La compra de 1.064 pisos por parte del Govern, con una inversión de 87,2 millones, no es solo una operación inmobiliaria: es una respuesta directa a la presión social sobre el acceso a la vivienda y un intento de reconstruir un parque público que nunca llegó a desarrollarse plenamente. Salvador Illa presentó la medida como un cambio de paradigma. Y, aunque aún está lejos de revertir años de escasez, introduce una variable que el mercado privado llevaba tiempo sin oír: estabilidad.
En la conferencia celebrada en Sabadell, Salvador Illa desplegó una idea que llevaba semanas insinuándose en su discurso: la necesidad de traducir el diagnóstico crónico sobre la vivienda en medidas tangibles. La compra de más de mil pisos a InmoCaixa —repartidos en más de quince municipios— se presentó como un movimiento sin estridencias, pero con un alcance que obliga a parar y afinar la vista. No todos los días una administración autonómica incorpora de golpe un volumen tan relevante de viviendas a su parque público de alquiler asequible y permanente. Lo permanente, dicho sea de paso, no es un detalle menor.
La operación se ejecutará a través del Incasòl, que sumará estas viviendas a las cerca de 2.000 que la Generalitat ha adquirido en los últimos años. Illa subrayó la parte más inmediata del acuerdo —la “estabilidad residencial” de quienes ya viven en esos pisos—, una expresión que podría sonar retórica en otros contextos, pero que aquí funciona casi como una descripción literal: mantendrán la misma renta.
A la vista de los debates que atraviesan Cataluña, el anuncio se escucha con un matiz inevitable de contraste. Mientras determinados discursos insisten en asociar la vivienda a dinámicas especulativas o a batallas identitarias, el Govern opta por el camino más pragmático: ampliar el parque público mediante compra directa. No es un experimento ideológico ni una promesa diferida. Es ladrillo adquirido, inventariado y destinado de forma explícita a alquiler asequible. La política pública entendida como servicio y no como exhibición.
La lista de municipios incluidos en la operación es extensa —Barcelona, Sitges, L’Hospitalet, Terrassa, Mataró, Sabadell, Lleida, Olot, Tarragona— y confirma que el problema no es patrimonio exclusivo del área metropolitana. Cataluña entera arrastra un déficit acumulado de vivienda protegida, y esta compra funciona como una pieza más de un rompecabezas que lleva demasiado tiempo sin completarse.
Illa dedicó buena parte de su intervención a remarcar un hecho sencillo, aunque de implicaciones profundas: la vivienda es ya la principal preocupación de los catalanes. Y lo es porque se ha convertido también en el principal factor de desigualdad. La fotografía es conocida: jóvenes que emancipan tarde o directamente no emancipan, familias atrapadas en alquileres que devoran el salario, y un mercado que se ha movido muchos años sin contrapesos suficientes. Illa no ocultó que la Generalitat podría construir mucho más si los ayuntamientos activaran el suelo disponible: en el Vallès Occidental, por ejemplo, existen parcelas para 2.600 viviendas protegidas pendientes de desarrollo.
Aunque pese a lo evidente del diagnóstico, el debate público ha tardado demasiado en salir del ruido y centrarse en los datos. A veces la política necesita recordar que una vivienda no es una categoría metafísica, sino un espacio concreto con puertas, ventanas y un contrato de alquiler que no amenaza con subir un 30% en dos años. El presidente catalán enmarcó la operación dentro de un “cambio de paradigma”. Es una frase arriesgada, porque los paradigmas tienden a moverse despacio. Pero lo cierto es que medidas como esta introducen un matiz relevante: si el sector público interviene con operaciones de compra masiva, el mercado privado entiende que la vivienda asequible ya no es un horizonte retórico, sino una realidad que compite.
De momento, los más de mil pisos de InmoCaixa pasan al ámbito público con vocación de permanencia. No modifican de golpe el ecosistema de la vivienda en Cataluña, pero abren un camino que estaba pendiente de recuperar: el de una política que no se conforma con diagnosticar el problema, sino que lo aborda acumulando ladrillos propios. Una política que, sin necesidad de alardes, sabe que la estabilidad residencial no se predica: se garantiza.