Una de cada tres gasolineras no aplica la rebaja fiscal del Gobierno y la OCU exige investigar los precios

Un estudio de la organización de consumidores revela que el 34% de las estaciones de servicio seguía sin trasladar íntegramente el descuento tres semanas después de su entrada en vigor, especialmente en algunas cadenas low cost y supermercados

gasolinera
Foto: Jean-Christophe Gougeon / Unsplash

La rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para aliviar el precio de los carburantes no ha llegado íntegramente a todos los conductores. Una de cada tres gasolineras españolas seguía sin trasladar toda la reducción a sus precios el pasado 22 de octubre, tres semanas después de su entrada en vigor. Así lo denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha puesto el foco especialmente en determinadas estaciones de servicio de bajo coste y ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue lo ocurrido.

El estudio, publicado este jueves 5 de noviembre, pone de manifiesto que una medida destinada a aliviar el gasto de los hogares no se habría aplicado con la misma rapidez en todas las estaciones de servicio. La reducción fiscal de 15 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos, que con el efecto del IVA debía traducirse en un ahorro aproximado de 18,1 céntimos por litro, no se trasladó íntegramente a los consumidores en una parte importante de la red de gasolineras.

Según los precios comunicados por las propias estaciones al geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, a las 14.00 horas del 1 de octubre, el descuento todavía era inferior a 15 céntimos por litro en el 24% de las gasolineras. Además, otro 28% ni siquiera había comunicado cambios en sus tarifas.

La situación mejoró durante los días siguientes, aunque no de manera uniforme. Las grandes compañías reaccionaron con mayor rapidez y, según el análisis de OCU, Repsol, BP, Moeve, Galp, Shell, Petronor y Campsa trasladaron desde el primer día toda o buena parte de la rebaja. El 8 de octubre, prácticamente toda la red de las principales marcas ya había actualizado sus precios, con una reducción media de 17,9 céntimos por litro, muy próxima al ahorro previsto.

Sin embargo, el comportamiento fue diferente en otras estaciones de servicio, especialmente en las independientes, automáticas y vinculadas a cadenas de supermercados. Tres semanas después de la entrada en vigor de la medida, los consumidores todavía no estaban recibiendo todo el descuento que les correspondía.

Las gasolineras cuestionadas

El análisis realizado por la organización de consumidores con los precios registrados el 22 de octubre revela diferencias importantes entre las distintas cadenas. Beroil apenas había trasladado una reducción de 12 céntimos por litro, mientras que GMOil se situaba en 14 céntimos. En las estaciones de servicio de Eroski, el descuento rondaba los 15 céntimos.

En el extremo contrario, otras compañías habían aplicado reducciones considerablemente superiores. BonÀrea alcanzaba los 24 céntimos por litro, mientras que BP llegaba a los 22 céntimos. Repsol superaba los 21 céntimos y Campsa, Tamoil y Petronor se situaban alrededor de esa misma cifra. Por su parte, Moeve, Alcampo y Carrefour registraban descuentos próximos a los 20 céntimos.

La diferencia resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, además de la rebaja fiscal, durante ese periodo también se produjo una ligera caída de las cotizaciones de los carburantes en los mercados internacionales. Según los cálculos de OCU, la reducción acumulada debería haber rondado los 22 céntimos por litro, teniendo en cuenta tanto el efecto fiscal como la evolución de los precios.

El efecto cohete y efecto pluma

La denuncia de OCU vuelve a poner sobre la mesa una de las principales críticas que desde hace años plantean las asociaciones de consumidores sobre el mercado de los carburantes: la diferencia de velocidad con la que se trasladan las subidas y las bajadas de los precios.

Es lo que se conoce normalmente como efecto cohete y efecto pluma. Cuando aumenta el coste de los carburantes, las subidas suelen repercutir rápidamente en el precio que pagan los conductores. Sin embargo, cuando se producen descensos en los mercados internacionales o se aprueban medidas fiscales para abaratar el combustible, las reducciones tardan más en llegar a los surtidores y, en ocasiones, ni siquiera se trasladan íntegramente.

Para la organización de consumidores, lo ocurrido en octubre resulta especialmente preocupante porque la rebaja fiscal se financia con recursos públicos y tiene como finalidad reducir el esfuerzo económico de los hogares. Si el ahorro previsto no llega completamente al consumidor, el efecto de la medida queda limitado.

Por este motivo, OCU ha solicitado a la CNMC que investigue los hechos y determine si se han producido prácticas contrarias a la competencia. La organización considera necesario esclarecer por qué determinadas estaciones de servicio no trasladaron íntegramente la reducción y si existieron comportamientos que perjudicaron a los conductores.

Maximizar el ahorro

Mientras se aclara lo ocurrido, desde la organización de consumidores recomiendan comparar los precios antes de llenar el depósito. La diferencia entre estaciones de servicio puede suponer un ahorro considerable, especialmente para quienes utilizan el vehículo a diario o recorren largas distancias por motivos laborales.

En cualquier caso, la OCU advierte que no siempre las gasolineras que tradicionalmente ofrecen los precios más bajos son las que aplican las mayores reducciones cuando se producen cambios en los impuestos o en las cotizaciones de los carburantes. Por ello, aconseja consultar herramientas de comparación como su Radar de Gasolineras, que permite localizar estaciones de servicio y comprobar sus precios.

La denuncia vuelve a poner de manifiesto una cuestión que afecta directamente al bolsillo de millones de conductores: las rebajas fiscales aprobadas para contener el precio de los carburantes solo cumplen su objetivo cuando llegan de forma efectiva al consumidor. Ahora será la CNMC la que deberá valorar si existen motivos para investigar el comportamiento de las estaciones señaladas.

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