El último informe de Eurofound, la agencia europea de investigación para políticas sociales, pone cifras a una realidad que ya se percibe como estructural: en amplias zonas de España, una persona joven necesita casi todo su salario para pagar un alquiler. En algunos casos, ni siquiera eso basta. El dato no solo describe una disfunción del mercado inmobiliario; retrata un fallo profundo del contrato social entre generaciones.
España se sitúa, junto a países como Bulgaria, Irlanda, Polonia y Portugal, entre los Estados miembros donde el alquiler de una vivienda estándar de dos habitaciones exige más del 80% del salario medio juvenil. En zonas costeras españolas y portuguesas, la proporción supera el 100%. En términos prácticos, el acceso a la vivienda deja de depender del empleo y pasa a requerir ingresos múltiples, apoyo familiar o endeudamiento informal. Para los jóvenes que viven solos, el sistema simplemente no funciona.
El turismo como distorsión estructural
El informe señala un elemento clave: las zonas donde el alquiler resulta más inaccesible coinciden con destinos turísticos consolidados, donde la vivienda habitual compite con el alquiler de corta duración y con las segundas residencias. No se trata de un fenómeno coyuntural ni accidental, sino de una reasignación del parque residencial hacia usos más rentables, alentada durante años por políticas públicas permisivas y por la falta de una oferta alternativa suficiente.
Este proceso ha convertido amplias áreas urbanas y costeras en espacios económicamente hostiles para quienes dependen de su salario. El resultado es una paradoja cada vez más visible: territorios prósperos sin residentes estables, economías locales dinámicas sostenidas por trabajadores que no pueden permitirse vivir en ellas.
Más gasto, peor vivienda
La presión sobre los precios no solo expulsa; también degrada. Eurofound subraya que, pese a destinar una proporción creciente de sus ingresos a la vivienda, los jóvenes viven con mayor frecuencia en condiciones deficientes: pisos superpoblados, edificios deteriorados y entornos con problemas medioambientales o de convivencia.
Los datos son elocuentes. En Portugal, el 38% de los jóvenes de entre 18 y 29 años declara sufrir problemas de goteras, humedad o podredumbre en su vivienda. En España, el porcentaje alcanza el 31%. El mercado no solo es caro; es, en muchos casos, ineficiente y de baja calidad. El precio deja de ser un indicador de bienestar y se convierte en un peaje para evitar la exclusión.
Fracaso político de largo recorrido
La vivienda ha sido tratada durante décadas como un activo financiero antes que como un bien social. El resultado es un sistema que premia la escasez y penaliza la estabilidad, especialmente para quienes intentan acceder a su primera vivienda. Las políticas públicas han tendido a actuar sobre la demanda (subvenciones, desgravaciones, ayudas directas) sin corregir el desequilibrio fundamental: la falta de oferta asequible.
Eurofound es explícita al respecto. Recomienda a los Estados miembros priorizar la ampliación del parque de vivienda asequible, en lugar de seguir inflando los precios mediante incentivos monetarios. También señala un recurso sistemáticamente ignorado: la rehabilitación de edificios vacíos, una solución que permitiría aumentar la oferta sin consumir nuevo suelo ni alimentar la especulación.
Neutralidad fiscal y cambio de prioridades
Otra de las recomendaciones apunta a un tabú político persistente: la neutralidad fiscal entre propiedad y alquiler. En muchos países europeos, España incluida, la política fiscal favorece históricamente la compra frente al arrendamiento, distorsionando decisiones individuales y reduciendo la inversión en alquiler estable y de calidad.
Corregir esta asimetría implicaría asumir que la propiedad no puede seguir siendo el único horizonte legítimo de acceso a la vivienda. Para una generación marcada por la precariedad laboral y la movilidad forzada, el alquiler debería ser una opción viable, no una trampa financiera.
Más que un problema de vivienda
El encarecimiento del alquiler no es un fenómeno aislado. Afecta a la emancipación, a la formación de hogares, a la natalidad y, en última instancia, a la cohesión social. Cuando una sociedad exige a sus jóvenes destinar casi todo su salario a un techo precario, no está gestionando un mercado; está consumiendo su futuro.
La advertencia de Eurofound no es técnica, sino política. Sin una intervención decidida para reequilibrar el acceso a la vivienda, Europa corre el riesgo de consolidar una división generacional duradera: propietarios protegidos frente a inquilinos permanentes, prosperidad acumulada frente a expectativas menguantes. En ese escenario, el problema ya no será dónde viven los jóvenes, sino por qué deberían seguir creyendo en el sistema que los excluye.