El Govern recalca la coordinación institucional mientras intenta evitar que un brote acotado se convierta en un problema económico mayor. En Cataluña no gusta hablar de “crisis” antes de tiempo, pero el vocabulario escogido estos días por el conseller Òscar Ordeig apunta sin disimulo a la excepcionalidad: “tolerancia cero”, “rápida y coordinada”, “todas las herramientas disponibles”. El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Collserola ha obligado al Govern a activar una respuesta que trasciende la gestión ordinaria de fauna salvaje y roza ya el terreno de las emergencias civiles. De ahí la petición formal del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se incorpora este lunes al dispositivo.
Un gesto poco frecuente, por no decir insólito. en una comunidad autónoma que siempre ha defendido la suficiencia de sus servicios propios ante cualquier contingencia. Esta vez, la biología ha impuesto su jerarquía: el virus avanza más rápido que cualquier debate competencial.
Un brote acotado y un sector que respira, pero sin relajarse
El Govern insiste en que el foco está delimitado: una zona concreta de Cerdanyola, con jabalíes infectados y ninguna evidencia de transmisión a cerdos domésticos. Las 39 granjas dentro del radio de control han completado analíticas con resultado negativo. Esta parte del discurso, pronunciada con visible cuidado, busca tranquilizar a un sector que en Cataluña tiene nombre propio, peso exportador y memoria reciente: toda Europa recuerda que Alemania tardó años en recuperar mercados tras detectar PPA en jabalíes en 2020.
Por eso el énfasis en la precisión. Una cifra incorrecta o una filtración prematura podría activar automáticamente restricciones comerciales en terceros países. El mercado porcino no perdona los matices, y menos los errores administrativos.
Ordeig evita dar números exactos de animales muertos hasta que el laboratorio central del Ministerio valide la información. No es un exceso de prudencia, sino diplomacia sanitaria: Bruselas exige datos verificables y el sector exportador necesita que cada comunicación sea quirúrgica.
Control cinegético reforzado: la anatomía de una contención urgente
La Generalitat describe un operativo en el que confluyen forestales, técnicos, veterinarios, cazadores y, desde hoy, militares. El objetivo es doble:
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Reducir densidad de jabalíes, pieza esencial para cortar la cadena de transmisión.
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Evitar desplazamientos fuera del foco, con vallas, repelentes y jaulas como primera línea de contención.
El despliegue de la UME no es solo cuantitativo. Aporta logística para un terreno complicado: Collserola es un parque natural con urbanizaciones próximas, carreteras que fragmentan el hábitat y miles de usuarios habituales —ciclistas, corredores, senderistas— cuya movilidad diaria obliga a un control fino de accesos. De ahí el mensaje repetido: “tolerancia cero” con quienes decidan ignorar las restricciones.
El riesgo no está en los animales muertos detectados, sino en los vivos que aún no se han movido. Y en ese margen, horas importan más que días.
Un precedente europeo que obliga a moverse sin estrépito
La UE conoce bien la PPA. Desde los brotes en Polonia, Rumanía y Alemania, Bruselas aplica un protocolo estrictísimo, casi siempre con un impacto económico mayor que el sanitario. No afecta a humanos, pero paraliza exportaciones, altera precios internos y activa mecanismos de compensación que ningún país quiere estrenar.
Cataluña, que es uno de los polos porcinos más potentes de la UE —más del 40% de la producción española— no puede permitirse que un brote circunscrito en fauna salvaje derive en un problema comercial de escala continental. De ahí la comunicación constante con el Ministerio y la Comisión: aquí nadie habla ya de fauna, sino de economía.
Los mataderos, por su parte, ya han activado sus propios protocolos internos. Y el sector, que ha mostrado una cooperación que Ordeig ha agradecido explícitamente, sabe que una mala gestión pública puede costar años de recuperación.
A diferencia de otras crisis, esta no ha desatado el habitual fuego cruzado. La razón es simple: un brote de PPA no admite trincheras partidistas, porque es Bruselas —y no los debates internos— quien marca las reglas y firma las autorizaciones para levantar restricciones. Además, el uso de la UME en Cataluña rara vez pasa desapercibido, pero esta vez se interpreta como lo que es: un recurso operativo. Hay momentos en los que la política abandona la coreografía y se limita a organizar cuadrillas. Este parece ser uno de ellos.
Lo que viene ahora —las próximas 48 horas— será determinante. Si el foco no se amplía, Cataluña evitará un daño económico mayor. Si aparece un positivo en una granja, la respuesta ya no será local ni autonómica: será europea. Por eso el Govern insiste en que no es momento de heroicidades ni improvisaciones. Es un episodio que debe resolverse con ciencia, logística y discreción. Tres cosas que, cuando se coordinan, suelen funcionar mejor que cualquier rueda de prensa.