Más de 62.000 jóvenes se han quedado fuera de los estudios de Formación Profesional que solicitaron en la red pública madrileña. La falta de planificación, el cierre de grupos y la externalización del crecimiento hacia centros privados configuran un modelo educativo que profundiza la brecha social y deja sin opciones a miles de estudiantes que buscan una salida profesional.
El desequilibrio entre la demanda y la oferta de Formación Profesional en la Comunidad de Madrid ha alcanzado este curso niveles inéditos. Según los informes de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, 62.191 jóvenes no han obtenido plaza en los estudios que solicitaron, pese a que la Formación Profesional se presenta desde hace años como uno de los pilares de la empleabilidad y la modernización económica.
Las cifras confirman que la política educativa del Gobierno madrileño ha roto el vínculo entre discurso y realidad. Mientras la presidenta regional exhibe la FP como emblema de éxito y ajuste al mercado laboral, los datos reflejan un sistema que expulsa sistemáticamente a quienes no pueden pagar una matrícula privada. El problema no es coyuntural: se agrava cada año y afecta a todos los niveles formativos.
Un déficit estructural que se multiplica
Los datos son contundentes. En FP Básica, el 36% del alumnado solicitante —1.685 jóvenes— se ha quedado fuera. En Grado Medio y Grado Superior, el porcentaje roza el 70%, con 26.021 y 34.485 solicitudes rechazadas respectivamente. El resultado es una exclusión masiva que no responde a un exceso de demanda inesperado, sino a la falta de planificación y al cierre de grupos en la red pública.
El informe de CCOO confirma que este curso se han eliminado 58 grupos, una reducción del 3,5% respecto al año anterior, pese al aumento constante de solicitudes. El descenso afecta sobre todo a los ciclos de mayor empleabilidad, como Imagen para el Diagnóstico, Educación Infantil o Energías Renovables, donde las tasas de no admisión superan el 80%.
La paradoja es evidente: en una comunidad que presume de competitividad y especialización tecnológica, miles de jóvenes con vocación profesional quedan excluidos del sistema público. Los que pueden costearlo recurren a la enseñanza privada; los demás interrumpen su formación o abandonan.
Privatización silenciosa y desigualdad educativa
La tendencia de los últimos años apunta a una transferencia de la oferta hacia centros privados y concertados, especialmente en los ciclos con mayor demanda y proyección laboral. El Gobierno regional anuncia año tras año la creación de “nuevas plazas de FP”, pero la mayoría de esas plazas no pertenecen a la red pública.
El resultado es un modelo dual, en el que la iniciativa privada absorbe la expansión del sistema mientras la red pública se contrae. Este desplazamiento encarece el acceso a la formación, profundiza la desigualdad y debilita la función social de la educación.
“Es inaceptable que, con más de 60.000 jóvenes fuera del sistema público, la Consejería siga cerrando grupos y desmantelando oferta pública”, denuncia Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.
La sindicalista subraya que la planificación actual no responde a las necesidades reales del mercado laboral ni al derecho a la educación: “Mientras cientos de jóvenes quedan fuera de familias profesionales con alta empleabilidad, otras titulaciones con baja inserción laboral mantienen plazas vacantes. La Consejería no planifica ni ajusta la oferta, desaprovechando recursos y perpetuando un modelo desequilibrado”.
Una política educativa orientada al escaparate
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Formación Profesional en una bandera de modernización y eficiencia, pero la gestión contradice ese discurso. La falta de plazas públicas no es un fallo administrativo, sino una decisión política sostenida.
El presupuesto educativo prioriza los convenios con empresas privadas, los conciertos y la digitalización de la enseñanza, mientras se reducen aulas y se infrafinancia la red pública.
En la práctica, el Ejecutivo madrileño ha vinculado la FP a la lógica del mercado, dejando en segundo plano su dimensión social. La consecuencia es un modelo que selecciona por renta: quien puede pagar estudia, quien no puede, espera o desiste.
El impacto trasciende lo educativo. Cada joven que queda sin plaza en un ciclo formativo pierde una oportunidad de inserción laboral cualificada y el sistema productivo pierde talento. La brecha formativa se traduce en precariedad, rotación y desigualdad de oportunidades, especialmente para las mujeres jóvenes y para quienes proceden de familias con menos recursos.
La FP como espejo de una política de desigualdad
La situación actual de la Formación Profesional madrileña resume un modelo político más amplio: el de un sistema público reducido a red subsidiaria, incapaz de garantizar la igualdad de acceso a derechos básicos.
El cierre de grupos, la falta de plazas y la priorización de la oferta privada no son errores aislados, sino la expresión de un proyecto educativo que entiende la formación como servicio de mercado y no como herramienta de justicia social.
Mientras tanto, más de 60.000 jóvenes se quedan fuera del futuro que han elegido. No son cifras: son trayectorias interrumpidas.
Y en la Comunidad de Madrid, donde el discurso de la libertad convive con la exclusión sistemática, esa contradicción se ha convertido en norma.