En una comunidad autónoma que lidera muchos indicadores económicos nacionales, existe una realidad menos visible que apenas ocupa espacio en el debate político: el progresivo debilitamiento del sistema público de servicios sociales. Bajo el lema «más servicios sociales, más justicia social», profesionales, entidades sociales y ciudadanía agrupadas en la Marea Naranja de Madrid han decidido volver a poner el foco sobre lo que consideran uno de los mayores déficits estructurales del estado del bienestar en la región.
La denuncia coincide con la Semana de la Justicia Social y llega en un momento especialmente significativo. Mientras aumentan las necesidades sociales derivadas del encarecimiento de la vida, la crisis de acceso a la vivienda o el envejecimiento de la población, quienes trabajan diariamente en la atención social advierten de que el sistema encargado de sostener a las personas más vulnerables atraviesa una situación crítica marcada por la falta de recursos, reconocimiento institucional y estabilidad profesional.
El cuarto pilar del bienestar que casi nunca aparece en los titulares
Los servicios sociales constituyen, junto a la sanidad, la educación y las pensiones, uno de los pilares esenciales del modelo social europeo. Sin embargo, a diferencia de estos ámbitos, su presencia pública resulta limitada. Rara vez protagonizan debates parlamentarios o ocupan portadas informativas, pese a intervenir directamente en situaciones de pobreza, dependencia, exclusión o emergencia social.
Según denuncian los colectivos profesionales, esta invisibilidad no es casual. La intervención social actúa principalmente sobre realidades que no generan rentabilidad política inmediata: pobreza infantil, soledad no deseada, violencia estructural o exclusión residencial. Problemas complejos que requieren inversión sostenida y cuyos resultados no se traducen en beneficios electorales rápidos.
Paradójicamente, el sistema solo adquiere visibilidad cuando se produce una crisis o una polémica. Entonces emerge bajo un enfoque crítico que cuestiona su funcionamiento, sin abordar las causas estructurales que explican sus limitaciones.
Una región rica con desigualdades profundas
La paradoja madrileña resulta especialmente evidente. A pesar de su peso económico, cerca de 1,5 millones de personas viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Más de la mitad son mujeres y alrededor de 250.000 menores crecen en hogares vulnerables, una cifra que refleja el impacto intergeneracional de la desigualdad.
Además, más de un millón de personas experimenta pobreza económica y una realidad cada vez más extendida: trabajadores y trabajadoras que, pese a tener empleo, no logran cubrir necesidades básicas. Cuatro de cada diez personas ocupadas se encuentran en esta situación, lo que desplaza hacia los servicios sociales problemas que antes quedaban fuera de su ámbito tradicional.
Este cambio transforma profundamente la demanda asistencial. Ya no se trata únicamente de atender situaciones extremas, sino de acompañar a amplias capas de población golpeadas por el coste de la vivienda, la precariedad laboral o el aislamiento social.
Financiación insuficiente y modelo asistencial agotado
Uno de los principales puntos de preocupación señalados por la Marea Naranja es la persistencia de un modelo fundamentalmente asistencialista. El presupuesto destinado a servicios sociales continúa situándose por debajo del 10 % del gasto regional, una proporción considerada insuficiente para responder a los desafíos actuales.
Especial inquietud genera la situación de la Renta Mínima de Inserción, cuya dotación económica permanece muy limitada y lejos de configurarse como un verdadero complemento al Ingreso Mínimo Vital. En una comunidad con uno de los costes de vida más elevados del país, esta prestación mantiene un carácter residual que reduce su capacidad real de protección.
A ello se suma la financiación prácticamente congelada que reciben las entidades locales a través de convenios que apenas han variado en la última década. Los ayuntamientos, puerta de entrada principal al sistema, soportan así una presión creciente con recursos similares a los de hace diez años.
Las consecuencias son visibles también en el ámbito de la dependencia: más de diez mil personas permanecen en lista de espera y el tiempo medio entre solicitud y acceso efectivo a una prestación se acerca al año.
Profesionales al límite y fuga de talento
El deterioro del sistema no solo afecta a quienes reciben atención. También impacta directamente en sus profesionales. Trabajadores sociales, educadores, psicólogos o integradores denuncian una sobrecarga estructural que se prolonga desde hace años.
El aumento constante de expedientes, unido a plantillas insuficientes, está generando agotamiento profesional, incremento de bajas laborales y abandono del sector. Esta fuga de talento amenaza la continuidad de intervenciones sociales que requieren estabilidad y seguimiento prolongado.
La situación se ve agravada por el peso creciente de modelos de gestión externalizados. Aunque forman parte del sistema, distintas fórmulas de privatización introducen dinámicas laborales más precarias y dificultan la consolidación de equipos estables, afectando directamente a la calidad de la atención.
Nuevos retos sociales que exigen otro modelo
Madrid afronta transformaciones sociales profundas que incrementan la presión sobre los servicios sociales. El envejecimiento poblacional multiplica las situaciones de dependencia y soledad; el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión; y el aumento de hogares monomarentales introduce nuevas necesidades de apoyo comunitario.
A ello se añaden desigualdades en salud, brechas educativas y carencias en otros sistemas de protección que terminan derivando hacia la atención social primaria. Los servicios sociales funcionan como red de contención final cuando fallan otros mecanismos del estado del bienestar.
Ante este escenario, los colectivos profesionales reclaman reformas estructurales que superen el enfoque reactivo y avancen hacia un modelo preventivo basado en derechos, planificación y estabilidad institucional.
Justicia social o retroceso silencioso
La advertencia lanzada durante la Semana de la Justicia Social es clara: debilitar los servicios sociales implica erosionar la cohesión social. Sin un sistema sólido capaz de prevenir desigualdades, aumenta el riesgo de fractura social incluso en territorios económicamente prósperos.
La reivindicación no se limita a reclamar más presupuesto. También exige reconocimiento político, estándares profesionales homogéneos, garantías éticas y una apuesta decidida por reforzar el carácter público del sistema.
Porque, como recuerdan desde la Marea Naranja, resulta imposible construir una sociedad verdaderamente justa mientras se deterioran los mecanismos encargados de sostener a quienes más lo necesitan.
El mensaje final resume el sentido de la movilización: sin servicios sociales fuertes no hay igualdad real, y sin igualdad no puede existir una democracia plenamente cohesionada. Madrid, sostienen, se encuentra ante una decisión de fondo: reforzar su red de protección social o asumir el coste humano de seguir invisibilizándola.
Organizaciones que forman parte de la Marea Naranja: Foro de Servicios sociales, Asociación de directores y directoras y gerentes de servicios sociales, UGT Madrid, ATTAC Madrid, Integradores sociales de Madrid, Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid, El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión de Madrid, Colegio Oficial de Trabajo Social, Plataforma Democrática de Diversidad Funcional, Urge Parla, Plataforma de personas discapacidad funcional.