Ayer, 15 de octubre de 2025, falleció en Madrid Julio Rodríguez Gómez, abogado laboralista, militante del Partido Comunista de España (PCE) y figura destacada de la red de abogados de Atocha, vinculada a Comisiones Obreras (CCOO) a los 93 años. Su nombre, discreto pero fundamental, forma parte de la generación de juristas que sostuvo la defensa de los derechos laborales y civiles en los años más oscuros del franquismo y en los primeros pasos de la Transición.
Su vida fue la de un hombre comprometido con la justicia y la democracia desde el frente jurídico, cuando defender a los trabajadores significaba enfrentarse directamente a la represión. Fue testigo de algunos de los episodios más duros de la historia reciente de España y, al mismo tiempo, protagonista de una transformación colectiva que permitió que el derecho laboral se convirtiera en una herramienta de libertad.
Testigo del juicio por la matanza de Atocha
El nombre de Julio Rodríguez Gómez aparece en las crónicas del juicio por la matanza de Atocha, celebrado en 1980, tres años después del brutal asesinato de cinco abogados laboralistas a manos de pistoleros de extrema derecha. Durante el proceso, Rodríguez compareció como testigo, explicando con claridad cómo funcionaban los despachos de abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE.
Describió la organización interna de aquellos bufetes: la distribución de materias (laboral, vecinal y profesional), el trabajo colectivo sin jerarquías y la cooperación constante entre juristas. “Cada abogado tenía un voto; no había jefes, solo compañeros”, explicó entonces. Su testimonio ayudó a desmentir las insinuaciones que intentaban criminalizar a aquellos letrados y defendió el sentido profundo de su labor: proteger los derechos de la clase trabajadora en tiempos de represión.
El acoso del franquismo
Antes del crimen de 1977, los abogados laboralistas ya eran objeto de persecución constante. Rodríguez formaba parte del despacho de Atocha 49, donde trabajó junto a Manuela Carmena, Ignacio del Río y otros juristas comprometidos con las causas obreras. En los archivos de la Fundación Juan March se conservan documentos que relatan cómo la policía franquista irrumpió en el despacho y detuvo a más de veinte abogados acusándolos de “reunión ilegal” o “propaganda comunista”.
Aquellos jóvenes juristas vivían sabiendo que cada caso laboral podía convertirse en un acto político. Sin embargo, no se detuvieron. La red de Atocha se extendió como una malla solidaria de defensa jurídica, que garantizaba asesoramiento gratuito a comités de empresa, asociaciones vecinales y trabajadores despedidos. Rodríguez Gómez fue uno de sus engranajes esenciales.
Matanza de Atocha 1977
Tras la detención parcial de los autores de la matanza de Atocha, el entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, ofreció una rueda de prensa en la que, lejos de reconocer el carácter político del crimen, lo describió como “un ajuste de cuentas entre sindicalistas”, según recogen distintas crónicas y estudios históricos sobre la Transición, como Matanza de Atocha 1977. Caso abierto de Alejandro M. Gallo. Esta versión pretendía minimizar la dimensión ideológica del atentado, cometido por un comando de extrema derecha vinculado a grupos falangistas. El objetivo era desactivar la indignación social y evitar que el asesinato de cinco abogados laboralistas —todos militantes o simpatizantes del PCE y CCOO— se interpretara como un ataque directo contra el proceso democrático en marcha.
En aquel enero de 1977, España vivía una etapa de enorme tensión política y social. El gobierno de Adolfo Suárez, aún antes de las primeras elecciones libres, intentaba mantener el equilibrio entre la apertura democrática y las presiones de los sectores más inmovilistas del Ejército y la policía. Las palabras de Martín Villa, difundidas en los medios, reflejaban ese intento de controlar el relato y evitar una crisis mayor. Sin embargo, la sociedad reaccionó en sentido contrario: más de 100.000 personas acompañaron los féretros de los abogados de Atocha, en una de las mayores manifestaciones de la Transición, que simbolizó el rechazo ciudadano a la violencia fascista y el compromiso colectivo con la democracia.
De la dictadura a la democracia
Tras la matanza de enero de 1977, que conmovió al país y aceleró la legalización del PCE, Rodríguez Gómez siguió ejerciendo la abogacía con la misma determinación. Participó en varios casos relevantes durante los primeros años de la democracia, entre ellos la defensa de los estudiantes del Instituto San Isidro, agredidos por grupos de ultraderecha. En una de sus declaraciones, recordó: “No se puede llamar justicia a un proceso que confunde a las víctimas con los agresores”.
Esa frase resume su manera de entender el derecho: no como una profesión técnica, sino como una forma de resistencia moral. Rodríguez creía que los abogados no debían limitarse a los despachos, sino comprometerse con la sociedad y acompañar a quienes sufrían la injusticia.
Despacho de Atocha
Las fuentes no siempre coinciden al ubicarlo en un despacho concreto. Algunos documentos, como las crónicas de El País de 1980, lo mencionan como abogado del despacho de Atocha 49; otros, como las comunicaciones de la Asociación Paz Ahora, lo identifican como abogado de Atocha 55. La explicación más probable es que trabajó en ambos en distintos momentos, como hicieron muchos de los letrados de la red.
Su hijo, Julio Rodríguez Bueno, era uno de los estudiantes agredidos del Instituto San Isidro, cursando entonces tercero de BUP, profesor y activista por la paz, ha recordado en diversas ocasiones el compromiso de su padre y el peso emocional que tuvo crecer entre legajos, manifestaciones y causas judiciales. “Mi padre no hablaba de heroísmo, hablaba de justicia”, dijo en un acto conmemorativo organizado por Paz Ahora. Esa frase resume mejor que ninguna otra el legado familiar y político de Rodríguez Gómez.
La memoria de un país
El pasado 24 de enero de 2025, coincidiendo con el 48.º aniversario del atentado, el monumento “El Abrazo”, de Juan Genovés, situado en la plaza de Antón Martín, fue declarado Lugar de Memoria Democrática. Allí se recuerda cada año a los abogados asesinados y a quienes, como Rodríguez Gómez, mantuvieron viva la defensa del movimiento obrero tras aquel crimen.
Su fallecimiento llega justo cuando la sociedad española vuelve a reflexionar sobre la importancia de la memoria y los derechos conquistados. Para muchos compañeros de profesión, su nombre representa la constancia, la dignidad y la ética jurídica frente a las injusticias del poder.
Un legado que trasciende generaciones
Julio Rodríguez Gómez fue, ante todo, un hombre coherente. Nunca buscó notoriedad ni cargos públicos; su territorio fue siempre el de los tribunales y los sindicatos. A lo largo de su carrera, acompañó huelgas, asesoró a comités de empresa y defendió causas que muchos otros habrían evitado.
Su muerte supone la pérdida de uno de los últimos testigos directos de aquella generación de abogados que se enfrentaron al franquismo con códigos civiles en la mano y convicción democrática en el corazón. En un momento de crisis de valores y precariedad creciente, su ejemplo cobra una fuerza especial.
Ayer, cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, numerosos juristas, sindicalistas y antiguos compañeros de Atocha expresaron su pesar. En redes sociales, muchos recordaron su serenidad y su compromiso. “Sin abogados como Julio Rodríguez Gómez, la democracia española no se habría construido”, escribió un antiguo compañero de CCOO.
Su historia recuerda que los derechos nunca son eternos, que hay que defenderlos cada día y que la justicia no se entiende sin memoria.
Julio Rodríguez Gómez, abogado de Atocha, vivió con la dignidad de quien sabía que la ley, cuando se pone del lado del pueblo, también puede ser revolucionaria.