La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la institución académica más grande de España, está al borde del colapso financiero. La falta de fondos provocada por la política económica de Isabel Díaz Ayuso ha llevado al campus a una situación límite: si el Ejecutivo madrileño no aprueba un préstamo urgente de 34,5 millones de euros, los 11.400 trabajadores no cobrarán ni su sueldo de diciembre ni la paga extra de Navidad. La universidad, que cuenta con más de 60.000 estudiantes, lleva años denunciando una asfixia presupuestaria que no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia deliberada de infrafinanciación que amenaza la supervivencia del sistema público de enseñanza superior.
Un ahogo prolongado
Desde la crisis económica de 2008, las universidades públicas madrileñas han sido víctimas de una reducción constante en la financiación autonómica. Lejos de revertirse tras la recuperación, la Comunidad de Madrid ha mantenido un modelo de financiación obsoleto que ni siquiera cubre los gastos de personal. En el caso de la Complutense, en 2024 recibió 14,7 millones de euros menos que en 2010 para el pago de nóminas y suministros, mientras la inflación se disparó más de un 40% en el mismo periodo.
El resultado es devastador: los grupos de investigación no reciben ayudas, las becas se retrasan, los departamentos no tienen fondos y los estudiantes pierden oportunidades formativas. Los alumnos de Biología, por ejemplo, ya no viajan a los Pirineos para sus prácticas de campo, sino que se conforman con desplazarse en transporte público a la Casa de Campo. “Nuestra situación es insostenible”, resume un decano que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
La degradación no se limita a los laboratorios. Muchos profesores asociados —que cobran alrededor de 500 euros al mes— sufren retrasos en sus contratos, mientras otros destinan su propio dinero a comprar material para las prácticas. “La Comunidad de Madrid nos ahoga económicamente para tener la excusa de intervenirnos”, denunciaba ya en 2023 un exrector de la UCM.
La falsa ayuda: un préstamo envenenado
El Gobierno regional de Ayuso ha querido presentar el préstamo de 34,5 millones como un gesto de apoyo. Pero, en realidad, no se trata de una inversión estructural, sino de un crédito que la universidad deberá devolver con intereses. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha dejado claro que el préstamo va acompañado de un “plan de ajuste” y ha insinuado que la plantilla es demasiado grande, abriendo la puerta a recortes de personal y despidos.
El rector, Joaquín Goyache, ha intentado calmar los ánimos con una carta a los trabajadores, asegurando que “la Comunidad no ha rechazado el crédito”, aunque reconoció que se han solicitado más informes. En los pasillos del campus cunde el pánico. “Nos piden ahorrar lo que ya no existe”, lamenta un responsable de facultad.
El Ejecutivo madrileño, que presume de ser “el que más invierte en educación de toda la UE”, no ha respondido a las preguntas de los medios sobre el tipo de interés ni las condiciones del préstamo. Lo cierto es que, según los propios datos oficiales, Madrid es la comunidad que menos transfiere dinero por alumno a sus universidades públicas en toda España.
Investigación paralizada y becas congeladas
El abandono financiero tiene consecuencias palpables. Este año, la Complutense no ha recibido los 700.000 euros destinados a grupos de investigación, ni se han convocado las ayudas para innovación docente. Los decanatos sufren un recorte del 35% en su presupuesto, y los proyectos científicos acumulan retrasos de hasta nueve meses. Los llamados “doctores emergentes”, investigadores jóvenes que deberían liderar el relevo generacional, se reparten apenas 2,6 millones de euros para todo un año.
Mientras tanto, los sueldos de los trabajadores se completan con lo que pagan los alumnos en sus matrículas, una práctica que el propio rector comparó con que “el alcalde de Madrid pagase el 80% del sueldo de los policías y el resto lo cubrieran con multas”. Pero ni siquiera ese parche basta ya.
En 2020, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a la Comunidad a pagar 574 millones de euros a las universidades madrileñas por incumplir antiguos planes de inversión. Aquella cantidad sirvió de colchón temporal, pero ese dinero ya se ha agotado. Hoy, la Complutense arrastra un déficit de más de 30 millones.
Ayuso y la universidad pública: una relación de desprecio
La política universitaria del Gobierno de Ayuso no solo se caracteriza por el recorte, sino por un claro desprecio hacia la educación pública. Mientras la presidenta multiplica los conciertos con universidades privadas y destina millones a la promoción de centros elitistas, las instituciones públicas sobreviven a base de préstamos y promesas vacías.
Ni la Complutense, ni la Autónoma, ni la Politécnica —las tres grandes universidades madrileñas— cuentan con un modelo de financiación plurianual que les permita planificar a medio plazo. “Llevamos 15 años funcionando con un esquema que no se ajusta ni a la inflación ni a las nuevas necesidades académicas”, explican fuentes del rectorado.
Ayuso, sin embargo, prefiere hablar de “autonomía universitaria” mientras impone condiciones leoninas para conceder los créditos. La estrategia es clara: estrangular económicamente a las instituciones para someterlas políticamente.
Un futuro en juego
La universidad pública madrileña, que fue motor del progreso social durante décadas, se tambalea. Si no se corrige el rumbo, la falta de inversión condenará a toda una generación a estudiar en peores condiciones y a competir en desigualdad con quienes puedan pagar la matrícula de una universidad privada.
“Estamos ante una ruina provocada”, denuncia un profesor veterano de Ciencias Políticas. “Ayuso quiere convertir el conocimiento en un lujo, no en un derecho”.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que trabaja en una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, que verá la luz en 2026. Pero los rectores desconfían: los borradores no contemplan un aumento real del presupuesto, sino una “financiación por objetivos” con solo 10 millones de euros extra para las seis universidades públicas. Una cifra irrisoria que apenas cubriría el mantenimiento de los edificios.
Mientras el Gobierno regional se jacta de su “eficiencia”, la Complutense mendiga un crédito para pagar sueldos. La paradoja es cruel: la universidad que formó a presidentes, ministros, jueces y científicos no tiene dinero ni para encender la luz de sus laboratorios.
Y todo bajo la sombra de una presidenta que presume de libertad, pero deja sin futuro a quienes más la necesitan.