Madrid tiene recursos para proteger el derecho a la vivienda: lo que falta es ponerlos al servicio de quienes más los necesitan

El desahucio de Maricarmen, a sus 87 años, evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda. Su caso no es aislado: hoy todas las personas somos vulnerables en un mercado residencial donde ni siquiera un salario medio permite comprar una vivienda y donde el alquiler se ha convertido en una carga inasumible para miles de familias trabajadoras.

Desde UGT Madrid denunciamos que esta situación nunca debería haberse producido y reclamamos que se mantengan abiertas todas las vías de negociación para que Maricarmen pueda regresar a su hogar. Su historia muestra las insuficiencias de un modelo que no garantiza la continuidad residencial de las personas mayores, ni la protección de quienes han dedicado toda su vida al trabajo y al cuidado de su comunidad.

Madrid tiene recursos para proteger el derecho a la vivienda: lo que falta es ponerlos al servicio de quienes más los necesitan. Existen instrumentos como el Plan Vive, la Agencia de Vivienda Social, la EMV del ayuntamiento de Madrid y programas de ayudas, pero no están respondiendo a la realidad de las familias trabajadoras.

El Plan Vive y la AVS:  son instrumentos insuficientes y con sobrecostes que excluyen a la mayoría

El Plan Vive, gestionado por empresas privadas, establece que el alquiler no debe superar el 35 % de los ingresos familiares. Sin embargo, los gastos adicionales de los contratos —fianzas, seguros, comisiones y otros costes privados— hacen que el coste real supere ese límite, dejando fuera a la mayoría de las personas solicitantes.

No puede considerarse una política social cuando sus condiciones económicas excluyen precisamente a quienes necesitan protección pública y los mismos problemas surgen con la AVS y la EMVS que no son accesibles o han desahuciado en el pasado a los inquilinos para vender a fondos buitre.

Un parque público insuficiente y una política que no prioriza a quienes más lo necesitan

Reconocer lo que existe no significa ignorar lo que falta. Madrid necesita un parque público permanente y no descalificable, acompañado de programas de adquisición, rehabilitación y movilización de viviendas destinadas al alquiler social.

Construir más es necesario, pero también lo es decidir para quién se construye, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo permanecerán protegidas esas viviendas.

La vulnerabilidad residencial también es un problema laboral

La crisis de vivienda afecta directamente al mundo del trabajo: los avances salariales logrados mediante la negociación colectiva se ven absorbidos por el encarecimiento del alquiler.

UGT Madrid defiende incorporar el coste de la vivienda a la negociación colectiva, estudiar complementos de residencia y reforzar las ayudas para el acceso al alquiler.

Maricarmen merece volver a casa. Madrid merece políticas valientes

El caso de Maricarmen no puede convertirse en una disputa administrativa. Exigimos que se estudien todas las alternativas jurídicas para facilitar su regreso y que su historia sirva para reforzar las políticas públicas destinadas a prevenir situaciones semejantes.

Madrid necesita coordinación institucional, inversiones suficientes y políticas que coloquen el derecho a la vivienda en el centro.

No es aceptable que una persona tenga que depender exclusivamente de la solidaridad vecinal para conservar su hogar. Esa solidaridad es imprescindible, pero nunca debe sustituir la responsabilidad de los poderes públicos.

Porque una vivienda puede tener un precio, pero un hogar tiene un valor social y humano que ninguna operación inmobiliaria debería hacernos olvidar.

Susana Huertas Moya es secretaria general de UGT Madrid