Cientos de agricultores procedentes de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España se han concentrado para presionar a los eurodiputados en vísperas de una votación clave: decidir si el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur debe ser remitido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). No era una protesta más. Era una advertencia.
Tres días después de la firma del pacto en Paraguay, el campo europeo respondió con una escenografía que ya se ha convertido en lenguaje político: tractores, bloqueos simbólicos y una presencia física masiva frente a las instituciones. Convocados por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), los agricultores franceses, el núcleo duro de la protesta, aspiran a movilizar hasta 700 tractores y 4.000 manifestantes, según su presidente, Arnaud Rousseau.
La escena resume una tensión más profunda: la brecha entre la arquitectura comercial de la UE y la realidad económica, social y psicológica del mundo rural.
Mercosur no es “un acuerdo más”
Para los agricultores europeos, el pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay no es un simple tratado de libre comercio. Es, como subraya la FNSEA, un acuerdo sistémico, con consecuencias estructurales sobre precios, normas sanitarias y supervivencia económica. “No puede tratarse como un acuerdo comercial más”, repiten los líderes sindicales.
Los reproches se concentran en tres ejes: riesgos jurídicos, falta de reciprocidad y presión a la baja sobre los precios agrícolas europeos. En otras palabras, el temor no es solo económico, sino existencial. El agricultor europeo se percibe como el eslabón débil de una globalización que exige apertura, pero ofrece protección limitada.
La fuerte presencia policial y de antidisturbios (CRS) alrededor del Parlamento Europeo no hizo sino reforzar la imagen de un choque entre dos legitimidades: la institucional y la productiva.
El TJUE como última trinchera política
El voto previsto en la Eurocámara para remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es más que una maniobra legal. Es una estrategia política para ralentizar, reinterpretar o incluso forzar la modificación del texto si el dictamen del tribunal resultara desfavorable.
La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, lo expresó sin ambigüedades: es “fundamental” que los agricultores estén presentes en Estrasburgo para respaldar a los eurodiputados que quieren someter el acuerdo a examen jurídico. Según París, existen “varias cuestiones jurídicas” que podrían entrar en conflicto con los tratados europeos, los principios de la integración comunitaria o el acervo normativo de la UE.
Francia, de hecho, fue uno de los pocos países que votó en contra de la firma del acuerdo tal como está redactado, pese a que las negociaciones se remontan a 1999. Su oposición logró introducir cláusulas de salvaguarda, que permitirían restablecer aranceles si las importaciones de Mercosur provocan una caída de precios superior al 5 % o una alteración significativa de los flujos comerciales.
Cláusulas espejo y desconfianza estructural
París también forzó la inclusión de las llamadas “cláusulas espejo”, que exigen reciprocidad en normas sanitarias, fitosanitarias y veterinarias, así como controles reforzados a los productos sudamericanos. Sobre el papel, estas garantías buscan equilibrar el terreno de juego.
En la práctica, no convencen a los agricultores. Todos los sindicatos agrícolas franceses rechazan el acuerdo desde su origen. Consideran que los mecanismos de salvaguarda son reactivos, lentos y políticamente frágiles, frente a un impacto inmediato sobre sectores vulnerables.
Los más afectados, según las organizaciones agrarias, serían los productores de carne de vacuno, pollo, azúcar (remolacha y caña), mientras que los beneficios se concentrarían en vino, quesos y sectores industriales. Es decir, una redistribución asimétrica dentro del propio espacio europeo.
Crisis del contrato social agrícola
La protesta de Estrasburgo no se explica solo por el acuerdo con Mercosur. Respaldados por Copa-Cogeca, la principal organización agrícola europea, los manifestantes denuncian también la financiación insuficiente de la Política Agrícola Común (PAC) en el nuevo marco presupuestario plurianual y reclaman simplificación administrativa.
Aquí aflora el trasfondo psicológico del conflicto: la sensación de abandono. Para muchos agricultores, Bruselas exige sostenibilidad, competitividad y apertura comercial, pero responde con burocracia, incertidumbre y márgenes cada vez más estrechos. Mercosur se convierte así en el símbolo de una globalización decidida sin el consentimiento de quienes la sufren directamente.
Europa dividida entre mercado y territorio
El acuerdo UE-Mercosur crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Desde una lógica macroeconómica, el argumento es sólido. Desde el punto de vista del campo europeo, es una apuesta que externaliza costes sociales y políticos.
Estrasburgo ha sido esta semana algo más que una sede parlamentaria: ha funcionado como campo de batalla simbólico entre dos visiones de Europa. Una, orientada al comercio global y la competitividad estratégica. Otra, anclada en el territorio, la producción y la cohesión social.
No se trata solo si el acuerdo con Mercosur es legal o rentable. Es si la Unión Europea puede seguir ampliando su apertura comercial sin redefinir el lugar de sus agricultores. Porque cuando los tractores llegan a las puertas del Parlamento Europeo, lo que está en juego no es un tratado, sino la legitimidad misma del proyecto europeo.