Junts presentará en el próximo pleno del Congreso una proposición no de ley destinada a endurecer los permisos de paternidad concedidos a temporeros migrantes debido a preocupaciones sobre posibles fraudes. La propuesta fue registrada en agosto y será examinada en el último pleno de septiembre. Entre los asuntos a debatir se encuentra también la propuesta de ley de PSOE y Junts para delegar a Cataluña competencias en materia de inmigración.
La formación argumenta, según documentación recogida por Europa Press, que en los últimos años se ha observado un «incremento significativo» en las solicitudes de prestación por paternidad por parte de trabajadores migrantes, especialmente en sectores como agricultura y construcción. En algunos casos, las solicitudes han generado inquietud debido a que han sido presentadas en múltiples ocasiones en períodos cortos, citando nacimientos en países de origen sin documentación verificable.
El diputado de Junts, Isidre Gavín, durante la sesión de control al Gobierno, expresó que a menudo la administración acepta documentos de temporeros con «letra ilegible». Además, mencionó casos en los que temporeros solicitan varios permisos alegando que «en su país son polígamos», y posteriormente trabajan «en negro». Junts buscará modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 para incluir exigencias específicas, como la presentación de certificados oficiales validados por consulados españoles.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió en la sesión de control al Congreso que no se contempla una reforma legal debido a que sólo se ha sancionado a 22 personas en Cataluña, una cifra considerada anecdótica. Afirmó que «los mecanismos actuales son suficientes para prevenir y sancionar posibles fraudes sin introducir nuevos requisitos».
Saiz explicó que las sanciones anteriores se debieron a simulaciones de relaciones laborales o incrementos en las bases de cotización para recibir prestaciones superiores. En casos de nacimientos en el extranjero, se requiere el certificado de nacimiento legalizado. Si hay dudas sobre su autenticidad, la Seguridad Social se encarga de verificarla antes de remitir el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para un estudio detallado en caso de posible fraude.