El problema de la vivienda en España ya no consiste únicamente en precios imposibles. Consiste también en una relación cada vez más desequilibrada entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos, donde demasiadas personas firman contratos atravesados por abusos que hace años habrían resultado escandalosos y que hoy empiezan a asumirse con resignación.
El Ministerio de Consumo ha vuelto a poner cifras y nombres a una realidad que millones de inquilinos conocen perfectamente: cobros ilegales de gastos de gestión, fianzas desproporcionadas, penalizaciones abusivas o cláusulas redactadas unilateralmente sin capacidad real de negociación.
Es decir, prácticas que muchas veces se encuentran al filo directamente de la ilegalidad, pero que siguen apareciendo de forma recurrente en el mercado del alquiler.
Especialmente grave resulta el traslado al inquilino de gastos que la ley atribuye claramente al propietario. Las agencias inmobiliarias siguen cobrando por “gestión” o “formalización” de contratos pese a que la legislación establece que esos costes corresponden al arrendador. Y lo hacen además aprovechando una situación de enorme vulnerabilidad social.
Porque quien busca vivienda en muchas ciudades españolas no negocia realmente un contrato, acepta las condiciones que le imponen por miedo a quedarse fuera del mercado.
La vivienda ha dejado de funcionar únicamente como un derecho básico para convertirse cada vez más en un espacio de poder económico donde quien necesita alquilar parte siempre desde una posición de inferioridad. Por eso proliferan también exigencias de fianzas desorbitadas, amenazas económicas por abandonar el piso antes de tiempo o cláusulas judiciales redactadas casi como mecanismos de intimidación preventiva.
Todo ello en un contexto donde acceder a un alquiler se parece cada vez más a superar una prueba de solvencia permanente. Ingresos elevados; avales, meses por adelantado, Sseguros adicionales y, ahora también, cláusulas abusivas normalizadas bajo apariencia de legalidad.
La advertencia de Consumo tiene por eso una dimensión importante. No solo jurídica, sino política.
Porque el deterioro del mercado del alquiler empieza a reflejar una idea bastante peligrosa: que vivir dignamente se está convirtiendo en un privilegio reservado para quien pueda pagarlo sin protestar demasiado.