FACUA denuncia un castigo económico sin precedentes por los recortes del Ministerio de Consumo

FACUA-Consumidores en Acción afronta una asfixia económica sin precedentes tras sufrir el mayor recorte de ayudas públicas de su historia, aplicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La reducción alcanza el 29% de las subvenciones estatales, lo que supone casi 174.000 euros menos en un solo ejercicio y se suma a otro recorte del 8% aplicado el año anterior, configurando una tendencia que la organización considera claramente lesiva para la defensa de los derechos de los consumidores.

Lejos de tratarse de un ajuste puntual, FACUA advierte de una estrategia sostenida de debilitamiento de las asociaciones críticas con los abusos empresariales y la inacción institucional. Ante esta situación, la organización lanzó a comienzos de enero una campaña de recaudación de donaciones, a través de circulares enviadas por correo electrónico a sus socios y simpatizantes, para intentar compensar la pérdida de financiación pública. En los primeros ocho días, más de 800 personas participaron en la iniciativa, aportando más de 30.000 euros, una cifra que posteriormente se elevó hasta los 62.654 euros, con la participación de más de 1.586 donantes, una cantidad significativa que, sin embargo, queda muy lejos de cubrir el agujero económico provocado por las decisiones del Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, del gobierno de coalición.

Como se desprende de las cifras anteriores, el ministerio a cargo de Pablo Bustinduy ha incrementado las ayudas a cinco de las ocho asociaciones , entre ellas, la OCU, que recibirá un 15% y ha aplicado recortes a otras, siendo FACUA, con diferencia, la más perjudicada.

En la orden ministerial del 17 de septiembre de 2025, el ministro toma esta decisión de forma arbitraria, sin justificación técnica y hace oídos sordos a las alegaciones planteadas por la asociación de consumidores.   

La organización alerta de que estos recortes comprometen directamente su capacidad para mantener una estructura estatal con más de 100 profesionales y para seguir denunciando los fraudes de bancos, eléctricas, aseguradores, aerolíneas y grandes compañías de telecomunicaciones, así como la falta de controles y sanciones efectivas por parte de las administraciones.

Y sobre llovido, mojado

La presión económica se ha intensificado además a nivel municipal. En Sevilla, el Ayuntamiento gobernado por el PP ha eliminado de los presupuestos de 2026 la financiación destinada a las asociaciones de consumidores, una decisión adoptada a instancias de Vox como condición para aprobar las cuentas municipales. La medida supone retirar a FACUA Sevilla unos 20.000 euros anuales que venía recibiendo desde hace décadas y elimina una partida global de 45.000 euros para la lucha contra el fraude, fondos que ahora se redirigen a subvenciones empresariales.

En la circular enviada el pasado 15 de enero por correo electrónico a socios y simpatizantes solicitando ayuda, el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez informa que, “posiblemente para eludir la comisión del delito de prevaricación negando únicamente a FACUA unas subvenciones que el Ayuntamiento de Sevilla otorgaba cada año en régimen de concurrencia competitiva, el PP ha eliminado por completo la partida destinada a las asociaciones de consumidores inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas”.

En pocas palabras, los presupuestos municipales de la capital hispalense para 2026 no contemplan ningún tipo de ayuda para las organizaciones de defensa de los consumidores y “los 45.000 euros que iban a dedicarse a la lucha contra el fraude, ahora se destinarán a engrosar el montante de subvenciones destinadas a los empresarios de la ciudad”, remata Sánchez en el comunicado.

Desde FACUA interpretan esta decisión como una represalia política directa por su labor de denuncia contra irregularidades del gobierno municipal y advierte de que se trata de un precedente peligroso para el conjunto del movimiento asociativo. La organización recuerda que Vox lleva años exigiendo la retirada de ayudas a FACUA, intensificando sus ataques tras la denuncia del fraude de 2,5 millones de euros en subvenciones públicas que afecta al ex líder andaluz del partido, Francisco Serrano.

Venganza política también del PP

Si bien pudo ser una exigencia de la formación ultraderechista para aprobar los presupuestos del gobierno municipal, las denuncias de FACUA Sevilla por irregularidades en protección de datos y vulneración de la normativa autonómica en la consulta sobre la Feria de Abril y en la gestión del festival Icónica en la Plaza de España, un evento para el que la empresa organizadora ha vendido abonos para 2026 sin que el ayuntamiento haya hecho nada para impedirlo a pesar de no contar autorización para celebrarlo, no han sentado nada bien en el Partido Popular, y mucho menos, al alcalde José Luis Sanz. Y se lo han hecho pagar.

Frente a estos casos, Sanz respondió que “FACUA no le merecía la más mínima credibilidad” y el portavoz del grupo popular, Juan Bueno, acusó a la asociación de delito de calumnias anunciando “una querella que nunca interpuso”, recalca Sánchez. Sin embargo, la eliminación del subsidio municipal de los presupuestos sevillanos es una muestra evidente que la asociación es incomoda también para el Partido Popular.

Para la organización de consumidores, que estos recortes no son neutros ni técnicos, sino decisiones políticas que buscan reducir la capacidad de actuación de quienes fiscalizan a empresas y administraciones, y subraya que el debilitamiento de las asociaciones de consumidores repercute directamente en la protección de los derechos de la ciudadanía. En este contexto, la organización ha intensificado su llamamiento a la participación ciudadana para sostener económicamente una labor que desarrolla desde hace 45 años sin aceptar financiación de empresas.