Dos mujeres han sido asesinadas en apenas veinticuatro horas. Una tenía 29 años y vivía en Antequera. La otra tenía 45 y residía en Alameda de la Sagra. Entre ambas dejan tres hijos menores de edad, además de varios hijos adultos. Sus muertes elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España durante 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.
El Ministerio de Igualdad ha convocado para el próximo martes 28 de julio un comité de crisis. No se trata de una ceremonia administrativa. Estos órganos se reúnen para analizar concentraciones especialmente graves de asesinatos, estudiar los fallos detectados y proponer mejoras en la respuesta institucional.
Cada comité de crisis contiene una pregunta que el Estado debe formularse con crudeza. Qué podía haberse hecho antes.
En Antequera existían denuncias previas y la víctima había estado incluida en el sistema VioGén. Su expareja la asesinó presuntamente con un arma blanca y se suicidó después. La mujer deja dos hijos de cuatro y siete años. En Alameda de la Sagra no constaban denuncias anteriores ni inscripción en el sistema de protección. El presunto agresor fue detenido después del crimen.
Los dos casos expresan las dificultades esenciales de la política pública contra la violencia de género. Uno revela que la existencia de una denuncia y la intervención de las instituciones no garantizan por sí solas la seguridad. El otro recuerda que una parte considerable de la violencia permanece fuera del conocimiento administrativo hasta que ya es demasiado tarde.
Por eso resulta insuficiente responder a cada asesinato con una apelación genérica a denunciar. La denuncia es un instrumento fundamental, pero exige confianza, recursos, acompañamiento y una evaluación del riesgo capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. También requiere que el entorno de la víctima reconozca las señales de control, aislamiento, amenaza o sometimiento antes de que la violencia alcance su forma extrema.
La responsabilidad nunca pertenece a la mujer que no denunció, retiró una medida o creyó posible recomponer su vida, la responsabilidad pertenece exclusivamente al asesino.
Las instituciones deben analizar, sin embargo, si los mecanismos disponibles fueron adecuados. Deben preguntarse cómo se valoró el riesgo, qué información se compartió, qué seguimiento se realizó y qué apoyo recibieron las víctimas. El sistema VioGén constituye una herramienta necesaria, pero ninguna clasificación puede sustituir el juicio profesional, la coordinación territorial y el contacto continuado con la mujer.
Julio es, históricamente, el mes con mayor número de asesinatos machistas desde que existen registros. El verano puede intensificar la convivencia, alterar rutinas y aumentar el tiempo de exposición a relaciones violentas. La sucesión de crímenes de estos días no permite explicaciones simples, pero sí exige elevar el nivel de alerta.
Esa respuesta necesita presupuesto, especialización policial, juzgados con medios suficientes, servicios sociales accesibles, alojamiento de emergencia y asistencia económica. Necesita también una política educativa sostenida que enseñe a identificar la dominación antes de que se normalice.
España construyó desde 2004 uno de los sistemas legislativos más avanzados de Europa contra la violencia de género. La renovación del Pacto de Estado permitió ampliar medidas y el Gobierno acordó este año distribuir cerca de 180 millones de euros entre las comunidades autónomas para desarrollar políticas de prevención y protección. Pero las leyes no actúan solas.
Pueden crear juzgados, protocolos y derechos. No pueden garantizar su ejecución homogénea ni impedir que una parte de la sociedad continúe interpretando la posesión, los celos y el control como asuntos privados. Tampoco pueden sobrevivir sin un consenso político que reconozca la naturaleza específica de esta violencia.
Aquí aparece una responsabilidad especial de la derecha democrática.
El Partido Popular suscribió el Pacto de Estado, pero continúa dependiendo territorial y parlamentariamente de una fuerza que reclama derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género, eliminar el Ministerio de Igualdad y sustituir la violencia machista por una categoría genérica que borra su origen estructural. Vox volvió a defender esas posiciones en el Senado durante esta misma primavera.
El PP no puede sostener simultáneamente que combate la violencia de género y aceptar que sus socios cuestionen el concepto sobre el que se articula toda la respuesta pública.
No basta con guardar un minuto de silencio y continuar después como si el negacionismo fuese una diferencia programática menor. Decir que todas las violencias son iguales puede parecer una fórmula conciliadora. En realidad, impide identificar aquella que se ejerce contra las mujeres dentro de relaciones construidas sobre la desigualdad, el dominio y la idea de pertenencia. Lo que no se nombra difícilmente puede prevenirse con precisión.
La protección de las víctimas exige unidad institucional, pero la unidad no consiste en rebajar el diagnóstico hasta hacerlo aceptable para quienes lo niegan. Consiste en compartir unos mínimos democráticos y aplicarlos con lealtad.
El comité de crisis deberá examinar los expedientes, detectar posibles fallos y proponer correcciones. Será una tarea técnica, dolorosa y necesaria. La política debe hacer otra cosa más difícil. Debe mantener la violencia machista fuera de la disputa oportunista y, al mismo tiempo, confrontar a quienes pretenden desdibujarla.
Treinta y una mujeres han sido asesinadas este año. Veinte menores han quedado huérfanos y 530 han perdido a sus madres desde 2013.
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