El mismo día en que se ha conocido la puesta en libertad de Santos Cerdán, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una pena de 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el marco de una causa que investiga la presunta obtención de comisiones ilegales a través de la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
El escrito de conclusiones provisionales, presentado ante el Tribunal Supremo por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluye también la solicitud de 19 años y medio de cárcel para el exasesor ministerial Koldo García, y 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones de euros para Víctor de Aldama, considerado comisionista de la trama.
Según la Fiscalía, Ábalos y García habrían cometido seis delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación. Aldama, por su parte, habría participado en los delitos de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. Cabe destacar que Aldama salió de prisión preventiva en otra causa tras comprometerse a colaborar con la investigación.
El fiscal también ha solicitado multas millonarias para los acusados: más de 3,9 millones de euros para Ábalos y García, y más de 3,8 millones para Aldama. Además, pide que los dos primeros indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsaset, con importes de 34.477 euros y 9.500 euros respectivamente, y que se decomisen las ganancias derivadas del presunto cohecho, que ascenderían a 430.298 euros.
La causa se centra en contratos públicos de adquisición de mascarillas y otros materiales sanitarios durante los meses más críticos de la pandemia, cuando la demanda era excepcional y los procedimientos de adjudicación se aceleraron. La Fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado estas circunstancias para obtener beneficios ilícitos, utilizando su posición y acceso a información privilegiada en el Ministerio de Transportes.
Este procedimiento representa uno de los casos más significativos de presunta corrupción vinculada a la gestión de la crisis sanitaria, y coloca a exresponsables políticos y asesores del Gobierno bajo la lupa de la justicia. Aún queda por determinar la resolución judicial final, que se conocerá tras la fase de juicio oral y la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa de los acusados.
La expectativa en el ámbito político y judicial es alta, dada la magnitud de las penas solicitadas y la relevancia de los implicados. Además, el caso pone de relieve la presión sobre las administraciones públicas para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de contratos críticos, especialmente en contextos de emergencia nacional.