El IX Informe de la Fundación FOESSA presentado en 2025 documenta una transformación silenciosa y desigual del tejido social español. Las cifras hablan de cronificación de la pobreza, aumento de la exclusión severa y de una juventud que ve reducidas sus oportunidades, incluso con empleo. La raíz común: un modelo socioeconómico que erosiona la tribuna de la integración.
Un panorama estructural y extendido
El IX informe recoge que aproximadamente 9,4 millones de personas —más de una de cada seis en España— experimentan algún nivel de exclusión social. De ese conjunto, unos 4,3 millones están en situación de exclusión severa, lo que supone un aumento del 52 % respecto a 2007.
No se trata únicamente de crisis coyunturales, sino de un patrón persistente que asocia empleo precario, vivienda inestable, insuficiente protección social y entornos de origen que determinan más que el esfuerzo individual.
La falacia del empleo como salvación
Una de las conclusiones más preocupantes es que tener empleo ya no garantiza la integración social. El informe señala que una proporción relevante de personas que trabajan sin embargo siguen en situación de exclusión.Se consolida así la figura de la “pobreza trabajadora”: empleos de baja cualificación, temporalidad elevada, jornada parcial involuntaria, salario insuficiente para cubrir los mínimos dignos.
Eso explica por qué los jóvenes —que, en teoría, acceden al mercado laboral— son especialmente vulnerables. Según el informe, entre la franja de 18-29 años el 11 % ya se encuentra en exclusión severa, cifra que ha crecido un 83 % desde 2007.
Factores decisivos de la vulnerabilidad
Vivienda y territorialidad
La vivienda emerge como factor central de desigualdad. El informe indica que en el alquiler la vulnerabilidad alimenta la exclusión: aproximadamente el 45 % de quienes alquilan están en riesgo de pobreza o exclusión. La brecha territorial también es clave: regiones con bajo PIB per cápita muestran mayor incidencia de exclusión, pero la mayor parte de la desigualdad se concentra intra-regionalmente, no sólo entre comunidades autónomas.
Educación y origen social
El informe documenta que el nivel educativo sigue siendo una protección, pero ya no garantiza. Las personas con bajos logros educativos tienen mayor riesgo de exclusión severa, y el origen familiar —nivel educativo de los progenitores, posición social— aparece como variable tan decisiva como los estudios mismos.
Género y cuidados
El estudio dedica un espacio relevante a la desigualdad de género en el empleo, cuidado y tiempo libre. Las mujeres siguen soportando la mayor parte de las tareas de cuidados no remuneradas y afrontan jornadas laborales más fragmentadas, lo que se traduce en mayor subempleo y mayor riesgo de exclusión. Cáritas+1 Esta sobrecarga convierte el empleo femenino en terreno especialmente expuesto a vulnerabilidad.
Crisis acumulativas y efectos intergeneracionales
Las sucesivas crisis —la de 2008, la pandemia, la actual inestabilidad laboral y de vivienda— han tenido un efecto acumulativo. Las recuperaciones no han logrado recomponer del todo el tejido social anterior, y en muchos casos han generado nuevas generaciones atrapadas sin acceso a empleo digno, vivienda estable o proyecto vital autónomo. El informe usa la metáfora de la “sociedad transformada desde sus cimientos” para describir esta dinámica.
Además, la exclusión no es neutra en tiempo: la infancia y la juventud tienen tasas de exclusión severa claramente superiores a las de las personas mayores. Por ejemplo, el 15,4 % de menores de edad vive en exclusión severa, el doble que en 2007.
Líneas de tensión para las políticas públicas
El informe subraya que la protección social, los servicios y los mecanismos de inclusión requieren una mirada más integrada, más preventiva y mejor orientada al género, al espacio y al ciclo de vida.
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Es necesario reponer los frenos que antaño actuaban como ascensores sociales: educación, empleo estable, vivienda digna.
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La norma para prácticas, becarios o transiciones tempranas de la vida laboral es parte de ese mapa, porque la gente joven ya no puede permitirse ser mano de obra barata.
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También se reclama una fiscalidad más progresiva y un fortalecimiento del Estado de bienestar que no dependa únicamente del empleo tradicional o del status de propiedad.
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Sin embargo, se advierte que el soporte social público tiene una legitimidad frágil si no construye participación real, empleo decente y vínculo comunitario: la democracia y la cohesión social están en riesgo.
El IX Informe de FOESSA no ofrece respuestas milagrosas, pero lanza una advertencia clara: convivimos con una exclusión estructural que ni se corrige sola ni espera a que “la economía mejore”. En este contexto, los jóvenes, las mujeres, las personas que no poseen vivienda o proceden de familias sin capital social están en la primera línea del riesgo. La pregunta deja de ser si hay políticas, y pasa a ser cuál es la voluntad política para sostenerlas realmente, y con qué recursos y prioridades.