Las cifras no solo describen un problema; dibujan un mapa de alerta temprana. El último boletín del Ministerio del Interior confirma que miles de menores en España crecen bajo la sombra de la violencia ejercida contra sus madres, un fenómeno que ya no se interpreta como daño colateral sino como una forma deliberada de control y castigo.
Hay datos que conviene leer sin prisa. No por frialdad estadística, sino porque cada número es una situación vigilada para evitar que la violencia llegue a consumarse. El sistema VioGén tiene identificados a 1.538 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria, la expresión más extrema de la violencia machista: la que utiliza a los hijos para infligir un daño irreversible.
No es un fenómeno nuevo, pero sí más visible. Durante años se interpretó como episodios aislados; hoy se analiza como una estrategia de dominación que aparece cuando el agresor percibe que pierde el control sobre la mujer. Los tres casos catalogados como de riesgo extremo son el punto más crítico de un engranaje preventivo que trata de adelantarse al desenlace. Otros 131 están en nivel alto y 1.404 en medio. La clasificación no es burocrática: determina vigilancia policial, seguimiento judicial y coordinación con servicios sociales.
La infancia en el centro del sistema de protección
El informe revela además que existen 53.716 casos de violencia de género con menores a cargo. En términos de política pública, este dato ha cambiado el enfoque institucional: ya no se protege solo a la mujer, se protege a la unidad familiar frente a una violencia que tiende a expandirse.
Los especialistas llevan tiempo advirtiendo de que el agresor que pierde influencia puede optar por atacar el vínculo más sensible. Por eso la violencia vicaria no se mide únicamente por lo ocurrido, sino por la probabilidad de que ocurra. El sistema también señala 12.420 casos de “especial relevancia”, aquellos en los que la combinación de factores eleva el riesgo de violencia grave o letal. Son expedientes que obligan a una intervención más estrecha y a una coordinación casi quirúrgica entre instituciones.
Prevenir antes de lamentar
El hecho de que haya más de 103.000 casos activos en VioGén, aunque ligeramente menos que el mes anterior, demuestra dos realidades simultáneas: la persistencia estructural de la violencia y la capacidad del sistema para detectar situaciones que antes quedaban ocultas.
La prevención se ha convertido en el verdadero campo de batalla. No basta con reaccionar cuando el delito se consuma; la prioridad es identificar patrones de conducta, amenazas veladas y escaladas de tensión.
La implicación de 832 ayuntamientos en modo de “interacción total” refleja ese cambio de paradigma. La violencia machista ha dejado de ser un asunto exclusivamente policial para convertirse en una responsabilidad compartida entre administraciones. El reparto territorial de los casos confirma algo conocido por los expertos, que la violencia no distingue entre entornos urbanos o rurales ni responde a un único perfil social. Andalucía encabeza el número de situaciones activas, seguida de la Comunidad Valenciana y Madrid, pero la distribución responde más a la densidad poblacional que a diferencias culturales.
Más revelador resulta el dato generacional. Casi 48.000 víctimas tienen entre 31 y 45 años, la franja vital en la que suelen coincidir crianza, dependencia económica parcial y mayor dificultad para romper con el agresor. Al mismo tiempo, más de 1.200 víctimas son menores de edad, lo que recuerda que la violencia puede comenzar muy pronto.
El riesgo es la noticia
La existencia de registros detallados no debería interpretarse como un aumento automático de la violencia, sino como una mejora en su detección. Durante décadas, la ausencia de cifras alimentó la ilusión de que el problema era menor.
Hoy el debate se desplaza hacia otro lugar: cómo evitar que el riesgo se convierta en tragedia. La experiencia acumulada muestra que las órdenes de protección, la vigilancia telemática y la evaluación continua reducen la reincidencia, pero no eliminan el peligro. Cada caso exige una lectura individualizada y recursos suficientes para sostenerla en el tiempo.
Hay una transformación silenciosa en marcha: la sociedad ha dejado de considerar estos episodios como conflictos privados. El foco se ha desplazado hacia la protección de derechos básicos, empezando por el de la infancia a vivir sin miedo.
Que más de un millar de menores estén bajo seguimiento no es un dato tranquilizador, pero sí indica que el sistema mira donde antes no miraba. Y en materia de violencia, ver a tiempo suele ser la única oportunidad de impedir lo irreparable.