La pena de muerte ha desaparecido de la mayor parte de Europa, pero continúa siendo una realidad para millones de personas en distintas regiones del mundo. Lejos de tratarse de una cuestión cerrada, sigue formando parte de los sistemas penales de numerosos Estados y continúa generando un intenso debate jurídico, político y ético en el ámbito internacional.
En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso de España con la abolición universal de la pena capital coincidiendo con una nueva reunión de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, organismo impulsado por España y Suiza y que tiene su sede permanente en Madrid desde 2016.
El mensaje del jefe del Ejecutivo conecta con una posición que España ha mantenido de forma constante durante las últimas décadas. La defensa de la abolición forma parte de la acción exterior española y de la política europea de derechos humanos, que considera incompatible la pena de muerte con la protección efectiva de la dignidad humana.
La posición española no constituye una excepción dentro de la Unión Europea, sino una de las señas de identidad más consolidadas del proyecto europeo. La abolición de la pena capital es hoy un requisito indispensable para formar parte del Consejo de Europa y una de las cuestiones donde existe un consenso más amplio entre las democracias europeas.
Según los últimos informes internacionales, más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Sin embargo, continúan produciéndose miles de ejecuciones cada año, especialmente en algunos países de Asia, Oriente Próximo y África. Organizaciones de derechos humanos denuncian además que en numerosos casos las condenas se producen tras procesos judiciales cuestionados o con garantías insuficientes.
La reunión mantenida por la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha servido para recordar que la lucha por la abolición dista mucho de estar concluida. La propia Perelló calificó la pena capital como el mayor atentado posible contra el derecho más básico, el derecho a la vida, y expresó el respaldo institucional del órgano de gobierno de los jueces a los objetivos de la comisión.
La importancia de estas iniciativas radica también en su capacidad para mantener viva una discusión que en Europa suele darse por resuelta. Mientras las democracias occidentales han interiorizado la abolición como un avance irreversible, en otras partes del mundo siguen existiendo gobiernos que defienden la pena de muerte como instrumento de seguridad, castigo o control político.
Los defensores de su eliminación sostienen que ninguna evidencia ha demostrado de forma concluyente una mayor eficacia disuasoria respecto a otras penas y recuerdan además el riesgo irreversible que supone cualquier error judicial. La posibilidad de ejecutar a una persona inocente continúa siendo uno de los argumentos más poderosos en el debate internacional.
España ha intentado situarse durante años entre los países que impulsan la abolición global mediante la diplomacia, la cooperación internacional y el apoyo a organismos especializados. La presencia en Madrid de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte responde precisamente a esa voluntad de mantener una voz activa en una cuestión que trasciende las fronteras nacionales.
Más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir en otros ámbitos, la defensa de los derechos humanos sigue siendo uno de los espacios donde España busca proyectar una posición reconocible en el escenario internacional. La oposición a la pena de muerte forma parte de esa tradición.
Porque detrás del debate jurídico existe una pregunta mucho más profunda sobre el papel de la justicia en las sociedades democráticas. Si el Estado debe limitarse a castigar los delitos más graves o si puede arrogarse también el derecho de poner fin a la vida de quien los ha cometido. La respuesta de España, de Europa y de buena parte de la comunidad internacional es cada vez más clara. No.