La aprobación en el Congreso de la proposición de ley que permitirá a los mutualistas incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos supone uno de los movimientos más relevantes de los últimos años en el ámbito de la previsión social profesional.
Detrás de los tecnicismos jurídicos y de los debates parlamentarios existe una realidad mucho más concreta. Miles de abogados, procuradores y otros profesionales colegiados llevan años reclamando una respuesta a una situación que consideran injusta. Muchos descubrieron demasiado tarde que las prestaciones previstas por determinados sistemas alternativos de previsión social resultaban insuficientes para garantizar una jubilación digna.
La reivindicación ha ido creciendo hasta convertirse en una de las mayores movilizaciones profesionales de los últimos tiempos. El avance de la denominada pasarela al RETA representa, por tanto, una victoria política para quienes durante años exigieron que se reconociera una desigualdad que afectaba a generaciones enteras de profesionales.
La cuestión trasciende el ámbito corporativo. Lo que se discute en realidad es el modelo de protección social que debe ofrecer una democracia moderna. La experiencia acumulada durante las últimas décadas demuestra que la libertad de elección entre sistemas distintos no siempre genera resultados equivalentes. Cuando aparecen diferencias sustanciales en materia de pensiones, cobertura o derechos sociales, el principio de igualdad termina inevitablemente entrando en el debate.
Por esa razón resulta especialmente relevante que el texto aprobado contemple derechos equiparables a los reconocidos a quienes han cotizado en el RETA y que preserve la exención fiscal en el traspaso de los fondos acumulados.
Sin embargo, el acuerdo todavía está lejos de haber concluido. Mutualidad ha reaccionado positivamente al avance parlamentario, aunque ha introducido un elemento que probablemente marcará las próximas fases de negociación. La necesidad de que el traspaso de fondos se realice de manera ordenada y vinculada al momento en que se genere efectivamente la prestación pública.
La petición responde a una lógica comprensible. La entidad administra más de 11.000 millones de euros de ahorro acumulado y tiene la obligación de velar por la estabilidad financiera del sistema. Una salida masiva e inmediata de recursos podría generar tensiones que afectarían tanto a quienes decidan incorporarse al RETA como a quienes opten por permanecer en el modelo mutualista.
La discusión exige equilibrio. Por un lado, resulta legítimo que los mutualistas reclamen una solución rápida tras años de incertidumbre. Por otro, también resulta razonable que la transición se diseñe con garantías jurídicas y financieras suficientes para evitar efectos indeseados.
La buena noticia es que el debate ha dejado de centrarse en si la pasarela debe existir o no. La cuestión principal ya no parece ser el reconocimiento del problema, sino la forma concreta de resolverlo y ese cambio tiene una enorme importancia política.
Durante demasiado tiempo, miles de profesionales escucharon que sus reclamaciones eran inviables, excesivas o incompatibles con la sostenibilidad del sistema. Hoy el Congreso reconoce implícitamente que la situación requería una respuesta legislativa.
La protección social constituye uno de los pilares fundamentales del contrato democrático. Las sociedades avanzadas se definen, entre otras cosas, por su capacidad para ofrecer seguridad a quienes han trabajado durante décadas y esperan una jubilación acorde con el esfuerzo realizado.
La tramitación parlamentaria seguirá su curso durante los próximos meses. Quedan aspectos técnicos por resolver y previsiblemente surgirán nuevas discrepancias sobre el alcance definitivo de la reforma.
Lo importante es que el debate ha entrado en una fase distinta. Por primera vez en muchos años, miles de mutualistas contemplan la posibilidad de que una reivindicación histórica deje de ser una promesa y empiece a convertirse en una realidad.