La negociación del salario mínimo para 2026 arranca con posiciones alejadas y un nudo estructural sin resolver: si la mejora del SMI debe traducirse en más renta efectiva para quienes menos cobran o diluirse a través de complementos salariales ya existentes.
Una negociación con antecedentes
La reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para este miércoles no parte de cero. Llega precedida de cinco subidas consecutivas del salario mínimo acordadas sin la patronal, una anomalía que se ha convertido en rutina desde 2021 y que refleja tanto la debilidad del consenso tripartito como la resistencia empresarial a asumir un cambio de ciclo en los salarios más bajos.
El punto de partida técnico lo marca, una vez más, el Comité de Expertos, cuya recomendación sitúa el incremento entre el 3,1% y el 4,7%, según el tratamiento fiscal del SMI. No es una cifra arbitraria: responde al compromiso de acercar el salario mínimo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. La discusión ya no es si ese objetivo sigue vigente, sino quién asume el coste político y económico de alcanzarlo.
Tributación, poder adquisitivo y relato
El debate sobre si el SMI debe tributar en el IRPF ha adquirido una centralidad que va más allá de lo fiscal. Mantener la exención preserva el poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo, pero también desplaza la carga del ajuste hacia las cuentas públicas. Permitir la tributación, en cambio, facilita subidas nominales mayores, aunque con un impacto neto más limitado en el bolsillo.
El Ministerio de Trabajo ha optado por no anticipar su propuesta, consciente de que cualquier cifra previa podría dinamitar una negociación ya frágil. Hacienda, por su parte, ha dejado abierta la puerta a adaptar las deducciones, un movimiento que busca evitar que el debate fiscal se convierta en un obstáculo insalvable.
El verdadero conflicto: absorber o no absorber
Más allá de los porcentajes, el principal escollo sigue siendo la reforma de las reglas de absorción y compensación. Trabajo y los sindicatos quieren impedir que los complementos salariales neutralicen la subida del SMI, una práctica legal pero que, en la práctica, vacía de contenido muchas mejoras nominales.
La patronal rechaza esta reforma porque afecta directamente a la arquitectura salarial de miles de convenios, y porque limita la flexibilidad empresarial en un contexto que sigue presentándose como incierto, pese a los buenos datos de empleo y beneficios en amplios sectores.
Aquí se libra la batalla de fondo: si el salario mínimo es un suelo real y efectivo o un mero umbral contable.
Un salario mínimo que ya no es residual
El SMI ha dejado de ser una referencia marginal para convertirse en una pieza central de la política laboral. Afecta de forma directa a millones de trabajadores y tiene efectos de arrastre sobre convenios, prestaciones y cotizaciones. Por eso, cada negociación se convierte en un pulso político y económico que trasciende la mesa del diálogo social.
Que el salario mínimo arranque 2026 congelado en 1.184 euros es una consecuencia técnica, pero también simbólica: el tiempo corre en contra de quienes viven al límite del salario mínimo, no de quienes negocian su subida.
La incógnita no es si habrá incremento —eso parece descontado—, sino si el acuerdo volverá a nacer incompleto, sin la patronal, y si el modelo de concertación social que durante décadas vertebró la política laboral española sigue teniendo capacidad para adaptarse a un mercado de trabajo que ha cambiado más rápido que sus reglas.