El Área de Servicios Sociales de CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha denunciado la falta de aplicación del Protocolo de actuación ante casos de violencia y agresiones a empleados públicos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), firmado hace más de un año, "pero inoperante en la práctica".
Los recientes episodios de agresión en centros residenciales de la Comunidad de Madrid demuestran la ausencia de medidas efectivas de prevención y apoyo. El personal que atiende a usuarios con patologías complejas o adicciones sigue expuesto a riesgos sin contar con formación, medios ni respaldo institucional.
La Administración, sin control ni seguimiento
El protocolo establece que la Administración debe difundir su contenido, formar al personal y supervisar su cumplimiento, pero la mayoría de los trabajadores desconoce los pasos a seguir ante una agresión, y los centros carecen de instrucciones claras para activar el procedimiento. "Esta falta de aplicación convierte un documento de protección en un mero trámite, dejando sin cobertura a cientos de empleados públicos", argumentan desde el sindicato.
Frente a esta situación, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha exigido a la AMAS y a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales "la adopción de medidas inmediatas y verificables que garanticen la aplicación real del Protocolo".
Entre esas medidas figuran la formación obligatoria y continua para todo el personal y los equipos directivos; la difusión visible y permanente del Protocolo en todos los centros de la AMAS; el seguimiento y evaluación real de los incidentes registrados, con rendición de cuentas, y la activación efectiva de los mecanismos de apoyo y actuación ante cada agresión.
Como respuesta a la inacción institucional, el sindicato ha puesto en marcha una campaña informativa y formativa para garantizar que los trabajadores conozcan qué hacer y a quién acudir tras una agresión. Los materiales distribuidos en los centros detallan las acciones inmediatas que deben adoptarse, como pedir ayuda y activar sistemas de aviso; contactar con el 112 o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; acudir a urgencias o la mutua con parte de accidente; notificar el hecho a la dirección y al servicio de prevención en menos de 24 horas, y solicitar apoyo jurídico, psicológico y acompañamiento sindical.
Insisten en que la Comunidad de Madrid "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras su personal sufre agresiones sin respaldo", pues consideran que "garantizar la seguridad laboral y la dignidad profesional no es una opción, sino una obligación legal, ética y política". Por ello, exigen acción inmediata y efectiva para que el Protocolo de prevención de agresiones se cumpla y proteja, de una vez por todas, a quienes sostienen los servicios sociales públicos.