La Comisión Europea ha dado un paso decisivo hacia el desmantelamiento del marco de protección ambiental de la Unión Europea. Con la publicación de su octavo paquete ómnibus de “simplificación” en apenas un año, Bruselas consolida una estrategia política que, bajo un lenguaje tecnocrático y aparentemente neutral, reduce garantías ambientales, debilita derechos ciudadanos y expone la salud pública a riesgos crecientes. Así lo denuncia Ecologistas en Acción, que alerta de un retroceso estructural y deliberado en una de las pocas áreas donde la UE había logrado liderazgo global.
El denominado Paquete Ómnibus Ambiental no es una reforma puntual ni una actualización técnica. Se trata de una modificación simultánea de múltiples directivas y reglamentos mediante un único texto legislativo, una práctica que dificulta el escrutinio parlamentario, reduce el debate público y diluye responsabilidades políticas. Para la organización ecologista, esta fórmula se ha convertido en una herramienta sistemática para vaciar de contenido leyes clave, siempre en beneficio de determinados sectores económicos y en detrimento del interés general.
La gravedad del momento se acentúa por el contexto político que lo rodea. La propia comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha sugerido la necesidad de “evaluar” si estas reformas cumplen los objetivos de las leyes de naturaleza y agua. Lejos de tranquilizar, esta afirmación ha disparado las alarmas entre organizaciones sociales y ambientales, que temen que el siguiente paso sea un ataque frontal a pilares históricos del derecho ambiental europeo, como la Directiva Hábitats, la Directiva Aves o la Directiva Marco del Agua. El mensaje implícito es claro: incluso los cimientos legales que han protegido durante décadas la biodiversidad y los recursos hídricos ya no son intocables.
El contenido del paquete confirma esos temores. La Comisión propone agilizar las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos considerados estratégicos, una medida que, según Ecologistas en Acción, sacrifica el principio de precaución y abre la puerta a daños ambientales irreversibles. Al mismo tiempo, se relajan obligaciones en materia de emisiones industriales y ganaderas, eliminando inventarios de productos químicos y referencias a planes de transformación que hasta ahora permitían a las autoridades y a la ciudadanía conocer el alcance real de la contaminación. También se suavizan los criterios aplicables a grandes explotaciones porcinas y a infraestructuras críticas como los centros de datos, reduciendo controles sobre sus sistemas de combustión y consumo energético.
Este proceso de desregulación se extiende además a ámbitos especialmente sensibles. El paquete impulsa exenciones para operadores ganaderos y acuícolas en materia de información sobre el uso de agua, energía y materiales, debilita las obligaciones de informar sobre sustancias peligrosas en la gestión de residuos y suspende temporalmente responsabilidades de los fabricantes en la gestión y el reciclaje de baterías cuando se convierten en desechos. Para las organizaciones ecologistas, el resultado es un marco normativo más opaco, menos exigente y claramente inclinado a proteger a los grandes operadores industriales.
Las consecuencias, advierten, no son abstractas. Jaume Grau, responsable de Biodiversidad de Ecologistas en Acción, subraya que en apenas unos meses se han retrasado normas esenciales, recortado presupuestos ambientales y pospuesto la aplicación de reglamentos clave como el de la deforestación importada, siempre bajo la misma lógica: priorizar los intereses empresariales frente a la protección del medio ambiente y de las personas. En la misma línea, Susana Millán, responsable de la campaña de Transformación Industrial, alerta de que estas medidas incrementarán la exposición de la población a productos químicos peligrosos, con efectos directos sobre la salud pública.
El retroceso no se limita al ámbito ambiental. Julio Carmona, coordinador del área de Digitalización y Contaminación Electromagnética de la organización, advierte de que los distintos paquetes ómnibus refuerzan dinámicas de vigilancia masiva y debilitamiento de las salvaguardas en el desarrollo de la inteligencia artificial, favoreciendo el rastreo constante de datos por parte de gobiernos y empresas en un contexto ya marcado por una protección insuficiente de los derechos digitales.
Para Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, la Comisión Europea está avanzando en este desmantelamiento legislativo de forma impune, pese a una oposición social cada vez más amplia. El riesgo, sostiene, es que la Unión Europea destruya en pocos años avances que costaron décadas de negociación y presión social, justo cuando la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación exigen más ambición, no menos.
Lejos de ser una mera “simplificación”, el Paquete Ómnibus Ambiental representa un cambio de rumbo profundo y preocupante. Bajo la coartada de la eficiencia y la competitividad, la Comisión Europea parece haber asumido que proteger el medio ambiente es un obstáculo y no una condición para el futuro. El resultado es una contrarreforma verde que amenaza con erosionar la credibilidad del proyecto europeo y con dejar a la ciudadanía más expuesta, más desprotegida y más lejos de los objetivos climáticos que la propia Unión dice defender.