La educación pública es una de las herramientas más poderosas que tenemos para que el futuro de una persona no venga determinado por el dinero de su familia. Defenderla significa garantizar que cualquier niño o niña encuentre en su colegio los medios, el acompañamiento y las oportunidades que necesita. Por eso, cuando el profesorado reclama tiempo para enseñar, estabilidad y recursos, está defendiendo también el derecho del alumnado a aprender en condiciones dignas.
Desde UGT Madrid respaldamos esa reivindicación y el trabajo de nuestras compañeras y compañeros de UGT Servicios Públicos Madrid y de su sector de Enseñanza. La huelga indefinida del personal docente no universitario, cuyo inicio está previsto para el 14 de octubre, responde a un malestar que exige soluciones. La fecha fue acordada en una asamblea del profesorado y forma parte de un proceso de movilización que sitúa la participación de la comunidad educativa en el centro.
Las condiciones del profesorado son las condiciones del alumnado
Las reivindicaciones tienen una traducción concreta en las aulas: menos sobrecarga lectiva, menos estudiantes por clase, atención adecuada a la diversidad, estabilidad de las plantillas y recuperación del poder adquisitivo. Como ha explicado nuestro responsable de Enseñanza Pública, Chema Pinto, mejorar las condiciones laborales docentes repercute directamente en la calidad de la enseñanza.
Preparar una clase, corregir, coordinarse con otros profesionales o atender a una familia también es trabajar. Todo ese tiempo debe formar parte de una organización razonable de la jornada. Exigir al profesorado que responda a necesidades cada vez más complejas sin proporcionarle medios suficientes acaba trasladando la presión al conjunto del centro.
La atención individualizada tampoco puede depender únicamente del esfuerzo personal. Necesita profesionales, apoyos y grupos que permitan conocer las dificultades de cada estudiante antes de que se conviertan en una barrera. La vocación merece reconocimiento, pero nunca puede utilizarse como sustituto de la inversión pública.
El Gobierno regional debe responder a los problemas de los centros
UGT Servicios Públicos Madrid ha denunciado que la presentación del curso 2026-2027 deja sin resolver problemas como la temporalidad, la falta de docentes al comienzo de las clases y la carga burocrática. También ha advertido del déficit de instalaciones públicas y de la pérdida de espacios como bibliotecas y laboratorios para acomodar nuevas necesidades educativas.
El Gobierno regional debe responder a esas carencias con actuaciones que puedan comprobarse en cada centro. Una cifra global de contratación sirve de poco a la familia cuyo hijo sigue esperando que se cubra una plaza. Un anuncio de infraestructuras no resuelve la necesidad de quienes empiezan el curso sin los espacios adecuados.
La libertad de elección exige una oferta pública suficiente. Cuando faltan plazas o instalaciones, las familias ven limitadas sus posibilidades reales. La obligación de la Administración es garantizar que la escuela pública sea una opción accesible y de calidad en todos los barrios y municipios.
Consejera, negociar exige compromisos y presupuesto
La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, tiene una responsabilidad que no puede desplazar hacia quienes denuncian los problemas. Le corresponde abrir una negociación útil, escuchar al profesorado y presentar propuestas con financiación, calendario y mecanismos de seguimiento.
Descalificar el conflicto no reduce las ratios ni estabiliza una plantilla. Tampoco mejora la atención educativa. El diálogo debe centrarse en las necesidades que han dado lugar a la convocatoria y en cómo resolverlas.
Desde UGT hemos defendido que la huelga todavía puede evitarse. Esa voluntad de acuerdo requiere una respuesta equivalente de la Consejería. Sentarse a negociar debe servir para avanzar y cumplir lo pactado, no para aplazar de nuevo las decisiones.
Además, el calendario presupuestario ofrece una oportunidad para convertir los compromisos en recursos. Si la educación pública es una prioridad, debe reflejarse en las cuentas regionales y en su ejecución.
El 14 de octubre defendemos un derecho colectivo
Sabemos que una huelga supone un esfuerzo para las personas trabajadoras y genera dificultades para las familias. Precisamente por eso exigimos al Gobierno regional que aproveche el margen disponible para alcanzar un acuerdo.
Nuestra voluntad es construir una escuela pública capaz de compensar desigualdades, atender la diversidad y ofrecer oportunidades. Para conseguirlo hacen falta profesionales respetados, centros adecuados y una Administración que asuma su responsabilidad.
UGT Madrid estará junto al profesorado y la comunidad educativa. El Gobierno regional tiene la oportunidad de evitar la huelga con soluciones. Lo que no puede pedir es que otro curso vuelva a sostenerse sobre el agotamiento de quienes enseñan.
Margarita Domínguez Guijarro es secretaria de Relaciones Institucionales y Política Sindical de UGT Madrid
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