El Partido Popular ha decidido elevar el tono de su ofensiva parlamentaria mediante el registro de una proposición no de ley (PNL) destinada a desmantelar uno de los pilares más controvertidos de la pasada legislatura: la libre autodeterminación de género. Esta iniciativa busca específicamente revertir la posibilidad de modificar el sexo en el Registro Civil mediante la mera voluntad declarada, una medida que los populares califican como el motor de un preocupante borrado jurídico de las mujeres.
El fondo de esta batalla legal se centra en la reforma de los artículos 43 y 44 de la norma impulsada originalmente por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. La actual legislación eliminó la exigencia de informes médicos o tratamientos de hormonación previos, estableciendo un sistema basado exclusivamente en el deseo del individuo. Para el Partido Popular, este modelo no solo responde a planteamientos ideológicos que pretenden subordinar avances históricos, sino que genera una evidente desprotección institucional de las mujeres. Según el análisis de la formación conservadora, la desaparición del criterio biológico en el registro altera gravemente las garantías de los espacios de seguridad y compromete la eficacia de las políticas públicas de igualdad diseñadas específicamente en función del sexo.
Este movimiento político no ocurre en el vacío, sino que se entrelaza con una crisis profunda dentro del propio movimiento feminista. La corriente real del feminismo se ha manifestado de forma persistente contra la Ley Trans, argumentando que la subjetividad del género no puede suplantar la realidad material del sexo sin desvirtuar la lucha por los derechos de las mujeres. Esta discrepancia doctrinal fue el detonante de la histórica división del 8-M en 2022 y, a las puertas de un nuevo Día de la Mujer sin visos de reconciliación, la PNL del PP pretende capitalizar ese descontento. La iniciativa se presenta como una vía para poner fin a la colisión de derechos, asegurando que el reconocimiento de nuevas libertades para el colectivo LGTBI no suponga, en la práctica, un debilitamiento de la protección jurídica de las niñas y las mujeres.
Desde la bancada popular se insiste en que esta propuesta no cuestiona la dignidad ni la protección de las personas transexuales, sino que busca restaurar el rigor jurídico frente a lo que consideran un retroceso en los derechos conquistados. Sin embargo, el recorrido de esta iniciativa es complejo. Una vez debatida y votada en el pleno, de ser aprobada, la PNL tendrá un valor meramente declarativo. El Parlamento podrá instar al Gobierno a modificar la ley, pero no existe una obligación jurídica inmediata para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acate los postulados del texto. Aun así, la carga política del debate es innegable, ya que obligará a cada grupo parlamentario a posicionarse de nuevo en un tema que sigue polarizando a la sociedad española y erosionando las costuras de la coalición gubernamental.
El feminismo real contra el borrado de las mujeres de Sánchez y Montero
El feminismo real ha estructurado una contraofensiva técnica frente al modelo de la Ley Trans. Lejos de basarse en prejuicios, sus argumentos se articulan en torno a la protección de categorías jurídicas que consideran indispensables para combatir la desigualdad estructural. Para esta corriente, la sustitución del sexo biológico por la "identidad de género" subjetiva desmantela el andamiaje legal que permite proteger a las mujeres en una sociedad patriarcal.
El argumento central del feminismo real sostiene que el sexo es una realidad biológica objetiva y no un sentimiento interno. Desde este prisma, las leyes de igualdad se diseñaron para corregir la discriminación que sufren las personas nacidas con cuerpos femeninos. Al permitir la autodeterminación de género mediante la mera voluntad declarada en el Registro Civil, se produce una "desmaterialización" del sujeto político del feminismo. Si el sexo deja de ser una categoría estable y verificable, las estadísticas basadas en el sexo, fundamentales para diseñar políticas públicas contra la brecha salarial, la violencia machista o la representación paritaria, pierden su rigor técnico y su capacidad de diagnóstico.
Otro eje técnico fundamental reside en la preservación de los espacios segregados por sexo. El feminismo real argumenta que la existencia de vestuarios, prisiones o centros de crisis para víctimas de violencia sexual segregados no es un capricho, sino una medida de protección basada en la vulnerabilidad específica de las mujeres ante la violencia masculina. La crítica técnica señala que la Ley Trans permite el acceso a estos espacios sin necesidad de informes médicos o procesos de transición física, lo que, a su juicio, altera las garantías de seguridad y privacidad. Sostienen que el derecho individual a la identidad no puede colisionar con el derecho colectivo de las mujeres a mantener espacios seguros libres de presencia biológica masculina.
La preocupación se extiende también al ámbito de la acción positiva. Las cuotas de género y las listas cremallera están diseñadas para romper techos de cristal basados en la exclusión histórica de las mujeres por su sexo. El feminismo real advierte que la autodeterminación abre la puerta a un uso fraudulento de la norma, donde individuos que no han vivido la socialización femenina podrían ocupar puestos destinados a corregir la infrarepresentación de las mujeres. Asimismo, en el ámbito de la violencia machista, estas corrientes alertan sobre la complejidad jurídica que supone juzgar delitos basados en la dominación del hombre sobre la mujer si el agresor puede cambiar su sexo registral de forma unilateral, lo que podría desvirtuar la naturaleza específica de estas leyes de protección integral.