El pulso entre los países europeos más ambiciosos en política climática y el bloque conservador del Este ha impedido un acuerdo formal sobre el nuevo objetivo de reducción de emisiones. Como salida de emergencia, la presidencia danesa logró aprobar una declaración no vinculante con una horquilla de recorte para 2035, que funcionará como puente político hacia la futura Ley del Clima.
El clima como rehén de los equilibrios políticos europeos
El fracaso para consensuar un compromiso vinculante sobre la reducción de emisiones a medio plazo no es una anécdota. Es una muestra de cómo la política climática europea se encuentra atrapada entre la retórica y los cálculos electorales. La Comisión propuso una reducción del 90% de gases de efecto invernadero para 2040, pero varios Estados miembros han torpedeado ese horizonte. La solución encontrada –una franja entre el 66 y el 72,5% para 2035– sirve para evitar el vacío diplomático en la Asamblea General de la ONU, pero evidencia un agotamiento del consenso climático europeo.
Mientras gobiernos como el español consideran que las flexibilidades propuestas por Bruselas vacían de ambición la hoja de ruta climática, otros, como los de Hungría, Polonia o Italia, ni siquiera aceptan ese marco general. Los mismos que han ralentizado otras reformas comunitarias clave en materia de transición energética o fondos de cohesión han vuelto a colocar sus intereses industriales y su falta de voluntad política por encima del bien común. Y han contado con el aval, implícito o explícito, de potencias como Alemania y Francia, más preocupadas por los costes internos que por su coherencia exterior.
El resultado: Europa llega a Nueva York sin una posición cerrada, con una declaración genérica que se autodefine como “intención política” y que está lejos del liderazgo climático que la UE lleva años reclamando para sí.
Un paso atrás en plena cuenta atrás climática
El documento aprobado no compromete jurídicamente a los Estados ni fija metas nacionales. No es irrelevante, pero tampoco es vinculante. Se trata de una declaración pensada para salvar la cara del bloque comunitario en el escenario internacional, especialmente en un contexto geopolítico donde otras grandes economías también están rebajando su ambición climática. El problema es que la emergencia no entiende de gestos diplomáticos.
La UE tiene en vigor un objetivo legal del 55% de reducción de emisiones para 2030. La previsión de alcanzar la neutralidad climática en 2050 exige trayectorias intermedias claras. Fijar un escalón sólido para 2040 no es un capricho político: es una necesidad técnica. Pero lo que se aprobó el jueves no pasa de ser una horquilla indicativa, que simplemente sigue una curva matemática para enlazar dos fechas ya comprometidas.
La desconfianza de algunos gobiernos hacia el coste político de la descarbonización ha paralizado una hoja de ruta que necesitaba claridad. Y lo ha hecho en un momento especialmente delicado, cuando los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y cuando el Acuerdo de París entra en una fase crítica de implementación. Mientras se negocia cómo actualizar las contribuciones nacionales, el mayor bloque económico mundial comparece sin acuerdo interno.