Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se han unido a varias plataformas europeas para demandar el fin del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema, que a su juicio, "socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica".
Las redes Amigos de la Tierra Europa y la European Trade Justice Coalition, a las que pertenecen estas organizaciones, junto otras entidades -Transnational Institute y Powershift- han publicado los análisis de diez casos de demandas presentadas por inversores contra Estados utilizando el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado.
Caso Berkeley
Uno de los casos analizados es la demanda que la multinacional australiana Berkeley presentó en 2024 contra España después de que el gobierno y los tribunales españoles tumbaran el proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Berkeley ha acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparada por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Aunque España y la Unión Europea abandonaron este tratado en 2024, los inversores siguen protegidos por este instrumento durante veinte años después de su terminación.
En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico denegó a Berkeley el permiso para su proyecto siguiendo el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. Este organismo había recomendado rechazar el proyecto alegando la “escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres” en la evaluación de riesgos de las instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló dos licencias más por violar la normativa medioambiental. En 2024 el Tribunal Supremo confirmó otra sentencia anulando la autorización de vertidos. Poco después, Berkeley presentó su demanda millonaria de arbitraje.
Si la empresa ganase, España podría verse obligada a reanudar el proyecto de minería o a pagar los 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros) que Berkeley exige en concepto de indemnización por supuestas pérdidas de beneficio. Esta cantidad es diez veces más de lo que se estima que la empresa gastó en el desarrollo del proyecto.
Para Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina este caso es un claro ejemplo de cómo los gobiernos se enfrentan a demandas multimillonarias de empresas y grandes inversores cuando adoptan medidas encaminadas a proteger el medio ambiente u otros intereses públicos. El proyecto fue rechazado en aplicación de la legislación vigente, entre otras la normativa ambiental, urbanística y en materia de seguridad nuclear.
La plataforma local Stop Uranio y organizaciones ecologistas denunciaron en su momento los severos impactos y riesgos asociados al proyecto de minería de uranio a cielo abierto y la planta de procesamiento del mineral. El plan de Berkeley incluía además verter los residuos radiactivos en inmensos pozos en la cercanía de una reserva natural, de zonas de extracción de agua potable y de un balneario de aguas termales de la época romana.
“El sistema de arbitraje de inversiones está dando a grandes empresas y especuladores el poder de anular la acción democrática de un gobierno, incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental, con el único fin de garantizar sus beneficios. Se trata de una herramienta muy peligrosa en el escenario actual, donde las políticas europeas sobre minerales críticos están multiplicando los proyectos extractivos en todo el estado”, ha afirmado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra.
"Exagerar las perspectivas mineras para inflar el precio de las acciones"
Plataformas locales y organizaciones ecologistas ya plantearon hace tiempo el posible carácter especulativo del proyecto de Berkeley, que consistiría en "exagerar las perspectivas mineras para inflar el precio de las acciones" de la compañía. “Una faceta más de la impunidad de la minería. El extractivismo transnacional ha alcanzado un estatus que le permite subvertir la soberanía de los pueblos. Usan la Justicia para chantajear al Estado, igual que hacen para intentar intimidar a los activistas, pero no nos van acallar”, sostiene Cristóbal López, coordinador de minería de Ecologistas en Acción.
Además de las políticas ambientales, las otras demandas de arbitraje analizadas afectan a acciones adoptadas por los gobiernos para proteger intereses de seguridad nacional -caso del gigante tecnológico Huawei contra Suecia-, adoptar medidas fiscales -demanda contra la UE y varios países por el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas de 2022-, garantizar un acuerdo equitativo y luchar contra la corrupción -demandas de Shell y ENI contra Nigeria-, proteger la toma de decisiones democrática -Riotinto contra Serbia por la mina de litio de Jadar- o cumplir la legislación europea sobre sanciones -caso del oligarca ruso Fridman contra Luxemburgo-.
Las organizaciones recuerdan que a pesar de que la Unión Europea abandonó el Tratado de la Carta de la Energía en 2024, actualmente hay más de mil tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor entre Estados europeos y no europeos. La mayoría de ellos contiene un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. “Se trata de un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea. La UE y los gobiernos deben abolir este sistema obsoleto”, ha afirmado Pedro Ramiro, coordinador de OMAL.
Las organizaciones exigen a la Unión Europea y al gobierno de España que pongan fin a los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado en los acuerdos de inversión para proteger la soberanía de los gobiernos y la urgente transición ecológica frente a la avaricia de los grandes capitales.