La comparecencia de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo está siendo un ejercicio de equilibrismo retórico destinado a fragmentar la tesis incriminatoria de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. El exministro de Transportes no solo ha acudido a dar explicaciones sobre el rescate de Air Europa o la gestión de suministros sanitarios, sino que ha construido una narrativa de "indigencia financiera" y dependencia logística respecto a su antiguo asesor, Koldo García, para justificar una operativa económica que los investigadores califican de sospechosa.
El eje central de su defensa ha sido la negación de ingresos ocultos. Ábalos ha sido tajante al asegurar que desde el pasado 10 de diciembre carece de ingresos, utilizando este dato como un escudo moral contra las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Según su versión, si existiera dinero negro, este acabaría aflorando de forma inevitable, tal como sucede en otros procesos judiciales de calado. Para reforzar esta imagen de estrechez económica, el exministro ha revelado que el dinero prestado a su hijo procedía directamente de los ahorros de Koldo García, una deuda que, según ha confesado bajo juramento, todavía mantiene vigente con su antiguo colaborador.
La interpretación de las pruebas de la Guardia Civil ha sido otro de los puntos de fricción. Ábalos ha tildado de "forzada" la lectura que los agentes hacen del término "folios" en las comunicaciones intervenidas. Frente a la sospecha de que podría tratarse de un código para referirse a dinero o documentos comprometedores, el exministro ha sostenido una explicación literal: eran folios de papel físicos, impresos en las dependencias del Ministerio incluso durante horas nocturnas, que le eran entregados por escoltas o conductores. Esta estrategia busca despojar de cualquier misticismo criminal al lenguaje utilizado por su entorno, reduciéndolo a una rutina administrativa trasnochada.
En lo relativo a la gestión del efectivo, la declaración ha tomado un tinte personalista y doméstico. Ábalos ha justificado la falta de retiradas de fondos de sus cuentas bancarias alegando que su exmujer controlaba la totalidad de sus finanzas, lo que le obligaba a recurrir de forma sistemática a Koldo para gastos ordinarios. El exministro ha reconocido pagos en metálico entre los años 2018 y 2023, pero los ha enmarcado en la cotidianidad, llegando a citar reintegros de cuantías mínimas como 96,9 euros para subrayar la supuesta transparencia de estos movimientos. Al ser interrogado sobre el origen de los fondos de su asesor, ha descargado toda responsabilidad jurídica asegurando que "no es su problema" de dónde extraía Koldo el dinero, limitándose a actuar como un receptor de préstamos y servicios de confianza.
El capítulo del chalet de Villa Parra ha servido para que el exministro cargue duramente contra el "sesgo" de la UCO. Ábalos ha defendido que la propiedad se pagó conforme a los días de estancia, con tarifas que partían de los 600 euros, y ha señalado directamente a Koldo García como la persona que asumió el gasto, desvinculando así al empresario Víctor de Aldama de cualquier pago directo a su favor. En su análisis, el informe policial ignora deliberadamente los ingresos familiares y las rentas procedentes de alquileres de su exmujer para sostener una acusación de blanqueo que, a su juicio, se desmorona al comprobar que en una década solo se le han detectado unos 94.000 euros de origen incierto.
Finalmente, sobre el rescate de Air Europa, Ábalos ha intentado elevar el debate al plano de la estrategia de Estado. Ha calificado de "muy grave" que se le impute la redacción de una nota de prensa inexistente, aclarando que solo existieron borradores técnicos que sirvieron como guion para fuentes oficiales. En un giro autocrítico pero exculpatorio, ha admitido que el Gobierno actuó tarde y fue "bastante rácano" con la aerolínea, a pesar de que se llegó a debatir seriamente su nacionalización debido a la angustia financiera que atravesaba la compañía. Con este argumento, Ábalos pretende situar sus contactos con Aldama y la cúpula de la empresa en un marco de urgencia nacional, intentando desactivar la tesis de que sus gestiones fueron una contraprestación por dádivas personales.