si mantiene el actual estatus de libertad provisional de Ábalos y Koldo García o si, a la vista del avance del procedimiento y del aumento del riesgo de fuga que aprecia la Fiscalía, endurece las condiciones a las puertas del juicio oral.