La comparecencia de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo ha supuesto un ejercicio de equilibrismo retórico donde la estrategia de defensa ha priorizado la fragmentación de responsabilidades y el uso de la amnesia selectiva como cortafuegos legal. El exministro de Transportes no solo acudió a declarar sobre el caso mascarillas, acudió a reconstruir un relato en el que su figura queda aislada de cualquier operativa económica irregular, trasladando el peso de la gestión a su antiguo círculo de confianza y cuestionando la precisión técnica de la Unidad Central Operativa (UCO).
Desde el inicio de su declaración, Ábalos buscó normalizar la presencia de Koldo García en los estratos más sensibles del Ministerio. Para el exministro, el ascenso de García no fue el resultado de una trama de favores, sino de una necesidad logística extrema nacida en la convulsión interna del PSOE. Su argumento principal fue la discrecionalidad política, afirmando tajantemente que “ser consejero no exige nada más que la confianza del que lo nombra” y apostillando que no hizo “nada distinto a sus antecesores”. Esta premisa busca desactivar la tesis de la acusación sobre el uso partidista de las instituciones, convirtiendo la idoneidad técnica en un factor secundario frente a la lealtad personal.
El punto de mayor tensión dialéctica se centró en el inmueble vinculado a Jésica Rodríguez. Ante la sospecha de que el alquiler fue costeado por la trama corrupta, Ábalos desplegó una narrativa de desapego administrativo. A pesar de reconocer la existencia de movimientos económicos en la causa, el exministro se desmarcó de cualquier supervisión directa sobre el pago de la renta. “No me acuerdo si fue a mí, a Koldo… pero sí que he visto en la causa que hubo movimientos al respecto. Pero no participé en nada de ello, por más que hubiésemos tenido una relación”, declaró, estableciendo una barrera insalvable entre su vida afectiva y el origen de los fondos que sostenían el día a día de su entorno.
Esta táctica de distanciamiento se acentuó al abordar el cese de los pagos en septiembre de 2021. Ábalos utilizó el fin de su relación sentimental como un coartada cronológica, sugiriendo que, una vez rota la unión, él dejó de ser receptor de cualquier información relevante. Es aquí donde introdujo conceptos ajenos al léxico jurídico tradicional, como el “ghosting”, para describir una ruptura que calificó de “brusca”. Con este movimiento, el exministro intenta invalidar el testimonio de Jésica Rodríguez, insinuando que su versión de los hechos podría estar viciada o dirigida: “Habría que ver si esta persona ha sido coaccionada”, llegó a afirmar ante el tribunal, al tiempo que confesaba con tono de abatimiento que “estoy seguro de que tenía la declaración estudiada”.
La relación con el empresario Víctor de Aldama fue otro de los pilares que Ábalos intentó derribar. Frente a los informes de la Guardia Civil, que sitúan a Aldama como un facilitador con acceso privilegiado al Ministerio, el exministro lo redujo a un personaje periférico que “se limitaba a alardear”. Fue especialmente contundente al referirse a la supuesta carta oficial con la que el empresario se presentaba ante el Gobierno de Venezuela para actuar como enlace con Guaidó. “Esa carta es falsa”, sentenció Ábalos, argumentando que “cualquier correspondencia del ministro lleva la firma, pero nunca va sellada”. Al tachar de "atrevido" el uso de dicho documento, el exministro se posiciona como una autoridad suplantada por un particular ambicioso, tratando de borrar cualquier rastro de tráfico de influencias.
En cuanto a la logística de sus desplazamientos internacionales, especialmente el polémico viaje a México, Ábalos defendió la institucionalidad de su agenda. Explicó que el objetivo era “recomponer la imagen de España” tras la cancelación de proyectos aeroportuarios millonarios por parte del gobierno mexicano. Al enmarcar la presencia de Aldama en estos viajes como algo limitado a una “visita protocolaria” gestionada por contactos externos, el exministro busca vaciar de contenido delictivo la coincidencia física entre el regulador y el presunto comisionista.
Finalmente, la estrategia de Ábalos ante el Tribunal Supremo se resume, hasta este momento, en una defensa basada en la atomización de la culpa. Al admitir que “se confunden las cosas” entre las funciones de un asesor y las atenciones de un amigo, el exministro intenta que el tribunal perciba sus errores como fallos de juicio personal y no como delitos de corrupción.