En el distrito madrileño de Retiro, una anciana de 87 años espera el final de una cuenta atrás que se ha vuelto símbolo. Mari Carmen, vecina del barrio desde hace más de setenta años, podría ser desahuciada de su casa mañana miércoles. La propiedad del edificio pasó a manos de un fondo de inversión que exige 2.500 euros mensuales por el alquiler del piso en el que ella vive con una pensión de 1.500 euros. La ecuación es tan simple como cruel: el precio del capital ha superado el valor del arraigo.
El caso ha desatado una ola de indignación y un llamamiento político a la movilización. Desde el Congreso, Sumar, Más Madrid y Podemos han pedido detener el desahucio y reformar el modelo de vivienda que lo hace posible. Pero más allá del gesto político, la historia de Mari Carmen revela una tensión estructural entre el derecho constitucional a una vivienda digna y la financiarización del mercado inmobiliario, un proceso que ha convertido los hogares en activos y a sus inquilinos en cifras dentro de un balance contable. Finalmente, el juzgado ha paralizado el desahucio hasta que las administraciones públicas ofrezcan una alternativa habitacioal.
El edificio donde vive Mari Carmen fue adquirido por un fondo buitre que, amparado por un marco legal que prioriza la libre competencia, revaloriza los alquileres hasta niveles inasumibles, expulsando a los inquilinos históricos para maximizar beneficios.
El fenómeno no es nuevo. En la última década, fondos como Blackstone, Azora o Cerberus, algunos con conexiones con familias políticas como la Aznar o la Aguirre, han adquirido miles de viviendas en España, muchas de ellas procedentes de entidades rescatadas tras la crisis financiera de 2008. Aquella operación, legitimada en nombre de la “recuperación del sistema financiero”, transfirió una parte del parque inmobiliario español a actores internacionales cuya lógica es puramente especulativa.
Hoy, esos fondos controlan más de 90.000 viviendas en el país y marcan los precios del mercado en ciudades como Madrid o Barcelona. Para quienes, como Mari Carmen, no poseen más que su contrato de alquiler y su memoria, la consecuencia es evidente: el desarraigo convertido en rutina.
Ruido político y urgencia social
“Si a Mari Carmen se le acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo como sociedad decente”, dijo Verónica Martínez, portavoz de Sumar, en el Congreso. Su frase condensa una idea que rebasa el caso individual: que el desahucio de una anciana no es un fallo aislado, sino la manifestación visible de una crisis de modelo.
Sumar ha propuesto una prórroga de tres años para todos los contratos de alquiler y una intervención directa del Estado en el mercado inmobiliario. Más Madrid ha exigido la compra pública de las 25.000 viviendas que los fondos están sacando de nuevo al mercado, mientras que Podemos ha ido más allá, pidiendo la prohibición de que los fondos buitre adquieran vivienda y la expropiación de las propiedades que poseen.
La ministra de Vivienda, por su parte, ha optado por la cautela institucional, consciente de que cada declaración enciende un debate que combina moral y macroeconomía: ¿hasta qué punto puede un gobierno democrático intervenir en un mercado dominado por inversores globales sin afectar la estabilidad financiera o la confianza de los mercados?
Vivienda como negocio especulativo
El problema de fondo es la conversión de la vivienda en un activo financiero de alta rentabilidad. En los años posteriores a la crisis, España se convirtió en un laboratorio de lo que el FMI denominó housing financialization: la absorción del mercado inmobiliario por los flujos de capital global.
Los fondos no compran casas para habitarlas, sino para especular con ellas. Las viviendas se agrupan en sociedades instrumentales, se empaquetan como activos y se revenden en mercados secundarios. Lo que para el inversor es una línea en un gráfico, para los residentes es la diferencia entre conservar o perder su hogar.
El resultado es un sistema donde el derecho constitucional a la vivienda (artículo 47 de la Constitución española) queda subordinado al derecho mercantil a la rentabilidad. Las administraciones locales, limitadas por la legislación de arrendamientos y la falta de un parque público sólido, actúan tarde y con escaso margen.
El espejo europeo
El drama de Mari Carmen no es una excepción española. En Berlín, la presión de los fondos llevó al referéndum de 2021 para expropiar a los grandes propietarios institucionales. En Lisboa, el auge del alquiler turístico desplazó a miles de vecinos del centro. En París, el ayuntamiento ha tenido que intervenir directamente en el mercado para evitar que barrios enteros se vacíen de residentes permanentes.
España, sin embargo, llega tarde a ese debate. Con solo un 2,5% de vivienda pública en alquiler, frente al 17% de Francia o el 30% de Austria, carece de un instrumento estructural que compense las distorsiones del mercado privado. La consecuencia es que los desahucios, lejos de ser una anomalía, se han convertido en una estadística normalizada: más de 38.000 al año según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El caso de Mari Carmen es, en última instancia, un espejo moral. Representa a una generación que construyó su vida en barrios hoy transformados en zonas de alto valor inmobiliario.
En la lógica del fondo, su piso es una oportunidad de negocio; en la suya, es el espacio donde transcurrió la historia de su familia.
La tensión entre ambas realidades expone la contradicción fundamental del capitalismo urbano contemporáneo: las ciudades se valorizan al mismo tiempo que expulsan a quienes las hicieron posibles.
Mari Carmen, sin pretenderlo, ha vuelto a colocar el dilema en el centro del debate: o el derecho a la vivienda se refuerza como pilar social, o seguirá siendo un producto financiero más.
El desenlace del desahucio marcará algo más que el destino de una mujer. Medirá la capacidad de un país para priorizar la vida sobre el beneficio. Si el Estado permite que Mari Carmen sea expulsada de su casa, el mensaje será inequívoco: los fondos buitre han ganado no solo el edificio, sino la batalla moral sobre el derecho a habitar. Y, con ello, España habrá confirmado que en su economía del ladrillo ya no se vende solo suelo, sino también dignidad.