La Comunidad de Madrid ha decidido dar un nuevo giro en su gestión de las políticas LGTBI. Según el proyecto de presupuestos para 2026 presentado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, todo lo relativo a las disidencias sexuales y de género deja de formar parte del área de Igualdad para integrarse en el programa de Integración, participación social y lucha contra la exclusión. Un movimiento que, según las entidades del colectivo, transforma una política de derechos en una política asistencial.
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De la igualdad a la asistencia
RHasta ahora, las políticas LGTBI estaban dentro del marco de la igualdad de trato y la perspectiva de género. Pero con el nuevo planteamiento, la Comunidad de Madrid relega su desarrollo al mismo espacio que las ayudas sociales para colectivos en riesgo de exclusión. “El Gobierno nos saca del ámbito de la igualdad y nos coloca en el de la asistencia”, denuncian desde Arcópoli. “Ya no se nos reconoce como ciudadanía con derechos, sino como un grupo vulnerable. Y nuestra vulnerabilidad no está en quiénes somos, sino en cómo la sociedad nos discrimina”.
Desde COGAM coinciden en el diagnóstico. “Esto forma parte de una estrategia clara del Gobierno autonómico: quiere que seamos irrelevantes. Llevan años recortando nuestra presencia, reduciendo fondos y ahora directamente nos diluyen en un programa que no tiene nada que ver con la defensa de nuestros derechos”, subrayan.
Recortes y eliminación de estructuras
El nuevo presupuesto consolida un proceso de desmontaje que, según las entidades, comenzó hace años. En diciembre de 2024, el Gobierno de Ayuso suprimió la Subdirección General de Igualdad LGTBI, que dependía de la Dirección General de Igualdad. Desde entonces, todo lo que quedaba de esa estructura ha ido desapareciendo.
El cambio llega tras una serie de medidas que ya habían limitado el marco legal y financiero del colectivo. En 2023, el Ejecutivo madrileño presentó dos proposiciones de ley para modificar la ley LGTBI y la ley trans de la región. Ambas fueron recurridas por el Gobierno central y por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que finalmente declaró inconstitucionales varios artículos por invadir competencias estatales.
Un año después, en 2024, el Ejecutivo regional eliminó las subvenciones específicas destinadas a asociaciones LGTBI, dejando únicamente las procedentes del IRPF. “Fue un golpe económico sin precedentes”, recuerdan desde Arcópoli. “Muchos servicios de atención psicológica, jurídica o sanitaria quedaron al borde del cierre por falta de fondos”.
El tejido asociativo, en riesgo
El nuevo proyecto de presupuestos de 2026 apenas deja margen de maniobra a las entidades. Los colectivos solo pueden presentar tres proyectos al IRPF, dentro de una línea con una dotación de 700.000 euros para toda la región. Además, los programas educativos de sensibilización ya no pueden desarrollarse directamente en las aulas, limitando el trabajo a docentes y familias.
“Eso significa eliminar la prevención de la LGTBIfobia en su espacio natural, que son los centros educativos”, denuncian desde COGAM. “Durante años hemos trabajado para crear entornos seguros y ahora se nos aparta de ese trabajo, justo cuando más falta hace”.
La desaparición de las partidas específicas, advierten, no es solo una cuestión de dinero. “Simbólicamente, es muy grave”, señalan desde Arcópoli. “Nos ponen a competir con otras realidades que también están infrafinanciadas, y eso debilita a todos los colectivos. El problema no es compartir espacios, sino que se use la excusa de la integración para invisibilizarnos”.
Un modelo que cambia derechos por caridad
El cambio de ubicación presupuestaria tiene consecuencias más profundas que las económicas. “Ya no se protege, se asiste; ya no se reconoce, se silencia”, denuncian las asociaciones. En la práctica, el Ejecutivo madrileño sustituye una política basada en derechos por un enfoque de beneficencia.
“Se basa todo en ayudas puntuales para casos extremos”, explican. “Pero el bienestar no se reduce a no estar enfermo o sin hogar. Tiene que ver con la igualdad real, con poder vivir sin miedo ni discriminación. Y eso se borra de un plumazo al sacarnos del ámbito de Igualdad”.
El Gobierno regional, por su parte, no ha ofrecido explicaciones sobre el motivo del cambio. Preguntada por este medio, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no ha aclarado si se mantendrán los programas y recursos específicos para las políticas LGTBI. Tampoco figura mención alguna al colectivo en el folleto de presentación de los presupuestos, un silencio que para las asociaciones es revelador.
Un retroceso con consecuencias
El movimiento, advierten, no solo implica menos fondos o visibilidad, sino una pérdida de reconocimiento institucional. “Madrid fue pionera en políticas LGTBI. Lo que se está haciendo ahora es desmontar años de trabajo, reducirnos al silencio”, lamentan desde COGAM.
Las organizaciones anuncian que seguirán colaborando con otras entidades sociales para denunciar conjuntamente esta deriva. “No vamos a desaparecer, aunque quieran hacernos pequeñas. Pero tenemos claro que la igualdad no se mendiga, se defiende”.
Mientras tanto, las personas LGTBI de la región se enfrentan a un escenario más precario. Con menos apoyo institucional y más trabas administrativas, los servicios de acompañamiento y atención podrían quedar desbordados.
Un teléfono que resiste
En medio de este panorama, el teléfono 028, conocido como Teléfono Arcoíris, sigue siendo un recurso clave. Atiende las 24 horas a las víctimas de LGTBIfobia y discriminación, de manera gratuita, confidencial y accesible. Se puede contactar por correo electrónico (028-online@igualdad.gob.es) o mediante chat en línea.
Para muchas personas, ese número se ha convertido en el único refugio frente a la desprotección creciente. Un recordatorio de que, aunque la política autonómica retroceda, los derechos conquistados no pueden depender del color de un presupuesto.