El sistema existe, pero no siempre funciona como debería. El Defensor del Pueblo ha puesto el foco en uno de los puntos más sensibles de la respuesta institucional frente a la violencia machista: la coordinación. Según su informe anual, los principales mecanismos de protección —Atenpro, los dispositivos telemáticos para agresores y el sistema policial— no están trabajando de forma integrada, lo que limita su eficacia en momentos clave.
El diagnóstico apunta a problemas estructurales. Los distintos sistemas tienen dificultades para comunicarse entre sí y también para trasladar información de forma ágil a los jueces. A eso se suma la complejidad territorial en la actuación de los cuerpos policiales, que en situaciones de emergencia puede traducirse en respuestas desiguales o tardías.
El resultado es una red de protección que, sobre el papel, es amplia, pero que en la práctica presenta desconexiones. Y en este ámbito, cualquier fisura importa. El informe identifica además un problema de fondo que atraviesa todo el sistema, el desajuste entre el número de víctimas atendidas y los recursos disponibles. El uso de dispositivos de control y atención ha crecido, pero ese aumento no siempre ha ido acompañado de los medios necesarios para sostenerlo. Esa presión termina afectando al funcionamiento del conjunto.
En paralelo, el Defensor del Pueblo vuelve a señalar otro punto crítico, los tiempos de la justicia. Los retrasos en los procedimientos no solo dilatan la resolución de los casos, sino que prolongan la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En muchos casos, además, esa espera intensifica el conflicto y agrava las consecuencias psicológicas.
La advertencia es clara: cuando los procesos se alargan, la confianza en el sistema se resiente. La sensación de que la respuesta llega tarde —o no llega— puede acabar debilitando la percepción de protección. Y en algunos casos, esa demora tiene efectos concretos: dificulta la reparación, retrasa compensaciones económicas y frena la recuperación personal de las víctimas.
Hay también un impacto menos visible, pero igualmente relevante. La incertidumbre sostenida en el tiempo afecta a la salud mental. Ansiedad, depresión o estrés postraumático forman parte del recorrido de muchas mujeres durante el proceso judicial, algo que distintas instituciones llevan tiempo señalando. El informe insiste en la necesidad de actuar sobre estos tiempos. Propone dar prioridad a la tramitación de los casos de violencia de género, reducir la carga burocrática y avanzar en el uso de herramientas como las audiencias virtuales o las notificaciones electrónicas. No es solo una cuestión de eficiencia, sino de protección efectiva.
En ese contexto aparece otro concepto que el Defensor del Pueblo subraya con claridad, la victimización secundaria. Procesos complejos, retrasos prolongados o una atención insuficiente pueden generar una experiencia que aleje a las víctimas del sistema en lugar de acercarlas. De hecho, en algunos casos influye directamente en la decisión de denunciar.
El documento también recoge fallos en la ejecución de las medidas judiciales. Persisten dificultades en el control del cumplimiento de órdenes de alejamiento, en los sistemas telemáticos o en la comunicación con las víctimas. Incluso cuando existen medidas de protección, muchas mujeres siguen viviendo con miedo.
A esto se añade una cuestión especialmente sensible sobre la información que reciben las víctimas. Saber si un agresor ha sido excarcelado o si ha cambiado su situación judicial es clave para poder tomar decisiones de autoprotección. El Defensor del Pueblo plantea dudas sobre si los sistemas actuales garantizan esa información de forma clara y en tiempo real.
En conjunto, el informe no cuestiona la existencia de herramientas, sino su funcionamiento. Señala puntos de mejora concretos y, sobre todo, insiste en algo que atraviesa todo el documento: que las víctimas deben sentirse escuchadas, atendidas y protegidas en cada fase del proceso.